En sus primeras reacciones, el Gobierno habla de respeto y el PP de celebración. A lo largo de la jornada iremos conociendo otras, pero es previsible que la opinión pública vasca en general, y el nacionalismo en particular, perciba el fallo del Tribunal Supremo como un paso atrás.
Entre la EPA y la ETA el relato se desliza hacia el hasta aquí hemos llegado, esto ya no da más de sí, elecciones ya (generales, claro), al borde del estallido social, etc. Todo ello por un camino empedrado de las palabras y argumentos que hagan verosímil -o sea, inevitable- los seis millones de parados, el retorno de ETA a las instituciones y, en consecuencia, el ruido de cacerolas y el anticipo de las elecciones.
Este es el cuadro depresivo que se despachaba en los respectivos votos particulares firmados este fin de semana en El Confidencial por mis queridos colegas, Zarzalejos, Quevedo y Galo. Después de leer sus respectivas descripciones del paisaje nacional, lo más sensato sería poner tierra por medio. Sin embargo ayer tuve ocasión de pasar por el aeropuerto de Barajas y, de momento, no había colas para salir del país.
Así que mientras no se confirme el pregonado estallido social hemos de volver al relato de lo que pasa. En este oficio hay que ir por partes, como diría Jack el destripador. Si el fin de semana tocaba EPA (al borde de los cinco millones de parados, pero con subsidios, cobertura familiar, economía sumergida, sanidad y educación gratis), hoy toca ETA. Con buena noticia, por cierto.
Anoche conocimos el frenazo del Tribunal Supremo a los amigos de Batasuna y, mientras no demuestren lo contrario con el paso del tiempo, amigos también de ETA. Al borde de la medianoche se dio a conocer el fallo de la sala especial del Tribunal Supremo sobre las demandas presentadas por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado contra las 254 candidaturas de la coalición Bildu (también contra 19 agrupaciones electorales), que pretenden presentarse a las elecciones del 22 de mayo si finalmente cuentan con el amparo del Tribunal Constitucional. En nombre de la ilegal Batasuna, según las demandas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En nombre de sí mismos (técnicamente son candidatos independientes), según la argumentación utilizada por los procuradores de Bildu en las alegaciones que se presentaron hasta la medianoche del sábado.
Alegaciones que solo han sido tomadas en consideración por seis magistrados, mientras que nueve las han rechazado. En definitiva, la llamada sala del 61 del Tribunal Supremo ha entendido que Bildu es una carcasa que utiliza una organización ilegalizada por su vinculación a ETA, en línea con las tesis concertadas del Gobierno y el PP. Por tanto, y a la espera del recurso y posterior fallo del Tribunal Constitucional, las listas presentadas por Bildu y diez de las agrupaciones de electores impugnadas sen anulan por impregnación, en nombre del derecho de la sociedad a defenderse de quienes incurren en fraude de ley y usan la democracia para prestar cobertura política a un grupo de criminales.
En sus primeras reacciones, el Gobierno habla de respeto y el PP de celebración. A lo largo de la jornada iremos conociendo otras, pero es previsible que la opinión pública vasca en general, y el nacionalismo en particular, perciba el fallo del Tribunal Supremo como un paso atrás. Y, entre otras cosas, al PNV le faltará tiempo para acusar al Gobierno de haberlo precocinado con el PP.
De haber salido el fallo al revés -luz verde a Bildu-, entonces hubiera sido el PP el que se habría apresurado a acusar al Gobierno el PP de haberlo permitido y su ala ultra, incluso, de haberlo precocinado con los nacionalistas vascos. Aún sabiendo perfectamente que se trata de una decisión estrictamente judicial. Así se hace política en este país.
Pero no hubo caso, al entender la mayoría de magistrados que los candidatos de la coalición (con Eusko Alkartasuna y Alternatiba) no son en absoluto independientes, sino que están vinculados a la ilegalizada Batasuna y son continuadores de la misma, contaminando de paso al resto de los compañeros de lista, aunque pertenezcan a otros grupos políticos. En esas condiciones, entiende el Supremo, no se les puede reconocer el derecho fundamental de participación política.
En cualquiera de los dos casos, el culebrón político y periodístico está garantizado en base al consabido proceso de intenciones ajenas, que es una forma de prevaricación si se cree en el Estado de Derecho y en el principio de la separación de poderes. Ese mismo Estado de Derecho que los amigos de ETA quisieran reventar por las buenas o por las malas.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 2/5/2011