EL MUNDO – 07/05/15
· Todo el Parlament, excepto PP y Ciudadanos, cree que el Gobierno persigue su «desaparición».
La Generalitat y todos los partidos que apoyan su política lingüística en las escuelas catalanas –CiU, PSC, ERC, ICV y CUP– salieron ayer en bloque a condenar lo que perciben como un «golpe de Estado» del Gobierno contra la inmersión. La consellera de Educación, Irene Rigau, dijo además que el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para repetir la matrícula en los colegios busca «la desaparición» de la lengua catalana.
La noticia, adelantada ayer por este diario, de que la Abogacía del Estado pide a instancias del Ministerio de Educación abrir un nuevo periodo de matriculación para que los padres puedan ejercer su derecho a pedir enseñanzas en castellano para sus hijos trastocó la rutina del pleno parlamentario de ayer. A media mañana, Rigau abrió fuego explicando que el Gobierno «provoca una inseguridad jurídica a las familias catalanas por intereses puramente partidistas», porque la matriculación para el curso que viene ya está avanzada.
Sin embargo, garantizó que los padres podrán inscribir a sus hijos con «normalidad» en las fechas previstas, a partir de mañana y hasta el día 12, y que además presentará alegaciones contra el recurso de la Abogacía del Estado.
La consellera de Educación trató de desacreditar la actuación del Ejecutivo, y en concreto la del ministro José Ignacio Wert. Primero, con razones relacionadas con la defensa de las competencias de la Generalitat: «En gran parte el catalán sigue vivo por la escuela. Quieren que se reduzca hasta el punto de que sólo se hable en el ámbito familiar. Nosotros queremos que se dominen las dos lenguas oficiales, y esto es una ofensa a la ley del Parlament, con la voluntad de sustituirla por los tribunales».
Pero Rigau también arguyó motivos prácticos. Según la lectura que ella hizo del recurso, el catalán se usaría en un 50% de las asignaturas y el castellano en el otro 50%, «y con esos porcentajes no quedaría sitio ni para el inglés ni para las lenguas secundarias como el francés o el alemán».
Por último, la consejera, que dio por hecho que «estamos ante el último intento del PP antes de que acabe la legislatura de matar la inmersión», se agarró a un caso práctico para tratar de demostrar que el modelo catalán permite que los alumnos sean competentes en las dos lenguas oficiales al terminar su educación: «La presencia del castellano está garantizada, y la lengua que está en peligro es el catalán. Albert Rivera habla perfectamente catalán y castellano y ha estudiado con este modelo. Es la prueba de que el sistema es bueno».
Después llegó el turno de los partidos que apoyan la inmersión –todos excepto el PP y Ciudadanos–, que ofrecieron una rueda de prensa conjunta. CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP aseguraron que se «mantendrán firmes» ante un «irresponsable» y «desproporcionado atentado» al catalán. Fue el líder de la CUP, David Fernàndez, quien calificó el recurso de «golpe de Estado».
Las proclamas fueron subiendo de tono conforme avanzaba la comparecencia. Ramona Barrufet (CiU) subrayó la voluntad de que el modelo catalán siga siendo singular. «No queremos el modelo de Valencia, Baleares o País Vasco», dijo. Anna Simó (ERC) acusó al Gobierno de «menospreciar a miles de familias», con una «injerencia organizativa en los centros escolares», y criticó la «desproporción jurídica y el irresponsable atentado a la convivencia», que busca «crear un conflicto donde no lo hay».
La diputada socialista Rocío Martínez-Sampere, alineada en varias votaciones con los sectores más catalanistas del partido, tildó este «nuevo ataque» de «error político garrafal» y de «barbaridad pedagógica en términos de cohesión».
«Esto no va de capacidades lingüísticas, de hablar bien catalán o castellano y tantas lenguas como sea posible, sino de un modelo de cohesión social y civil, con una gran mayoría detrás, y nos mantendremos firmes», añadió.
Joan Mena, representante de la marca de Izquierda Unida en Cataluña, dijo que la situación sería «técnicamente ingestionable» si se siguieran las directrices de la Abogacía del Estado. Pero Fernàndez fue el que llegó más lejos: tildó de «peligroso» y «auténtica barbaridad» el recurso, y afirmó que se trata de un «nuevo episodio de la persecución al catalán» y una «declaración de guerra», y llamó a «plantar cara», informa Efe.
«Son unos cafres y unos ignorantes, y quien necesita un programa urgente de inmersión democrática es el Gobierno y el ministro José Ignacio Wert», concluyó.
Por su parte, el ministro de Educación confirmó que la Abogacía del Estado ha pedido que se abra «un periodo adicional» de matriculación en los centros educativos de Cataluña para facilitar «de manera eficaz» a las familias que pretendan que sus hijos reciban enseñanzas en castellano que «tengan la posibilidad material de hacerlo» y recordó que «el impreso de preinscripción no contemplaba esta posibilidad».
Wert dijo expresamente que la «proporción razonable» de castellano adecuada, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es un mínimo del «25%» de las horas lectivas, lo que en la práctica supone una asignatura troncal o análoga, además de la materia deLengua Castellana y Literatura. Hasta la presentación del recurso, el Ministerio de Educación se resistía a determinar este porcentaje, porque decía que era la Generalitat quien tenía la competencia para hacerlo.
LAS FRASES CONTRA EL RECURSO
Irene Rigau, consejera de Educación. «El Gobierno ha hecho un último intento de acabar con el modelo lingüístico catalán, aunque sea provocando inseguridad jurídica a las familias por intereses partidistas».
David Fernàndez (CUP). «Son unos cafres y unos ignorantes, y quien necesita un programa de inmersión democrática es el Gobierno y el ministro Wert. Es un golpe de Estado, pero a los golpes se les desobedece y se les planta cara».
Rocío Martínez-Sampere (PSC). «Es un error garrafal. Esto no va de capacidades lingüísticas, de hablar bien catalán o castellano y tantas lenguas como sea posible, sino de un modelo de cohesión social y civil, y nos mantendremos firmes».