Ante la extorsión de ETA, pagar no es la única respuesta posible. ¿Qué crédito social tendría el juez que tomara sus decisiones cediendo ante la amenaza? Distinto debiera ser el reconocimiento público al ciudadano ejemplar que no cede al chantaje que al que sí lo hace.
Hace cuarenta años -en 1964-, ETA comenzó a teorizar sobre la extorsión como forma de financiar sus actividades, aunque tardó todavía una década más en aplicar esas ideas de forma sistemática. Estos días nos vemos inmersos en un debate político provocado por este chantaje terrorista. La cuestión suscita dos líneas claras de discusión. La primera de ellas es la dimensión legal del comportamiento de aquel que, al ser amenazado, cede a las exigencias de ETA y compra su seguridad personal a costa de financiar el riesgo de terceros. Ningún empresario ha sido condenado en España por este tipo de actuaciones, lo que da una idea clara de la comprensiva interpretación judicial amparada por las leyes existentes.
La segunda dimensión del debate tiene que ver con la moral pública, con la ética ciudadana y los valores que están en juego. El Gobierno vasco con frecuencia ha hecho llamamientos a los extorsionados para que no se plieguen a las demandas de ETA. Las organizaciones empresariales se han pronunciado en la misma línea. De ello cabe deducir que hay un interés público en que se resista ante la amenaza y que quienes siguen estos llamamientos tienen un comportamiento ciudadano de mayor calidad que los que se aquietan ante el grupo terrorista.
Se dice que quien paga a ETA lo hace bajo una situación de miedo insuperable. De miedo sí, pero no necesariamente insuperable. Todos conocemos a empresarios y profesionales que han recibido cuatro o cinco cartas de amenaza dirigidas a ellos o a sus allegados y, sin embargo, no ceden. Pagar no es la única respuesta posible (salvo en los secuestros), como lo demuestra la lista de un centenar de empresas contra las que ETA acaba de iniciar una campaña de boicot. Son cien empresas que, de manera ejemplar, se han negado a ceder al chantaje.
En la sociedad vasca ha habido una gran comprensión hacia los empresarios que pagan a ETA (bajo amenazas, por descontado), una comprensión que no se daría si fuesen otros los colectivos chantajeados. ¿Qué crédito social tendría el juez que tomara sus decisiones cediendo ante la amenaza? Lo mismo se puede decir de los periodistas: ¿qué opinarían los ciudadanos si los informativos de ETB se redactaran igual que los ‘Zutabes’, como quiere ETA? ¿Y si fueran los concejales y los alcaldes los que actuaran al son que toca la banda terrorista?
El grado de amenaza sobre unos y otros es similar, pero la respuesta es distinta sin que ninguno tenga más obligación que otro de ser héroe. Distinto debiera ser el reconocimiento público al ciudadano ejemplar que no cede al chantaje económico de ETA que al que sí lo hace, aunque esto último no sea delito. El juicio social sobre José María Korta no puede ser similar al que se hace sobre aquellos que han pagado a ETA. La comprensión de los miedos ajenos no puede llegar a tanto.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 18/10/2004