ABC – 28/10/15
· La Abogacía del Estado prepara ya el recurso contra la iniciativa secesionista y La Moncloa tiene todo listo para aplicar el artículo 155.
· El Gobierno quiso dar ayer una respuesta firme pocas horas después de que se registrara, en el Parlamento catalán, una iniciativa que pretende ser el inicio del proceso de independencia de Cataluña.
A las dos de la tarde, el presidente Rajoy compareció en La Moncloa para garantizar que esa resolución no surtirá ningún efecto, y advertir de que el Estado no renunciará al uso «de todos los mecanismos políticos y jurídicos que le atribuyen la Constitución y las leyes, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España». Fuentes de Presidencia confirmaron que ahí está incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé en la práctica una suspensión de la autonomía.
En cuanto se hizo público el registro de la iniciativa de los dos grupos independentistas en el Parlamento catalán –Junts pel Sí y la CUP–, se convocó una reunión de urgencia en La Moncloa, encabezada por el presidente del Gobierno y la vicepresidenta. Allí se decidió que lo mejor era una comparecencia de Rajoy, para tachar de «acto de provocación» la resolución y expresar con toda firmeza que los independentistas jamás se saldrían con la suya. Rajoy llamó por teléfono a Pedro Sánchez y a Albert Rivera para informarles de su intención. La coincidencia en la defensa de la ley y el interés general de España fue absoluta.
«Quienes quieran separar y dividir Cataluña de España deben saber que no lo van a lograr, y no van a hacerlo porque van en contra de la mayoría de los catalanes y del conjunto de los españoles. Tienen enfrente la ley y a un Gobierno dispuesto a hacerla valer», advirtió Rajoy, que envió un mensaje de tranquilidad a todos los españoles, especialmente a los catalanes. «Mientras yo sea presidente del Gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales».
Desde ese momento, se trabajó en tres vías diferentes para hacer frente a la iniciativa independentista
La primera es la parlamentaria. El Gobierno no actuará hasta que se agote esa vía, aunque mientras tanto esté trabajando en los recursos correspondientes. Los grupos constitucionalistas en el Parlamento catalán tratarán de anular la resolución mediante recursos, oficios, amparos y cuantas posibilidades legales tengan. El problema es que la Mesa de la Cámara actúa por criterios de mayoría, y es previsible que rechace todos esos actos de la oposición. El Gobierno de España está ayudando a los grupos constitucionalistas, mediante asistencia jurídica, para frenar el desafío separatista.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Rajoy ha encargado a los servicios jurídicos del Estado que estudien la posibilidad de recurrir la resolución independentista antes de que sea aprobada por la Cámara autonómica. Fuentes de Moncloa explicaron que esta vía es «muy complicada» y es poco probable que salga adelante. El Gobierno no puede arriesgarse a un fallo desfavorable, que sería utilizado como un éxito político por parte de los separatistas.
Fecha del pleno en el aire
La vía más importante en la que se está trabajando ya es el recurso de impugnación, que el Gobierno tiene previsto presentar ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe la resolución en el Parlamento catalán. La Abogacía del Estado ha empezado a preparar ya ese recurso, según las fuentes consultadas. En él, se incidirá en la especial gravedad que tienen los hechos contenidos en la resolución independentista, donde se anuncia la desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional.
La alusión a la extrema gravedad no es casual, ya que con la reforma del TC, las medidas cautelares que pueden tomarse en caso de desobediencia son diferentes en función de cómo se desarrollen los hechos, pues pueden ir desde la multa coercitiva hasta la inhabilitación.
«El Gobierno está trabajando en todos los frentes», subrayan en La Moncloa, y eso incluye la aplicación del artículo 155. «Está todo preparado», afirman en Presidencia. Se esperará a que existan hechos «proporcionales», y no solo la presentación de una iniciativa parlamentaria. Eso sí, si el texto se aprueba y el Gobierno autonómico aplica las medidas que incluye, podría haber llegado el momento, según comentan las mismas fuentes.
La propuesta de resolución para declarar de manera solemne «el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república» no sorprendió tanto por el momento como por el lenguaje utilizado, claramente en sintonía con el papel de la CUP como partido antisistema. La pretensión es aprobarla en sesión plenaria antes de la investidura del 9 de noviembre, aunque por una cuestión de procedimiento, el grupo del PP, si apura los plazos para designar a su portavoz –aún no lo ha hecho– podría frustrar ese calendario. Fuentes del grupo parlamentario popular no descartaron ayer a ABC esta posibilidad.
Calendario al margen, el acuerdo entre CDC y ERC ya establecía que la primera acción que adoptaría la nueva Cámara sería una declaración de «inicio del proceso». No obstante, la necesidad de llegar a un acuerdo con la CUP, y la exigencia de estos de aprobar un texto que blindase la «ruptura» antes de seguir negociando, han llevado a CDC y ERC más lejos de lo que nunca habían llegado, haciendo explícita por primera vez su intención de desobedecer la legalidad. El Parlament no se supeditará a las «decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC», y se «insta al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas emanadas de esta Cámara», señala el texto.
Además, se fija un plazo máximo de treinta días para iniciar la tramitación de las «leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública». La resolución conjunta de JxS y la CUP no presupone en ningún caso que los antisistema vayan a hacer presidente a Artur Mas. Sea como fuere, CDC y ERC, para salvar el proceso, han decidido adoptar la forma y el fondo del independentismo anticapitalista de la CUP. El proceso se radicaliza aún más.
ABC – 28/10/15