Los gobiernos de Rajoy y Hollande preparan ya el traslado a España de los presos de ETA

EL CORREO 03/10/14

· Medio centenar de los 96 reclusos en suelo galo comenzarán a ser entregados en cuanto se apruebe un cambio legislativo, pendiente del Senado en Madrid

Desde la página 1 PARÍS / BILBAO. Una reforma legislativa, forzada por la Unión Europea y pendiente de un último trámite en el Senado español, abrirá en las próximas semanas la puerta a que los presos de ETA que cumplen sus condenas en cárceles francesas sean trasladados a prisiones de España, sin necesidad de que los afectados tengan que dar su consentimiento como ocurría hasta la actualidad. Los gobiernos de Mariano Rajoy y François Hollande preparan ya la entrega de una parte importante de estos reclusos. La cuestión ha estado sobre la mesa de la última reunión que mantuvieron en Madrid el pasado septiembre el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, y la titular de la cartera de Justicia, Christiane Taubira, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales de ambos países y del Ejecutivo central.

La modificación legal, que estará lista antes de que acabe el año, afectará automáticamente a 56 de los 96 presos de la banda terrorista que en la actualidad están recluidos en suelo galo. Se trata de aquellos con condenas firmes y sin causas pendientes en aquel Estado. Candidatos potenciales a verse afectados por las primeras repatriaciones serían destacados exdirigentes de ETA como Mikel Albisu, ‘Antza’, Marixol Iparragirre, ‘Anboto’, Félix Alberto López de Lacalle, ‘Mobutu’, Ibon Fernández, ‘Susper’, y Gorka Palacios, ‘Nagi’.

Otros 34 internos deberían esperar todavía a que se completen los sumarios judiciales que permanecen abiertos en París por diferentes causas. Mientras no se cierren esos expedientes y sus condenas sean firmes deberán proseguir en prisiones francesas. Se trata, entre otros, de Mikel Karrera, ‘Ata’, Iurgi Mendinueta, Zigor Garro e Itziar Plaza. Al margen de todo este movimiento quedarían otros seis reclusos de la organización armada, a los que no les afectará la novedad legislativa al tratarse de ciudadanos con nacionalidad francesa.

El cambio de leyes viene propiciado por un acuerdo marco de la Unión Europea adoptado el 27 de noviembre de 2008. Conocida como Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, la normativa establece que aquellos delincuentes condenados en un Estado miembro deberán cumplir sus penas en sus países de origen. Se pretende favorecer así su reinserción al encontrarse más cerca de su familia y en un entorno con costumbres e idioma similares a los de sus orígenes. La novedad de ese documento es que para llevar a cabo el traslado de una nación a otra ya no es necesario que los internos afectados den su consentimiento, un requisito que sí figuraba en el convenio del Consejo de Europa «sobre traslado de personas condenadas» del 21 de marzo de 1983.

Desde 2008, los diferentes países de la UE han ido adaptando su legislación para acomodarse a la nueva normativa europea. En el caso de Francia, la decisión marco está en vigor desde su transposición en una ley publicada en el boletín oficial galo del 6 de agosto de 2013. En España todos esos trámites están pendientes del Senado. La reforma legislativa ha pasado ya por el Congreso y resta la aprobación de enmiendas en la Cámara alta, un proceso que diferentes fuentes aseguran que se completará antes de que finalice el año.

A los tribunales
Ambos gobiernos son conscientes de que, aunque esta medida afectará a todos los reclusos españoles que cumplen condena en la UE, se trata de una materia muy sensible en lo que se refiere a los de ETA. Ya lo advirtieron los dos gabinetes en julio cuando este periódico reveló que Francia había enviado por primera vez a dos presos de la banda al penal de Mont de Marsan (Las Landas), el centro penitenciario para condenados más próximo al País Vasco. Aquel gesto, con el que París beneficiaba a reos de perfil bajo, provocó la inquietud en las autoridades españolas, que desconocían ese movimiento.

En la nueva regulación sobre traslados, la coordinación entre ambas administraciones va a ser máxima. Hasta el punto de que los dos gobiernos van a activar sendos sistemas por los que abordarán cada caso de manera individualizada, para evitar que los traslados sean masivos y sin ningún control.

 En el caso de España, por ejemplo, la idea es que cada expediente pase por los tribunales de Justicia. Así se desprende de una de las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario del PP en el Senado. Los populares, que cuentan con una holgada mayoría en la Cámara, han solicitado modificar el artículo 81 del texto por el que se va a asumir la normativa de la UE para que, entre otros aspectos, cada expediente deba ser evaluado por la Fiscalía, que tendrá «diez días» desde su recepción para reconocer o no la legalidad del traslado.

El dictamen del Ministerio Fiscal pasará después a manos del «juez central de lo Penal», que deberá comprobar «si concurre alguna causa de denegación del reconocimiento o de la ejecución» de la condena en España. El magistrado deberá emitir su resolución en el periodo de otros diez días. La propuesta del PP fija, en todo caso, que este proceso administrativo, con sus respectivos plazos de comunicación al afectado, no exceda de «noventa días», fecha en la que deberá publicarse un auto motivado de carácter firme. Esa resolución será remitida entonces al juez central de vigilancia penitenciaria para que «se ejecute la pena o medida privativa de libertad».

Movimientos ralentizados

La judicialización de estos procedimientos ralentizará con toda probabilidad la llegada de los reclusos de ETA a las cárceles españolas. Los dos gobiernos, según diferentes fuentes, sí tienen el compromiso de llevar a cabo estos movimientos dentro del colectivo etarra.

El traslado de los internos, advierten, no significa un cambio en la actual política penitenciaria. El Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene su firme decisión de proseguir con la dispersión mientras ETA no se disuelva. Y precisan que el traslado de los presos de la banda a España no es una decisión propia de ambos ejecutivos, sino que obedece a una legislación superior que impone la Unión Europea y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para los dos Estados. Si tanto Francia como España acataban el convenico del Consejo de Europa de 1983, deben hacer lo mismo con la reforma asumida en 2008.

Las autoridades francesas habrían trasladado a sus homólogos del Gobierno del PP en reiteradas ocasiones su voluntad de aplicar el nuevo instrumento legislativo europeo para facilitar la reinserción social de los presidiarios. Algo que habría acabado por asumir el Ejecutivo español y que quedó sellado en el encuentro que Fernández Díaz y Taubira mantuvieron el pasado 9 de septiembre.