EL MUNDO 10/09/14
· Cuatro millones de catalanes llamados a la consulta ilegal decidieron no acudir a votar
No han querido ser cómplices de la «ilegalidad» cometida por el Govern de Artur Mas. Es la principal razón de cuatro catalanes para no participar en el proceso consultivo del 9 de noviembre, igual que tampoco lo hicieron más de cuatro millones de ciudadanos empadronados en Cataluña que estaban contabilizados por la Generalitat. Estos cuatro catalanes recuerdan que el proceso independentista ha causado una fractura social importante entre la ciudadanía, aunque reparten responsabilidades. Consideran que la culpa no corresponde sólo al Govern, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco ha respaldado a los catalanes que se sienten también españoles.
El jurista Alejandro Rusiñol destaca que está de acuerdo en votar siempre y cuando se haga «dentro de un marco constitucional». «No estoy a favor de alentar una ilegalidad», resalta. Rusiñol ha presentado una denuncia ante los juzgados de Mataró contra el proceso participativo por considerar que pueden haberse cometido los delitos de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional y malversación de caudales públicos. En declaraciones a este diario, explica que ayer, «lamentablemente, se pisoteó una vez más el derecho fundamental de los ciudadanos, con el agravante de haberse producido fuera del marco constitucional».
El jurista destaca que el proceso aumenta «el enfrentamiento entre la sociedad catalana que se ve apartada por la ilegalidad y los que se ven impulsados por mensajes totalitarios que sólo buscan el enfrentamiento con el Gobierno». Rusiñol lamenta que los organizadores del proceso participativo afirmasen que votaban contra el Estado español: «Ellos mismos se retratan con sus declaraciones».
Ana Losada, especialista en comercio exterior, no fue a votar porque «no es una consulta legal», sino «un acto político, una votación que escenifica a los catalanes todavía más separados». Losada explica que el proceso participativo «polariza más la situación» ya que los ciudadanos se encuentran entre el Govern de Mas y el Gobierno español. «Ahora se ha abierto el telón y todos están situados en el escenario», destaca, y lamenta que el Gobierno de Rajoy «crea un precedente horrible para el resto de España».
En este sentido, considera que el Ejecutivo de Rajoy «no apoya a los catalanes que piensan diferente», por lo que no se siente identificada con la actuación del Gobierno respecto a los ciudadanos que han vivido el proceso independentista. «Como ciudadana me uniré a otras personas que también se sientan catalanes y españoles a la vez», destaca. También denuncia el uso de la educación por parte del Govern para realizar la consulta y recuerda que en los últimos años han ido colocando a directores de centros educativos afines para que ahora «permitan abrir las puertas para realizar las votaciones».
«Para mí la imagen de la jornada es ver a Jordi Pujol votando. Lo comparo con el proceso, ya que representa una persona que ha puesto a Cataluña como escudo para no querer hablar de todo lo que ha confesado y del dinero que tenía fuera. Es lo que hace daño». De esta forma Alfredo Serrano, un jubilado, explica cómo vivió ayer el proceso participativo. No fue a votar porque «no era una votación legal». «Yo cada cuatro años ejerzo mi derecho a decidir, por eso si alguien quiere que decidamos, pues que convoque elecciones y lleven la independencia como primer punto de su programa electoral», afirma Serrano.
Como concejal en el Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) por el partido Vecinos Independientes de Cabrils, Serrano presentó ayer una denuncia en el juzgado de Mataró contra el Consistorio por el uso de la página web para animar a votar. «Es una malversación de fondos», destaca Serrano, que recuerda que él no ha participado de esta decisión. «Los concejales somos garantes de la legalidad, por eso, ¿cómo puedes firmar una sanción si instas a la desobediencia?», destaca. «Por mi condición de concejal electo y al jurar la Constitución, no puedo participar en una ilegalidad», añade.
El estudiante de Derecho Robert Albiol argumenta para no ir a votar que el proceso no tiene «las reglas claras, ni existen garantías, ni censo». «Con estas normas no dejan votar a un catalán que viva en el resto de España, pero sí a uno que está en otro país o a un extranjero que resida desde hace un año en Cataluña», explicó Albiol. Además, indica que la votación de ayer supone «un fraude de ley» ya que el Tribunal Constitucional suspendió el proceso y considera que se deben cumplir sus resoluciones.
Albiol también destaca que la votación «significa una brecha social entre los catalanes que cumplen la legalidad y los que rompen con todo». Por eso, lamenta que los independentistas se sientan con el derecho a «decidir por ellos mismos el futuro de todos los españoles».