EL MUNDO 10/11/14
· Al margen de las actuaciones del TC, la Justicia comenzó ayer a emitir sus primeras resoluciones sobre el 9-N a raíz de varias denuncias.
¿Qué criterio han mostrado los jueces?
Ninguno ha aceptado retirar las urnas, menos aún ordenar detenciones al considerarlo «desproporcionado». Esas negativas no son el final del camino. En Barcelona se han admitido a trámite las denuncias y, por tanto, existe ya una causa penal abierta por el 9-N. En el auto, el juez de guardia pide una primera diligencia: que los mossos le envíen un atestado sobre «los hechos objeto de la presente denuncia y las personas responsables de los mismos». En el caso del juez de Badalona, optó por no actuar alegando que debe ser el propio TC el que le requiera.
¿Cuál es la opinión de la Fiscalía?
Se opuso a las cautelares, alegando su desproporción y que la retirada de las urnas podría provocar «problemas de orden público». Sin embargo, pedía admitir las denuncias, postura coherente con la apertura el viernes de su propia investigación, Ayer, seguía «recabando datos […] a los efectos de valorar la posible concurrencia de responsabilidades penales».
¿Qué delitos podrían haberse cometido?
Son varios, todos penados con multa y inhabilitación o suspensión. Desobediencia (el que le cayó a Ibarretxe), por no atender la suspensión del TC; prevaricación, por dictar resoluciones manifiestamente ilegales; y malversación, por gastar fondos públicos (buzoneo de papeletas, propaganda, cesión de locales públicos…). Los responsables serían autoridades y funcionarios, nunca los votantes.
¿Qué pasos judiciales aguardan y a quién corresponde darlos?
Las denuncias admitidas se repartirán a un juez de instrucción, que será quien reciba el atestado de los mossos. Al haberse judicializado el asunto, la Fiscalía debería remitir al juez toda su investigación. A medio plazo, hay que tener en cuenta que los denunciados son parlamentarios autonómicos y que sólo el TSJ catalán puede imputarles. Los candidatos a ser investigados son, además de Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega (puso sello oficial a la votación con sus comparecencias); y los consejeros de Educación, Irene Rigau (por ceder los institutos), y de Interior, Ramón Espadaler (por no impedir la votación con los mossos).
¿Cómo han actuado los ‘mossos’ ante los requerimientos de la Justicia?
Los mensajes de que cumplirían estrictamente lo que les solicitasen jueces y fiscales se ha visto desmentido. La Generalitat informó ayer de que los mossos habían enviado al fiscal lista de lugares de votación pero no el otro punto que la Fiscalía les requería: la identidad de quienes franquearan el paso a los voluntarios a los locales públicos (responsables de los institutos, etcétera). Esa actuación podría interpretarse como un acto de desobediencia.