Consideran «inadmisible» que haya «detenciones y torturas» en un «proceso resolutivo de un conflicto», y que «las redadas son bien calculadas y utilizadas con claros objetivos políticos». Exigen al Gobierno que «cambie las políticas represivas» y dé «los pasos que le corresponde», porque no se van a quedar «de brazos cruzados».
La izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba consideran «inadmisible» que haya «detenciones y torturas» en un «proceso resolutivo de un conflicto». «No aceptamos más detenciones por razones políticas, ni situaciones como la incomunicación, ni la aplicación de la más brutal violencia con objetivos políticos», insistieron.
Estas formaciones, junto con LAB, Hiru, EHNE, ESK, Stee-Eilas, TAT y el movimiento pro amnistía presentaron ayer en San Sebastián el manifiesto conjunto ‘Atxiloketa gehiago ez! Tortura amaitu!’, donde señalaron que, a pesar de las «grandes movilizaciones» habidas contras las detenciones, lo «realizado hasta ahora no ha sido suficiente». Por esta razón, manifestaron su voluntad de «multiplicar» su «compromiso» ante este tipo de hechos, aunque no han especificado cuáles serán los «nuevos pasos» a dar.
Además, exigieron al Gobierno que «cambie las políticas represivas» y dé «los pasos que le corresponden para alcanzar un escenario de paz y democracia». Y si no lo hace, advirtieron, los firmantes no se quedarán «de brazos cruzados».
Para los promotores del texto, «las redadas son premeditadas, bien calculadas y utilizadas con claros objetivos políticos», ya que «no es casualidad que el Gobierno español actúe según las viejas recetas ante cada avance en el proceso».
A sus «declaraciones políticas decepcionantes» se añade que «han llegado a utilizar la violencia extrema». «Siguen empeñados en esa lógica, solamente de esta manera pueden entender las amplias operaciones policiales que se han vuelto casi semanales y las terroríficas denuncias de tortura posteriores», reiteraron en su manifiesto.
Aseguraron que «casi todos los militantes» detenidos hasta hoy «son personas que realizaban un trabajo político y social en barrios y pueblos», aunque no aclararon si entre ellos están los últimos arrestados a los que se les incautó casi 200 kilos de explosivo. «Han querido vender el humo de la efectividad policial de cara a la sociedad española, mientras que en el fondo lo que pretenden es difundir el miedo entre la ciudadanía vasca», afirmaron.
Homenaje a ‘Argala’
El histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia calificó como un acto de «persecución de ideas» el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Nacional por participar el 21 de diciembre de 2008 en un homenaje al José Miguel Beñaran, ‘Argala’, y denunció que el Estado está «muy cómodo en el terreno de la represión» al «perseguir ideas y proyectos políticos».
Erkizia aprovechó su turno de última palabra ante el tribunal que le ha juzgado por un delito de enaltecimiento al terrorismo para destacar que «estamos ante una oportunidad histórica para conseguir la paz en Euskal Herria» y reclamar que «todas las ideas políticas se desarrollen en igualdad de condiciones». Aseguró que depositó una flor en recuerdo a ‘Argala’ «por cariño» a él y su familia y «no al dirigente de ETA».
Enfatizó que la izquierda abertzale apuesta «exclusivamente» por vías «políticas y democráticas» y añadió que está dispuesta a llevar esta línea hasta «sus últimas consecuencias». De igual modo, instó a que «cada uno responda adecuadamente» para avanzar «en la convivencia en Euskal Herria».
Erkizia inició su reflexión preguntándose «a las 5 de la mañana cuando salía de Bilbao» qué delito había cometido para ser juzgado en la Audiencia Nacional. «La única conclusión es que en este país sigue habiendo una persecución de ideas y proyectos políticos (…). En el juicio se me ha revuelto el interior», remachó.
El fiscal ha elevado a definitiva la petición de pena de un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años para el histórico dirigente abertzale por un delito de enaltecimiento del terrorismo mientras que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular, ha solicitado dos años de cárcel y 12 de inhabilitación.
EL DIARIO VASCO, 5/3/2011