EL MUNDO 19/02/15
· El fiscal del Supremo pide repetir el juicio por el asedio al Parlament, que acabó en absolución
La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió ayer la repetición del juicio por el asedio al Parlament alegando que la absolución de la Audiencia Nacional fue una decisión «politizada».
El pasado mes de julio, la Sección Primera de lo Penal absolvió a los 19 acusados, para quienes la Fiscalía reclamaba cinco años y medio de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Las críticas del fiscal del Supremo Salvador Viada se dirigen al magistrado ponente de esa sentencia, Ramón Sáez, y a la magistrada que firmó con él, Manuela Fernández Prado. Frente a ellos, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, respaldó en un voto particular dictar condenas, aunque inferiores a las reclamadas por el fiscal.
El fiscal comenzó elogiando la capacidad jurídica del ponente, al que describió como «brillante jurista», e incluso consideró «técnicamente impecable» la sentencia que pide revocar. Pero a continuación sostuvo que se trató de una resolución «ideológica». «La sentencia adolece de una politización extrema. Los magistrados vuelcan su ideología más que la ley, como deberían. Está llena de opiniones personales y, por eso, merece una crítica severa», dijo Viada.
La resolución de la Audiencia concluyó que lo sucedido el 15 de junio de 2011, el día en el que el Parlament iba a aprobar un recorte presupuestario, fue «un acto de defensa de la Constitución», perfectamente comprensible porque no había otra forma de enviar un mensaje a la sociedad. «Resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica», decía la sentencia.
Por el contrario, el fiscal sostiene que el asedio fue una actuación «tan grave y seria» como para requerir una condena. «Fue una agresión a los parlamentarios y también al pueblo catalán». Recordó que el presidente de la Generalitat tuvo que acceder a la Cámara en helicóptero y que la sesión se aplazó porque los manifestantes impedían la llegada de suficientes parlamentarios.
«Lo que sucedió no es ni comparable con las manifestaciones de Madrid. Una cosa es acampar y otra impedir a los parlamentarios el acceso, algo que en la práctica consiguieron. […] La sentencia da carta de naturaleza a este tipo de conductas, les quita trascendencia y las presenta como un seráfico conflicto de intereses. Pero lo que pasó dio la vuelta al mundo. Esta conducta no puede tolerarse. Hay que poner unos límites. Ningún derecho es ilimitado, tampoco el derecho de manifestación».
El fiscal pide la repetición del juicio por, entre otros motivos, la ausencia de valoración de algunas pruebas y la decisión del tribunal de que los parlamentarios catalanes declararan por videoconferencia, en lugar de estar presentes en la sala para poder reconocer a los asaltantes.
El Parlament y la Generalitat consideran excesivo repetir el juicio pero sí piden al Supremo que dicte condenas en la línea del voto particular de Marlaska.
Al margen del recurso, el fiscal aprovechó un foro tan inusual como una vista de casación para responder a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y «reivindicar» al Ministerio Fiscal. «En estos tiempos hemos escuchado cosas duras, muy duras, del propio Parlamento catalán a la Fiscalía. Cosas como que el fiscal genera animadversión a Cataluña o que el fiscal ataca al Parlament de Cataluña». Viada se refería, sin citarla, a De Gispert, que acusó a la Fiscalía de generar «animadversión» y dificultar el diálogo por interponer una querella contra Artur Mas.
«No hay animadversión alguna al Parlamento catalán ni ganas de crearla. Al contrario. El fiscal defiende la legalidad y cuando la legalidad se quebranta por cualquiera el fiscal tiene que actuar», dijo en referencia al president. «No hay que ver segundas intenciones», concluyó.
A su juicio, el caso del asedio al Parlament es un ejemplo de lo que dice, porque en él varios fiscales «han estado peleando por restituir los derechos de los parlamentarios de Cataluña y llegan al Tribunal Supremo para reclamar justicia para ellos».
En su turno, los abogados del Parlament y de la Generalitat se mostraron conciliadores y expusieron su «respeto» a la actuación del Ministerio Público.