EL CORREO – 10/10/14
· Firman un artículo de opinión conjunto en el que censuran el «derecho penal del enemigo» que, a su entender, inspira las condenas por el ‘caso Bateragune’
· Reflexión: Apuestan por una «revisión crítica» de sus «respectivos pasados» para posibilitar «acuerdos».
· Respeto: «Son muchas las cosas que podemos, y seguramente debemos, decir y hacer juntos».
Juan José Ibarretxe e Iñigo Iruin unieron ayer sus voces para pedir la libertad de Arnaldo Otegi. «Plenamente conscientes» de que provienen de «culturas políticas bien diferentes», e incluso «en muchas ocasiones enfrentadas», el que fuera lehendakari por el PNV y el histórico dirigente de la izquierda abertzale firmaron de forma conjunta un artículo de opinión que a posteriori remitieron a diferentes medios de comunicación. En el escrito destacan la «voluntad innegable y el esfuerzo generoso» de todos los condenados por el ‘caso Bateragune’ –entre ellos, el exportavoz de Batasuna– para «cerrar la larga etapa de violencia en Euskal Herria» y censuran el «derecho penal del enemigo» que, a su entender, «inspira» las sentencias judiciales en su contra.
El texto ve la luz apenas un día antes de que mañana sábado una marcha recorra la localidad guipuzcoana de Elgoibar para reclamar la puesta en libertad de Otegi. La convocatoria ha estado acompañada, además, de la presentación de un manifiesto en defensa de los condenados, que ha sido suscrito por más de 200 personas. Entre ellas, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano; el presidente del PSE, Jesús Egiguren, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Ezquibel.
La «pretensión» del artículo que firman Ibarretxe e Iruin no es, así lo aseguran, «resolver nuestras históricas diferencias a cerca del principio ético (ETA, violencia, paz, reconciliación), del principio democrático (un pueblo: uno o tres ámbitos de decisión) o del modelo social que defendemos». «No somos tan pretensiosos», afirman. El escrito se presenta, o más bien lo presentan, como una «modesta contribución» al camino que «debemos hacer en este país para lograr la paz y la reconciliación política». «Un paso –añaden– ubicado en tiempos interesantes», en alusión al referéndum celebrado en Escocia y al desafío soberanista de Cataluña, que esperan «aporte ilusión y esperanza» a quienes, como ellos, consideran que «el pueblo vasco existe y que, por tanto, tiene derecho a elegir libre y democráticamente su futuro».
El texto se centra en el ‘caso Bateragune’. Un proceso, señalan, que «se inscribe en la lógica de un diseño político que toma cuerpo a finales de los noventa y que se materializa en el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE»: «Persecución penal del diálogo, nueva Ley de Partidos e ilegalizaciones –alterando las mayorías–, régimen penitenciario de excepción y pronunciamientos judiciales con un evidente impulso político», enumeran.
«Meramente indiciaria»
Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez ingresaron en prisión hace cinco años. Se les imputó un delito de integración en banda terrorista «por formar parte de un órgano denominado ‘Bateragune’ que, supuestamente, era la estructura ejecutora de las órdenes políticas de ETA», relatan. «Dos años después, la Audiencia Nacional reconoció que no se había probado que formaran parte e integraran el citado órgano. A pesar de todo, se les condenó», censuran. Ibarretxe e Iruin critican en esta línea que «la base de la condena» fuera «meramente indiciaria, sustentada en documentos incautados en operaciones policiales. Esos mismos que se utilizaron en las demandas para la ilegalización de Bildu y Sortu, y el Constitucional no los consideró suficientes». «Si el tribunal hubiera atendido a lo ocurrido desde octubre de 2009, la conclusión habría sido muy otra», estiman en su escrito. Subrayan así que «la actividad desplegada» por los condenados por el ‘caso Bateragune’ «posibilitó» el cese decretado por ETA en 2011.
La tramitación de los recursos de casación y amparo dejó, recuerdan, «numerosos votos particulares contra la condena». «Resaltamos el de la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, que califica de «preocupante» las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y rechaza su «voluntarismo argumental». «El Derecho Penal del enemigo inspira estas condenas, así como el propio régimen legal penitenciario al que se encuentran ahora sometidos», critican en el artículo.
«Con este posicionamiento compartido –explican– queremos contribuir a acercar en el tiempo hechos y pronunciamientos futuros que, junto a la necesaria revisión crítica de nuestros respectivos pasados, posibilite acuerdos que configuren una sólida base de respeto». Apuestan, con este gesto, por «aportar esperanza a la sociedad vasca»: «A sabiendas de que siendo importante lo que decimos, lo es aún más decirlo juntos. En realidad, son muchas las cosas que podemos, y seguramente debemos, decir y hacer juntos».
EL CORREO – 10/10/14