Es asombrosa la naturalidad con que las élites catalanas dan por casi hecha la repetición de las elecciones del domingo. Con esa motivación para ir a votar será un milagro que no haya récord de abstencionismo. Pero ese pálpito preventivo, que ya veremos si se cumple, demuestra hasta qué punto el ‘procès’ ha dejado un sistema político destruido. Por mucho que los candidatos, salvo Puigdemont, se hayan esforzado en fingir que no ven el famoso elefante instalado en el salón de sus casas y en centrar la campaña en asuntos de la gobernación cotidiana, el paquidermo procesista no deja de pasearse por delante de su mirada. Hace mucho tiempo, demasiado, que toda la vida institucional de Cataluña gira en torno al designio nacionalista de separarse de España.

La seguridad demoscópica en que los comicios los va a ganar el PSC de Salvador Illa, seguido de Junts y de Esquerra, revela que el Principado es el único territorio español donde existe un respaldo mayoritario a la amnistía. Y ese dato señala, por un lado, la pérdida generalizada de la vocación constitucionalista, y por otro constituye la evidencia incuestionable de una enorme, dramática anomalía: el motín de secesión cuenta con la indulgencia de sus víctimas. Los ciudadanos a quienes el independentismo intentó despojar de su nacionalidad mediante una insurrección ilegítima están dispuestos a absolver a sus autores para que puedan repetirla. Ese estado de opinión es el retrato de una sociedad abducida.

Otra contradicción es que después de tanto rollo identitario, el futuro presidente de la Generalitat va a depender de una negociación a varias bandas sobre la dirección del Estado en la que no cabe descartar que Illa acabe sirviendo como moneda de cambio. La dificultad que Pedro Sánchez puede tener para entregar por su propio interés la cabeza de un vencedor claro abona la tesis del bloqueo, del Parlamento ‘colgado’ sin modo de formar gobierno por un cruce multilateral de mutuos rechazos. De paradoja en paradoja, a La Moncloa le conviene una victoria insuficiente de su candidato, una cosecha apreciable de votos que no llegue a romper el estatus hegemónico de un separatismo al que necesita como aliado.

Pero sucede además que en este cúmulo de disparates no es el menor la imposibilidad actual de Puigdemont de acudir a una eventual investidura debido a ciertos ‘problemillas’ judiciales. El calendario de la ley de impunidad atropella sus tiempos y amenaza con estropearle los planes. Aunque quepa cierto debate jurídico, sin una amnistía en vigor efectivo queda en el aire su libre regreso sin riesgo de acabar en la cárcel, contingencia que de rebote se llevaría la legislatura nacional por delante. Un panorama general muy sosegado, muy normal, muy apacible, muy fácil de asimilar como puede apreciarse. Y todavía habrá muchos catalanes capaces de considerar todo esto una situación razonable.