EDITORIAL ABC – 22/11/14
· Los hechos, y no las proclamaciones, deben demostrar que la presión nacionalista no condicionará a los magistrados del TSJ catalán, emplazados a decidir si la Constitución tiene o no algún valor en Cataluña.
La querella presentada por la Fiscalía catalana por orden del fiscal general del Estado contra Artur Mas y dos miembros de su Gobierno contiene el relato preciso y contundente de una cadena de delitos cometida por los querellados para burlar la autoridad del Tribunal Constitucional. Sin más juicios de valor que los necesarios para describir «una camuflada retórica al servicio del incumplimiento», el escrito de la Fiscalía atribuye a los querellados una estrategia metódica y constante de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
La narración es objetiva y evidencia desde la primera a la última página el estado delincuencial en el que se sumió la actividad de la Generalitat para poder celebrar el 9-N. Las cuestiones jurídicas admiten debate y discrepancia, pero el límite a la polémica en el seno de la Fiscalía lo ponían sus responsabilidades constitucionales de defender la legalidad y el interés general ante los tribunales de Justicia. La querella presentada ayer por el Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña satisface la función constitucional de esta institución.
Ahora toda la responsabilidad de lo que suceda con la querella recae en los magistrados del TSJ catalán. Al haber sido presentada por el Ministerio Fiscal, no debería haber duda alguna sobre su admisión. Una decisión en contrario sería difícilmente explicable, pero no cabe descartarla, después de que la Fiscalía catalana se opusiera a su presentación. Puede valorarse si la querella llega tarde o no, si la discrepancia entre fiscales la debilita o no, pero era y es una querella imprescindible para defender la autoridad del Tribunal Constitucional como máximo garante de la Constitución en todo el territorio nacional. Artur Mas sabía perfectamente que estaba vulnerando la orden del TC de no celebrar el 9-N bajo esa máscara del «proceso de participación».
No hacía falta que el TC lo requiriera para cumplir con la suspensión cautelar. Desobedeció a conciencia y debe responder por su conducta. Ya conocemos el argumento del victimismo nacionalista, pero los nacionalistas siempre, pase lo que pase, incluso cuando no pasa nada, se hacen las víctimas. Por eso la Fiscalía no tiene que preocuparse de los síndromes del nacionalismo, sino de aplicar la ley.
También hay que confiar en que el TSJ muestre en este caso el mismo celo investigador que otros tribunales similares aplican a responsables autonómicos implicados en hechos delictivos. Los hechos, y no las proclamaciones, deben demostrar que la presión nacionalista no condicionará a los magistrados del TSJ catalán, emplazados a decidir si la Constitución tiene o no algún valor en Cataluña.