TONIA ETXARRI, EL CORREO – 12/03/15
· Tal como está la sensibilidad ciudadana, a flor de piel, en torno a los innumerables casos de corrupción que afectan a todos los partidos que han ostentado el poder durante muchos años, no hay dirigente que se atreva a defender a sus imputados. Ni el PP, ni el PSOE, ni IU. Ni siquiera ya CiU, que ha dejado a la familia Pujol a los pies de la comisión parlamentaria. Casi todos los partidos han entrado en un concurso espiral a ver quién tarda menos en expulsar a aquellos dirigentes tan reconocidos ayer y sospechosos hoy. A ver quién tarda menos en apartarse de los «dudosos», incluso antes de que sean imputados. Todos, menos el PNV, a pesar de estar sufriendo en sus propias filas la ola de corrupción que también ha llegado al oasis vasco.
El caso ‘De Miguel’ ha sido una instrucción muy laboriosa. Después de cinco años, 26 imputados por once delitos en una trama de corrupción vinculada al PNV. Una vez leído el auto judicial, en el que queda «indiciariamente» acreditada la existencia de una red organizada con el fin de conseguir contratos de manera irregular «en administraciones o entes públicos gobernados por el PNV» no se puede mirar hacia otro lado. Pero el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo ha hecho.
Prefiere desviar la atención hacia el resto de España. En Euskadi no hay nada de lo que nos tengamos que avergonzar. Los gobiernos nacionalistas sin mácula. Y a De Miguel nos los encontramos sin carné de partido porque la presión pública y la insistencia de Urkullu le obligó a darse de baja.
El PNV tardó mucho en reaccionar. Pero, al final, cortó la rama podrida. Por eso ahora el lehendakari se defiende diciendo que su partido se portó de forma «ejemplar». La pregunta es qué hacía un señor, que era el número dos del partido en Alava, actuando con tanta sensación de impunidad que llegó a utilizar el correo electrónico de la Diputación para reclamar abiertamente una comisión de 100.000 euros. Porque el entramado societario que dirigía este exdirigente del PNV alavés cobraba comisiones del 4% por las concesiones de obras públicas, según el juez instructor. Un uno por ciento más de lo que manejaba CiU en sus trapicheos municipales en Cataluña.
Se esperaba que el PNV hubiera reaccionado diciendo que ya era hora de que finalizara la instrucción. Y que se haga justicia, caiga quien caiga. Pero no. Se defiende aferrándose a la presunción de inocencia e insinuando motivaciones políticas del caso. ¿Motivaciones políticas de los jueces?
El diputado general de Alava, Javier de Andrés, cree que nos encontramos ante una «red clientelar» para colocar amigos. Pero no se trata de un caso de «particulares» sino que afecta al PNV. Los socialistas, hace ya cuatro años calificaron este escándalo como «el caso PNV». Y ahora Idoia Mendia pide a los partidos que colaboren con la justicia. Para UPyD, la «casta» en Euskadi es el PNV porque «la trama» actuaba desde oficinas públicas.
La instrucción de este caso finaliza en pleno año electoral. Y es en las urnas donde los ciudadanos pueden castigar la corrupción. Quizás por eso el PNV protege a los suyos más allá de los indicios de delito.
TONIA ETXARRI, EL CORREO – 12/03/15