Lo que el Plan Ibarretxe rompe más con el actual marco estatutario es que se obvia a las instituciones históricas que contienen la carga de legitimidad de los derechos históricos y que representan las tradiciones, usos y derechos tras quinientos años de historia.
Este lunes se ha debatido en las Juntas Generales de Álava una moción para que las mismas se posicionen en torno al Proyecto de Estatuto Político de Euskadi, conocido como Plan Ibarretxe.
El objetivo de dicha moción a instancias de Unidad Alavesa es el siguiente:
1º.- Que las Juntas Generales recuperen el derecho que tienen de debatir y posicionarse en torno a ese Proyecto constituyente que actualmente se está tramitando en el Parlamento vasco.
2º.- Que las Juntas Generales lo hagan con anterioridad a dicho debate parlamentario, para que el Parlamento vasco conozca la posición institucional de las mismas; y así obligarle a tomar en consideración lo que determinen. En caso contrario el Parlamento resolverá algo que estará en colisión con lo que las Juntas Generales de Álava acuerden al respecto. Y esto puede ser de importancia para cuando los órganos jurisdiccionales pertinentes, como el Tribunal Constitucional, tengan que decidir; o cuando las instancias donde se encarna la soberanía popular (Cortes Generales) tengan que determinar su veredicto en torno a dicha propuesta camuflada de independencia.
Con ello lo que quiero decir es que desde ese momento, algunos no reconoceremos ni legitimidad ni autoridad moral o política al Parlamento vasco a este respecto, con todo lo que ello conlleva.
3º.- Que las Juntas Generales de Álava recauden suficiente fondo de razón política para oponerse a lo que se acuerde en el Parlamento si el mismo aprueba el proyecto de Estatuto Político presentado a espaldas de la mayoría de la representación de los alaveses encarnada en las Juntas Generales y la representación parlamentaria del Parlamento vasco. Y para ello lo lógico es que previamente se debata y adopte resolución puesto que, conforme a la Adicional 1ª y la Derogatoria 2ª de la Constitución Española, los derechos históricos pertenecen a los territorios forales.
Lo que el Plan Ibarretxe rompe más con el actual marco estatutario es que se obvia a las instituciones históricas que contienen la carga de legitimidad de los derechos históricos y que representan las tradiciones, usos y derechos tras quinientos años de historia. Hacen tabla rasa respecto a los territorios históricos de naturaleza foral y sus instituciones privativas. De hecho ni se les nombra en el texto articulado del Proyecto de Estatuto Político de la Comunidad Autónoma que se trata de aprobar en sede del Parlamento vasco.
Es bueno buscar vías que impidan este tan grave desafuero y barbaridad que se cometerá en el mes de diciembre si nada ni nadie lo evitan.
Ernesto Ladrón de Guevara, EL SEMANAL DIGITAL, 23/11/2004