EL MUNDO 20/03/14
· Rajoy dice que «ni siquiera ERC se merece una Cataluña empobrecida».
· El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, reclamó ayer «a todos» los poderes públicos «lealtad constitucional», lo que supone que «deben abstenerse de tomar decisiones o realizar actos que perjudiquen el interés general».
En un discurso que se entendió referido a Cataluña, Pérez de los Cobos aprovechó la toma de posesión de Ricardo Enríquez como nuevo juez del TC para elogiar la Constitución como un marco de convivencia que ha dado a las comunidades autónomas «un nivel de autogobierno del que nunca antes habían gozado».
Por su parte, Mariano Rajoy afirmó ayer en el Congreso que no desea «una Cataluña empobrecida, que es adonde nos llevaría lo que algunos pretenden». «Nadie se lo merece, ni siquiera usted», señaló dirigiéndose al portavoz parlamentario de ERC.
Con la incorporación de Ricardo Enríquez, que cubre la vacante creada por el fallecimiento de Francisco Hernando el pasado noviembre, el Tribunal Constitucional ya está en condiciones de abordar con su composición íntegra los relevantes asuntos que tiene pendientes de decidir y, en particular, la impugnación presentada por el Gobierno contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña. Enríquez reforzará, previsiblemente, la posición de los magistrados que consideran contraria a la Constitución la resolución del Parlamento catalán, un asunto cuyo debate en el tribunal no se quiere postergar más allá de Semana Santa.
En el TC se dieron cita el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, vocales del Consejo General del Poder Judicial y numerosos magistrados del Supremo, donde hasta ahora ha estado destinado Enríquez. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no acudió al acto al estar fuera de España, pero sí asistió el ministro del Interior, Jorge Fernández, cuya presencia en el TC es inusual.
El presidente del tribunal no quiso hacer un discurso meramente protocolario, sino que arrancó con un reconocimiento a la Constitución vigente «porque hay momentos en los que es preciso repetir la verdad».
Subrayó que el texto de 1978 ha permitido «un marco abierto de convivencia» con un respeto a los derechos y libertades fundamentales «insólito en nuestra historia política», ha posibilitado «la alternancia política con naturalidad» y la conformación de un Estado «con un grado de descentralización política perfectamente comparable al de los estados federales, garantizando a las nacionalidades y regiones un nivel de autogobierno del que nunca antes habían gozado».
Esta Constitución, añadió, ampara también «a quienes no participan de sus valores y querrían sustituirlos por otros, siempre y cuando la reforma se plantee desde el respeto a las reglas que la propia Constitución establece».Precisamente en relación a esas aspiraciones de reforma, Pérez de los Cobos quiso ofrecer una «reflexión» sobre los principios de legalidad y de lealtad constitucional. Recordó que la jurisprudencia del tribunal ha señalado que la lealtad constitucional «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico» y consiste en «un deber de auxilio recíproco».
«Esto exige», añadió ayer, «que todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias, deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen el interés general y tengan en cuenta, por el contrario, la comunidad de intereses que les vincula entre sí, que no puede resultar disgregada o menoscabada como consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses».
«La lealtad constitucional supone compromiso», dijo. «No es la mera sujeción a la Constitución. Tampoco es una adhesión emocional a la misma. Es la aceptación sin reservas de todas las reglas que integran la Constitución».
Cuando se acerca la decisión sobre la declaración soberanista, Pérez de los Cobos insistió en un mensaje expresado en otras ocasiones –por él y por sus antecesores– en el sentido de que «este Tribunal precisa, para realizar su tarea, de la lealtad de las demás instituciones, en especial de la que se traduce en el respeto a sus decisiones». Se trata de «la misma lealtad que precisan las demás instituciones para poder desempeñar sus funciones».
No pasó desapercibida, por su novedad, la opinión que el presidente del TC expresó respecto a la reforma legal realizada en noviembre de 2010 y por la que el mandato de los magistrados se acorta en la misma medida en que se demora la sustitución de sus predecesores. Esta modificación, que hace recaer en los magistrados las consecuencias del incumplimiento, por los políticos, de su obligación de efectuar en plazo las renovaciones del TC y que merma el mandato establecido en la Constitución (nueve años), afecta al propio Pérez de los Cobos y a otros tres magistrados. Ayer su presidente la calificó de «extravagante», aunque son legión los que en el tribunal piensan que es directamente inconstitucional.
EL MUNDO 20/03/14