ABC 10/08/14
· Digan lo que digan Artur Mas, ERC y los economistas afines, la pertenencia al euro imposibilita, de hecho y de derecho, la secesión de Cataluña.
Ocurre, sin embargo, que, desde 2009, hemos escuchado que el euro se iba a desintegrar, que Grecia iba a ser expulsada, que lo mismo podría ocurrir con Portugal y España. O que Alemania se estaba planteando salir voluntariamente del euro. Y a lo que hemos asistido es a una evolución, de dudosa legalidad, que ha permitido superar una crisis del euro tras otra, convirtiendo, por vías insospechadas, al BCE en un auténtico Banco Central, una competencia inexistente en el Tratado de Maastricht. El BCE tiene la obligación jurídica de mantener los precios estables. Sobre esa base el BCE da liquidez a los bancos del área euro, cuida del tipo de cambio y organiza operaciones de financiación a largo plazo. Incluso ha comprado deuda pública de países miembros en situaciones de extrema debilidad. Da la impresión de que el BCE podría tomar cualquier decisión, legal o ilegal, siempre que remotamente se pudiesen relacionar con sus objetivos estatutarios. En esa ilusión cifran sus esperanzas los secesionistas catalanes.
Pero hay límites a su posibilidad de intervenir monetariamente, como se ha puesto de manifiesto con la firma de la Unión Bancaria Europea. Que no es tal. Lo que se ha aprobado es la supervisión única por parte del BCE de los bancos de la zona que tengan un activo superior a los 30.000 millones de euros y la creación de un Fondo para recapitalizar bancos con problemas, pero no se ha aceptado la responsabilidad de la eurozona para resolver problemas de solvencia, que siguen siendo una competencia nacional. Haberlo hecho habría supuesto una violación del Tratado de Maastricht. Una Unión Bancaria es posible, pero previa reforma de las Constituciones de los Estados miembros. Un cambio al que Alemania no se opone, pero al que Francia sí lo hace, frontalmente, por el temor a ser absorbida, pacíficamente, por Alemania. Hay, pues, límites legales a la intervención del BCE en política monetaria.
El Tratado de Maastricht es un Tratado entre Estados nacionales y su ampliación a terceros Estados, ya fueran miembros de la Unión Europea o nacidos de una desmembración de los actuales, requiere unanimidad de todos sus miembros. Sin acuerdos previos, legales y unánimes, el BCE tendría prohibidas las relaciones monetarias –al margen de la normal colaboración– con los bancos de ese nuevo Estado En el supuesto de que se celebrara un referéndum ilegal en el mes de noviembre, que aprobara, con todos los matices que se quiera, la independencia y de que se tomaran decisiones como la de cobrar o intentar cobrar los impuestos que hoy son nacionales, o que no se permitiera a los bancos transferirlos donde diga el Estado español, se pondría en marcha, irremediablemente, un proceso que supondría la desaparición del euro, incluso de la moneda física, de toda Cataluña.
El total de depósitos de residentes en Cataluña sumaban 195.000 millones de euros en marzo de 2014. El total de créditos a familias y empresas alcanzaban los 292.000 millones de euros. El proceso independentista afectaría a los bancos domiciliados en Cataluña, pero también al resto de bancos españoles o del área euro con oficinas bancarias en Cataluña.
Si, como es previsible, los propietarios de los 195.000 millones de depósitos intentaran transferir fuera de Cataluña, o cobrar en metálico, un porcentaje pequeño, por ejemplo el 10% del total de sus depósitos, los bancos afectados tendrían problemas casi irresolubles. Las familias y empresas que lo solicitaran es casi seguro que no lo conseguirían, porque ningún banco tiene en su caja esa cantidad de dinero. El problema es que no podrían acudir al BCE para pedir liquidez por esa cuantía. Algo que sí hizo Grecia –y lo logró- en el peor momento de su última crisis. El BCE no podría atender, ni siquiera con garantías suficientes, esa petición de liquidez. Tanto los créditos como los depósitos de los residentes en Cataluña habrían pasado a ser fondos de terceros países, como los que se pueden tener en Estados Unidos o, para ser más realista, en Venezuela o Argentina.
Naturalmente, a la petición de los primeros 195.000 millones de euros seguirían otras peticiones de traspaso a bancos tutelados por el BCE, españoles o no. Los bancos españoles y los de la eurozona no podrían aceptar ese traspaso, porque eso supondría dar la garantía a los titulares de que esos depósitos podrían cobrarse en metálico, o utilizarse para hacer otros pagos a quien fuera. Ningún banco podría hacerlo. El que lo hiciera se encontraría con problemas de liquidez y con la intervención del BCE que, como supervisor, se opondría a su realización.
Los residentes en Cataluña se encontrarían sin dinero físico. El poco que tuvieran se utilizaría para compras de supervivencia, a precios desorbitados. El nuevo Estado catalán se encontraría sin dinero, con empresas sin capacidad de compra y familias sin dinero para consumir. Ese nuevo Estado catalán sólo podría intentar una solución totalitaria, lo que implicaría cerrar las fronteras, congelar las transacciones económicas, crear una nueva moneda y recurrir a las cartillas de racionamiento. El daño financiero que esa situación supondría para todos los inversores es tan enorme que los defensores de la secesión ilegal alegan que el BCE y la Unión Europea no podrían soportarlo y se pondrían a negociar. Y aquí es donde se equivocan pues, en este tema, que afecta a las competencias de los Estados nacionales, no hay negociación posible. Cualquier negociación significaría la ruptura del euro y de la propia Unión Europea.
Un problema de liquidez, que podría alcanzar un porcentaje sustancial de los 195.000 millones de depósitos, no es excesivo para el BCE. En cambio, las pérdidas derivadas de los créditos de 292.000 millones serían irresolubles. Sería un problema de solvencia. El Gobierno español no podría permanecer impasible ante la catástrofe que implicaría para Cataluña vivir sin dinero en metálico, depósitos, ni créditos. El conflicto sería primero legal y después financiero, y no se extendería más porque el Estado constitucional no podría tolerarlo. Los daños derivados de la ilegalidad del comportamiento del Gobierno catalán serían intolerables para todos. Al margen de la legalidad, la integración monetaria ha ido tan lejos que la posibilidad de una desmembración política no pactada de la Unión Monetaria Europea es, económicamente, inconcebible.