Si se despenaliza el delito de convocatoria de referéndums ilegales y de financiación a las organizaciones ilegalizadas y si la Fiscalía optara por archivar el caso Atutxa, ¿cómo se defiende el Estado de la desobediencia a la autoridad judicial? ¿El Código Penal se para en las puertas del Parlamento? Preguntas que llevan dos años sobre la mesa.
El lema del Congreso del PP vasco, «Es la hora», tiene una carga electoral de capital importancia para su dirigente María San Gil que, tras el cambio de gobierno en España y el abandono de los socialistas vascos del frente constitucionalista PP-PSE, confiesa que no le queda más remedio que permanecer, en solitario, de vigía de la alternativa al nacionalismo. No es que crea que Patxi López no defiende los valores del consenso democrático. Se trata de que el PP ve a los socialistas con la «guardia baja» frente a la presión nacionalista.
Si los populares salieron de la reunión del pacto antiterrorista con una sensación «agridulce» fue porque confirmaron su sospecha de que al partido de Rubalcaba le interesa mantener ese acuerdo, por seguir el guión, pero con escaso entusiasmo. Las reticencias venían ya de meses atrás, cuando los dirigentes del PSE empezaron a declarar que no tenía mucho sentido mantener el preámbulo del texto en el que se mencionaba el Pacto de Lizarra. Después de que desde el Gobierno tripartito vasco se le haya presionado a Zapatero para que firmara «la defunción» del acuerdo que permitió, a través de la Ley de Partidos, ilegalizar a Batasuna, la guinda vino de la mano del socialista Eguiguren en vísperas de la reunión. Su diagnóstico sobre la actual situación de la lucha contra ETA, «vivimos del antiterrorismo de una época pasada», encendió todas las alarmas en el PP, en donde también quieren adaptarse a los nuevos tiempos políticos pero sin renunciar a los fundamentos de su lucha contra el terrorismo y la intolerancia.
María San Gil saldrá del congreso de su partido reforzada como máxima dirigente y nombrando a sus tres vicepresidentes. Con la presentación de Alfonso Alonso, Antonio Basagoiti y María José Usandizaga, quiere entregar la tarjeta de presentación de la renovación. Sin tutelas. Con agradecimiento a la labor de Jaime Mayor y Carlos Iturgaiz durante todos estos años pero «con un proyecto político autónomo» (la expresión es de Leopoldo Barreda). Asume el PP vasco que no tiene vuelta atrás. Que han cambiado tanto las cosas desde que en la campaña del 2001, los electores vascos le situaron como la segunda fuerza de la comunidad, que ahora, en vez de gobernar Aznar, le ha relevado Zapatero.
Se temen los populares que, con la fiebre del cambio de gobierno, de estilo y de talante, pueden empezar a pasar cosas de difícil explicación. Si se despenaliza el delito de convocatoria de los referéndum ilegales y de financiación a las organizaciones ilegalizadas y si, al final, la Fiscalía optara por archivar el caso Atutxa, ¿cómo se defiende el Estado de la desobediencia a la autoridad judicial? se preguntan. Que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos de amparo contra el auto del Supremo no es una sentencia; es tan sólo eso: que ha dado cauce a la protesta de quienes recurrieron, mientras no cumplían la orden de disolver el grupo de Batasuna en el Parlamento Vasco. Han cambiado tanto las tornas que el PP cree que la Fiscalía podría optar por archivar el caso de desobediencia institucional. ¿El Código Penal se para en las puertas del Parlamento? Preguntas que llevan dos años sobre la mesa.
Por si acaso y para disipar dudas, Atutxa, dice, a micrófono abierto y sin ánimo de presionar a los jueces, que lo mejor que podría hacer la Justicia es archivar su caso. El PP se reafirma: es la hora de ejercer de guardián de su hermano. Sobre todo para no hacer «el primo».
Tonia Etxarri, EL DIARIO VASCO, 6/11/2004