En un momento álgido del proceso soberanista, en el que los secesionistas promueven la necesidad de saltarse la ley y sancionar a los funcionarios que la respeten, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) preguntará a los catalanes si ser «buen ciudadano» implica acatar la legislación.
La cuestión se enmarca en una encuesta que ha puesto en marcha el CEO –el órgano de la Generalitat encargado de los sondeos– sobre participación política y ciudadana, con especial atención a los jóvenes. El CEO ha licitado un contrato para encontrar una empresa que haga el estudio.
El CEO dio ayer una explicación sobre la encuesta, asegurando que se trata de una actualización de un estudio similar hecho en 2011. Entonces no había comenzado el proceso soberanista –lo haría a partir de la Diada del año siguiente– y la situación política de Cataluña ha cambiado radicalmente en estos seis años. Preguntar ahora sobre la posibilidad de cumplir las leyes vigentes tiene connotaciones políticas muy fuertes.
Según el cuestionario que acompaña la licitación, los encuestados deberán valorar entre un 1 (poco importante) y 7 (muy importante) diversos enunciados sobre lo que consideran ser «buen ciudadano». Entre ellos figura «hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes y las normas», pero por ejemplo también «hasta qué punto es importante estar dispuesto a servir al Ejército en tiempo de necesidad» o «hasta qué punto es importante intentar entender las ideas de la gente con opiniones diferentes a las suyas».
En esta pregunta también se dan otras opciones como «hasta qué punto es importante votar siempre en unas elecciones», «hasta qué punto es importante no evadir impuestos», «hasta qué punto es importante participar en asociaciones de carácter social o de voluntariado o «hasta qué punto es importante ayudar a la gente que, en su país, vive peor que usted», entre otras.
Desde el soberanismo se ha mantenido que en caso de no existir un acuerdo con el Estado para realizar un referéndum se deberá aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica en el Parlament de forma exprés y convocar las votaciones antes de que el Gobierno lo pueda recurrir al Tribunal Constitucional.
De esta forma, las autoridades catalanas se ampararían en una ley autonómica para iniciar el proceso de desconexión del resto de España, pese a que el acuerdo sólo contaría con el apoyo de Junts Pel Sí y la CUP, ya que el resto de partidos lo rechazan. Para allanar este camino, la semana pasada se dio luz verde a tramitar una reforma del reglamento del Parlament por la que una proposición de ley se podrá aprobar tras una lectura única en una única sesión sin necesidad de hacer antes el debate de totalidad ni el trámite parlamentario convencional.
Los independentistas tienen claro que los ciudadanos deberían acatar esta nueva legislación, pese a que el Estado o el Tribunal Constitucional diga que no debe aplicarse. El diputado de Junts pel Sí Lluís Llach aseguró recientemente que el Govern «sancionaría» a los funcionarios que no quieran aplicar estas leyes. Sus compañeros le dedicaron una ovación en el Parlament tras conocerse sus declaraciones.
Tras un encargo en noviembre pasado del Departamento de Asuntos Institucionales y por la Agencia Catalana de la Juventud, el CEO sacó a licitación la realización de la encuesta por 56.783 euros. Se hará de forma individual, con visitas a domicilio, sobre una muestra de 1.900 personas, de las que 1.100 serán jóvenes de 16 a 29 años y 800, mayores de 30.
En la ocasión anterior en la que se hicieron preguntas similares, en 2011, con una muestra de 2.100 personas un 45% consideraba «muy importante» obedecer siempre las leyes y un 20,1% decía que era «bastante importante», mientras que «poco importante» era un 2% y «nada importante» un 3%.
Desde el CEO también se señaló que el cuestionario de esta encuesta que se adjunta al contrato es un «borrador», por lo que podría estar sujeto a cambios después de que se asigne a la empresa ganadora del concurso.
En las preguntas previstas para este año hay algunas referentes al conflicto soberanista que no aparecen en el estudio de 2011, como «¿cree que los ciudadanos de Cataluña deberían poder votar para decidir sobre su futuro político?», sin especificar si la votación sería en un referéndum o en unas elecciones convencionales. También se pregunta por el apoyo a la independencia.
La diputada de Ciudadanos Sonia Sierra calificó ayer de «muy delirante» la pregunta sobre obedecer las leyes, ya que «veremos el uso del Govern de las respuestas en caso de que salga que no», y recordó que hace años que el alistamiento en el Ejército no es obligatorio. Sobre el apoyo a la independencia, Sierra afirmó que «tienen la obsesión por el monotema cuando los jóvenes tienen otras preocupaciones».
Por su parte, el diputado del PP Santi Rodríguez lamentó que el Govern use el CEO para preguntar «tonterías y obviedades» con dinero público y aseguró que cuestionar sobre cumplir o no la ley crea «confrontación y división en la sociedad catalana».