JON JUARISTI, ABC 29/12/13
· La propuesta de reforma estatutaria presentada por el PNV como incluyente apunta a un consenso exclusivo de las fuerzas nacionalistas.
El PNV ha aprovechado la coyuntura –el «problemón» de Rajoy, la astenia del PSOE y, por supuesto, la huida hacia delante de Mas–, para presentarse como una fuerza conciliadora y lanzar una propuesta de reforma del Estatuto vasco deliberadamente ambigua, supeditándola al logro de «un amplio consenso». Obviamente, no ha concretado lo que entiende por «amplio consenso», aunque Andoni Ortúzar se comprometió a incluir en el mismo a los sectores de la sociedad vasca que rechazaron el proyecto del Estatuto vasco de Autonomía en el referéndum de 25 de octubre de 1979.
Teniendo en cuenta que en dicho referéndum votó casi un 70 por ciento del censo y que el voto afirmativo se situó en un 90 por ciento del emitido, se entenderá que la voluntad de inclusión manifestada por Ortúzar no suponga una condición determinante para el «amplio consenso». El rechazo expreso del Estatuto fue muy minoritario, por no decir insignificante. Quizá el tácito fue mayor, pero imposible de calcular al diluirse en el 30 por ciento de la abstención. Parte de ese rechazo activo y pasivo correspondía seguramente a los partidarios de ETA y a una extrema izquierda residual, pero en su mayoría puede adscribirse a una extrema derecha anticonstitucional y nostálgica del franquismo.
Este último sector fue disminuyendo con rapidez hasta desaparecer por completo, en parte por su incorporación a la derecha democrática y en parte por el terrorismo de ETA, que se cebó en sus filas. Aunque descontentos con una situación que los marginaba, los militantes del PP vasco han sido leales con el Estatuto. Desde hace más de treinta años, la impugnación abierta del mismo se vio reducida a ETA y a la izquierda abertzale.
Por tanto, es inevitable interpretar la declaración de Ortúzar como una tentativa de abrir el Estatuto exclusivamente hacia Bildu. No hay que olvidar que Bildu incluye dos partidos, ambos independentistas, pero con diferentes posiciones históricas respecto al Estatuto de 1979: Eusko Alkartasuna procede del sector que lo aprobó; Sortu representa la continuidad del que lo rechazó. Ahora bien, la coalición con la izquierda abertzale ha radicalizado a Eusko Alkartasuna (que, por otra parte, ya había ido situándose en posiciones cada vez más cercanas a las de Batasuna, de la que lo único que la separaba era su condena del terrorismo), lo que implica una tendencia a asimilarse a Sortu en el disenso antiestatutario.
Para el PNV, la negociación de la reforma con el PSE y con el PP no es –de momento– imprescindible. Ambos partidos atraviesan una fase de debilidad y declive tras la frustrante experiencia del gobierno de Patxi López. Por el contrario, necesita con urgencia establecer un consenso con Bildu, que controla buena parte de la administración local vasca. Un acuerdo con la coalición abertzale en torno a la reforma del Estatuto permitiría al PNV mantener a duras penas su hegemonía en el bloque nacionalista. O cuando menos, no verse arrastrado como CiU por el nacionalismo radical en el caso de una movilización independentista.
El lenguaje de Ortúzar no es, evidentemente, el de Ibarreche. Su propuesta de reforma, dentro de su calculada imprecisión, no se presenta como una maniobra soberanista, pero, a corto plazo, pone al partido del Gobierno y al PSOE ante el dilema de aprobar un nuevo Estatuto consensuado entre el PNV y la izquierda abertzale o arriesgarse a afrontar en el País Vasco un movimiento secesionista semejante al impulsado por el nacionalismo catalán. Eso, claro está, si Bildu se aviene al acuerdo de reconstruir un nuevo frente de Estella, lo que todavía está por ver, aunque, la verdad sea dicha, cuesta muy poco imaginarlo.
JON JUARISTI, ABC 29/12/13