EL CORREO 01/04/14
· Reprochan en un informe encargado por el Gobierno vasco que el ministro haya hecho una interpretación «falsaria» y «arbitraria» de las leyes.
La negativa por parte del ministro del Interior a conceder determinadas indemnizaciones a una decena de víctimas de los GAL, el Batallón Vasco Español y la Triple A puede suponer un delito de «prevaricación». Así lo aseguraron ayer los profesores de Derecho de la UPV Ignacio Muñagorri y Ana Pérez Machío, que expusieron en el Parlamento vasco los resultados de un informe que han elaborado a petición del Gobierno autónomo. El documento, cuyas conclusiones avanzó este periódico el pasado 7 de marzo, analiza en términos jurídicos la decisión del Ejecutivo central de negar a estas personas un aumento de las ayudas económicas que les corresponden después de un cambio en la ley.
Los diez supuestos analizados están protagonizados por ciudadanos que están reconocidos como víctimas del terrorismo. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz rechazó las solicitudes al considerar que quienes las pedían tienen vínculos con organizaciones delictivas, como la ilegalizada HB. Para ello, el ministerio sustentó las resoluciones en un artículo –el 8.2– del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos, que permite «reducir o suprimir las indemnizaciones si la víctima o el solicitante participó en delincuencia organizada o en una organización que perpetra delitos violentos».
Muñagorri y Pérez Machío entienden, sin embargo, que el Ejecutivo central ha realizado una interpretación «arbitraria» y «falsaria» de ese texto porque en ninguno de los casos analizados hay una sentencia que condene a los solicitantes por los motivos que requiere el convenio europeo. Además, en esos supuestos se han aplicado las leyes de manera retroactiva –algo que no permite la Constitución–, porque el convenio se suscribió años después de las conductas que ahora son consideradas delictivas.
En su opinión, el Gobierno del Estado «vulnera» el principio de legalidad, la separación de poderes y la presunción de inocencia. «Se atribuye a un mero informe policial una capacidad de prueba capaz de destruir la presunción de inocencia», explicó el catedrático Muñagorri, que dijo haberse quedado «perplejo» y «horrorizado» por la «barbarie» que a su juicio ha cometido Jorge Fernández Díaz.
El experto apuntó directamente al ministro porque todas las denegaciones del complemento de la indemnización llevan su firma. Un detalle que, en su opinión, podría suponer que el político catalán del PP haya podido incurrir en un delito de «prevaricación», es decir, haber tomado una decisión ilegal a sabiendas de que lo es.
Los dos juristas han plasmado todas estas conclusiones en un informe encargado por el Gobierno autónomo y que ha sido distribuido a los partidos con representación en el Parlamento vasco. Muñagorri y Pérez Machío, a preguntas de los grupos políticos, explicaron cuáles son las vías que tienen ahora los afectados –el Ejecutivo de Urkullu cree que a los diez casos estudiados se pueden sumar otros veinte–. Una de las posibilidades es denunciar al ministro por prevaricación en base al artículo 404 del Código Penal. La otra es recurrir al contencioso-administrativo, primero en la Audiencia Nacional, y de ahí al Supremo, al Constitucional y a Estrasburgo si fuera necesario. Un camino que lamentaron, requerirá «muchos años».
EL CORREO 01/04/14