ABC 06/10/15
· Cruce de mensajes a diez días de que comparezca ante el TSJC por el 9-N
Gesto frío y cortesía, la mínima. Una semana después de haber sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la organización de la consulta soberanista del 9-N, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, coincidió ayer en Barcelona con la cúpula judicial del Estado, un encuentro en el que se produjo un cruce de mensajes cargados de intención. Ni una palabra más alta que la otra, ni un gesto descortés, pero cargas de profundidad de un lado a otro en un contexto de tensión política, a poco más de una semana de que Mas tenga que explicarse ante un tribunal.
El encuentro tuvo lugar ante un panel internacional de jueces, reunidos en Barcelona en el 58 Congreso de la Unión Internacional de la Magistratura, y que sirvió para que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le recordaran a Mas en persona que nadie está por encima de la ley, y que el cumplimiento de la misma no es discrecional. Con gesto distante, sin apenas aplaudir, el presidente catalán escuchó las intervenciones con los brazos cruzados, serio, en concordancia con la gravedad del momento.
En su intervención, Mas señaló que «cualquier utilización partidista de la justicia podría mermar el sustento democrático», y aunque no mencionó de manera expresa su imputación en la causa del 9-N, el subtexto pesó más que la literalidad de sus palabras. Dirigiéndose a los participantes en el foro, señaló que Cataluña es «un país, una nación, una tierra con largas raíces desde el punto de vista del compromiso con los marcos legales», e hizo suyo el lema de los organizadores, «Promoviendo una justicia independiente a escala mundial». Mas subrayó la «fidelidad a las constituciones catalanas».
El ministro de Justicia, por su parte, se remitió a las palabras que el Rey Felipe VI pronunció durante la última entrega de despachos de la nueva promoción de jueces, con las que el Monarca señaló, también en Barcelona, también en presencia de Mas, que el respeto a la ley por parte de los poderes públicos no debe ser «una mera formalidad».
Rafael Catalá añadió que «respetar la ley es la fuente de la legitimidad para una convivencia democrática» y que este respeto nunca puede ser un trámite ni una alternativa. Catalá defendió las reformas emprendidas por el Gobierno en materia judicial, citando de manera expresa la reforma del Tribunal Constitucional que permitirá, entre otras cosas, suspender de sus funciones a quien no cumpla sus sentencias. A su lado, Mas permanecía impasible.
«No es una afrenta»
También habló Carlos Lesmes, presidente del TS y del CGPJ, quien en alusión implícita a Mas apuntó que la ley nunca se debe considerar una «afrenta». «Nuestras decisiones ni están ni pueden estar condicionadas, en su contenido o en los tiempos en que se adoptan, a razones oportunistas o caprichosas o en virtud de intereses de otros poderes públicos, por muy relevantes que estos sean», añadió. La fiscal general del Estado, por su parte, defendió el papel del poder judicial para «construir puertos seguros», en unos momentos de incertidumbre «política, social, económica y ética».