PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO / Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU, EL CORREO 20/08/13
· En el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, presentado el pasado 11 de junio por el lehendakari, se hace explícito, como un «principio de responsabilidad» con el pasado, el «deber de clarificación», del que se dice que «es un deber de memoria y reconocimiento a las víctimas, y de cumplimiento de las leyes y acuerdos parlamentarios». Pues bien, si de cumplir leyes se trata, la estatal de 2011 dice en su artículo 61 que las Administraciones Públicas «prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas». Este es el artículo que dio pie al delegado del Gobierno a actuar en la inauguración de fiestas en Bilbao, puesto que en su apartado 4 dice que «los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las corporaciones locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes”, tribunales que le han dado la razón en primera instancia.
Esta ley estatal es trasunto casi literal de la ley vasca de 2008, que en su artículo 4, titulado ‘Dignidad’, dice prácticamente lo mismo, y su artículo 5, titulado ‘Reparación’, contiene también que corresponde a los poderes públicos vascos «atender a los distintos ámbitos que afectan a la vida cotidiana de la víctima, para la creación de condiciones de bienestar que palíen el daño ocasionado por el acto terrorista en estos ámbitos», condiciones que desde luego no se crearon en la ceremonia de inicio de las fiestas de Bilbao, sino más bien todo lo contrario, ya que se siguió con el tono, las consignas y la parafernalia de otros tiempos, con alegría y entusiasmo, como siempre ha ocurrido en nuestras fiestas desde que tenemos memoria.
Pero aparte la pretensión de incumplir de modo flagrante nuestras propias leyes, aprobadas en sede parlamentaria por nuestros representantes políticos, lo que aquí ha habido sobre todo es una falta de previsión absoluta, una carencia espectacular que sin duda habrá que suplir de algún modo a partir de septiembre, en el seno del Parlamento vasco, porque el Plan de Paz y Convivencia no previó en absoluto que en Euskadi cuando se han producido siempre –y, por tanto, se pueden seguir produciendo– más actos de exaltación del terrorismo y, en consecuencia, más menosprecio de sus víctimas es en las fiestas del periodo estival.
Si en el plan de paz se hiciera mención expresa, que por supuesto no se hace, de los momentos del año en los que habría que aplicar más específicamente sus propuestas, nuestras fiestas tendrían que cambiar de hábitos y de planteamiento de un modo total y radical, por utilizar los términos de la propia ley vasca de víctimas, cuyo artículo 8 titulado ‘Memoria’ es taxativo: «Los poderes públicos vascos promoverán el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y libertad y a la deslegitimación total y radical de la violencia».
En el Plan de Paz y Convivencia se dice que «la realidad ha cambiado y no tiene vuelta atrás viable», así como que «tenemos una sociedad adulta con unas cuantas ideas claras». Pues entre esas ideas no va a estar todavía la del respeto mutuo, porque aquí a cualquiera, lehendakari incluido, se le pueden lanzar insultos con una facilidad pasmosa cuando piensa de modo distinto y encima tiene la ocurrencia de manifestarlo.
El Plan de Paz y Convivencia explica también las causas de ruptura de la convivencia en una sociedad: el dogmatismo, el fatalismo, el maniqueísmo y, por último, el sectarismo, del que dice que «representa la defensa colectiva e intransigente de una idea a la que dotamos de un valor superior a los derechos humanos. Reduce al otro a una etiqueta». En efecto, al propio delegado del Gobierno le dedicaron unas etiquetas adhesivas insultantes, que llevaron pegadas los representantes de algunas comparsas, recibidos y saludados de esa guisa por la corporación municipal y cargos políticos en los actos previos al txupinazo de Bilbao.
Y este escenario de despropósitos quedó salpimentado por las declaraciones de líderes políticos que han ido desde pedir la supresión de la figura del delegado del Gobierno a llamarle pirómano, o a acusarle de usar el nombre de las víctimas para esconder los problemas internos del PP. Y aquí es entonces cuando el Plan de Paz y Convivencia encalla sin remedio, al no superar su segunda parte, la denominada ‘proceso de la desconfianza a la confianza’ entre los distintos agentes políticos, fase previa para acceder a su tercera parte, la del ‘programa del desencuentro al encuentro’, que es en la que Jonan Fernández desglosa sus dieciocho iniciativas, entre las que destacaríamos, por afectarles directamente el caso que nos ocupa, la número 4, dedicada a las víctimas del terrorismo, y la número 15 que trata de la «concertación por la convivencia con las diputaciones forales y los ayuntamientos», y donde se habla de «la promoción en el ámbito local de órganos, foros o consejos plurales de convivencia para la dinamización de una cultura de encuentro social» así como del «apoyo formativo para la educación formal y no formal en derechos humanos, solidaridad con las víctimas, paz, convivencia, conflictos…»
Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer para que el Plan de Paz y Convivencia, que tan solemne y decidida andadura inició hace un par de meses, pueda tener un camino mínimamente despejado en nuestra sociedad, que tanto lo necesita, y sobre todo en fiestas, momento especial del año en el que muchos bajamos la guardia para disfrutar y otros aprovechan eso para llevarnos, entre risas y saltos, a su redil político.
EL CORREO 20/08/13