EL MUNDO 09/08/14
· Presionan a CiU con una consulta ‘sí o sí’ y piden al Govern que «no se baje del barco»
Las últimas declaraciones del conseller catalán de Territorio, Santi Vila, con respecto a la consulta prevista para el 9 de noviembre han encendido las alarmas en Esquerra. El partido, que se ha convertido en el socio más fiel de Artur Mas en el proceso soberanista abierto en la comunidad, teme que a CiU le estén temblando las piernas conforme se acerca en el calendario la fecha pactada por los partidarios del referéndum.
En ERC se interpreta en esa dirección la insistencia de Mas en la última semana de que sólo celebrará la consulta de una manera «legal» y, sobre todo, las palabras del jueves de Vila, en la que se comprometió a no sacar las urnas a la calle el 9-N si el Tribunal Constitucional (TC) invalida el decreto de convocatoria del referéndum, como nadie duda de que hará.
Vila desacreditó a quienes promueven la desobediencia diciendo que una consulta sin garantías legales se convertiría en «un divertimento». Pero la número dos de Esquerra, Marta Rovira, le salió ayer al paso para dejar claro que la intención de su partido es llevar el desafío hasta el final: sacar las urnas a la calle el 9-N pese a la prohibición y obligar al Gobierno central a impedirlo por la fuerza, para tratar así de dejar su intransigencia en evidencia ante la comunidad internacional.
«Todo el mundo debe defender el derecho de voto hasta al final, y más los que hemos firmado el pacto político para que esto pase y hemos recibido el voto de los ciudadanos para hacer que el 9N se vote», respondió ayer Rovira al conseller Vila en Catalunya Ràdio.
Pero fue mucho más clara en sus advertencias –que a nadie se le escapa que iban dirigidas sobre todo a CiU, pese a que ella conminaba en principio a todos los partidos favorables a la consulta– cuando instó a «no abandonar el barco del derecho al voto de los catalanes, y menos hacerlo antes de hora, cuando aún nadie ha dicho ni ha prohibido» que se pueda votar el 9 de noviembre.
La opinión de Esquerra –y Oriol Junqueras ya ha regañado algunas veces a Mas por contravenirla– es que nadie debería hablar de planes B ni de alternativas a la consulta hasta que el Gobierno impugne el decreto de convocatoria y el TC la suspenda efectivamente.
«No vale decir que la consulta no se puede hacer porque ha sido impugnada», avisó al Govern la secretaria general de ERC, que insistió en la doctrina que su partido viene repitiendo desde antes de las últimas autonómicas, y que consiste en amalgamar conceptos como legalidad y democracia: «El Parlament y el Govern han recibido un mandato democrático de los ciudadanos en las elecciones, y esto es lo legal».
En su opinión, debería ser más representativo el «voto de los catalanes» en una consulta independentista que «la opinión de 12 magistrados nombrados a dedo por PP y PSOE». Rovira sostuvo que «la legalidad emana de unas elecciones democráticas», y prometió que «ERC hará todo lo que tenga en sus manos para conseguir el derecho a voto de los catalanes».
«Nos debemos al mandato de los ciudadanos. ¿No tenemos un Gobierno catalán preparado para organizar una consulta?», preguntó, antes de responderse: «Nada puede impedir que los ciudadanos podamos votar».
Si Mas «abandona», añadió Marta Rovira, «entonces ERC seguirá trabajando en favor de la independencia y por el derecho a votar».
Queda por ver qué presiones escuchará ahora el presidente catalán. Si las de ERC o la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que prepara otra demostración de fuerza independentista para la próxima Diada, o las de su socio histórico de Unió, cuyo líder, Josep Antoni Duran Lleida, no quiere ni oír hablar de forzar una consulta fuera de los límites de la ley.