JOSÉ MARÍA CARRASCAL – ABC – 02/10/15
· Mas, de haber sido un ciudadano corriente, hace tiempo que habría sido imputado.
Aunque Artur Mas sea ya un cadáver político, sigue dando guerra. No recuerdo si fue en Alemania o en Estados Unidos donde la oí –¡hace ya tanto tiempo!–, pero fue una de esas frases que se te quedan grabadas. Decía: «En democracia, todo problema político es a la vez jurídico, al depender de si se ajusta a la ley y al derecho».
Tuve ocasión de comprobarlo en escándalos tan sonados como el de Strauss-Spiegel y el Watergate, que costaron el puesto a un ministro y a un presidente. Y miren ustedes por dónde, medio siglo más tarde, me encuentro, en una España que acaba de estrenar democracia, con la oposición en bloque contra la «judicialización» del caso de un presidente de comunidad autónoma que violó la prohibición del Tribunal Constitucional de una consulta ilegal. Que lo hagan los políticos se entiende, al ser los más afectados. Pero que lo hagan juristas, intelectuales, editorialistas espanta, al mostrar una casi total ignorancia sobre qué es la esencia de la democracia: la responsabilidad de todos los ciudadanos sobre sus actos.
Pues, vamos a ver, señores constitucionalistas profesionales y aficionados: ¿están los políticos por encima de las leyes, tienen una bula especial para saltárselas? Porque eso es lo que están diciendo al considerar el enjuiciamiento de Artur Mas un «juicio político», descalificando de un plumazo la Justicia española. Y si no hay justicia independiente, no hay democracia, así de sencillo. Que la querella fuera presentada a instancias de la Fiscalía General del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, no impide que la haya aceptado el Tribunal Superior de Cataluña. ¿O lo consideran también un tribunal político? Esperen siquiera a que dicte sentencia, que puede rechazar los cargos.
En cuanto a la otra queja, que ha sido un error, al hacer de Mas un mártir, más a mi favor, pues, políticamente, esa imputación beneficia más a Mas, perdonen la redundancia, que a Rajoy. Que se haya pospuesto hasta después de las elecciones catalanas y que se rechazara su petición de declarar en el aniversario del fusilamiento de un anterior president de la Generalitat prueban que no se trata de un caso político. De haber sido un ciudadano corriente, hace tiempo que habría sido imputado. Lo que no puede tolerarse es una desobediencia tan flagrante como la suya de las resoluciones del Constitucional sobre una consulta que no se ajustaba a nuestro ordenamiento jurídico. Un presidente norteamericano tuvo que dimitir por haber consentido que unos subordinados se llevaran de las oficinas del partido de la oposición sus planes de campaña electoral. Por desobedecer a la Corte Suprema, habría ido a la cárcel.
Todos ustedes, señores constitucionalistas a la violeta, están diciendo lo contrario de lo que oí hace cuarenta años en democracias asentadas: «Todo problema jurídico es una problema político». Algo propio de una mente más totalitaria que democrática, al sustituir la ley y el derecho por la política. Son ustedes el mejor ejemplo de la escasa calidad de la democracia española.