EL MUNDO 17/09/14
· Rompe la cautela al sugerir la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña
Es una obviedad y alguien tenía que acabar poniéndola sobre la mesa. La Constitución que enarbola el Gobierno frente a las tentaciones soberanistas incluye un artículo, el 155, que faculta, llegado el caso, al Ejecutivo para imponer su mano en una autonomía si ésta incumple flagrantemente la legalidad, o lo que es lo mismo, suspender su capacidad de autogobierno. Hasta ahora, en Moncloa se ha evitado cuidadosamente cualquier referencia, ni siquiera de pasada, a la posibilidad de tener que hacer uso del mismo frente al desafío independentista de la Generalitat y sus aliados. Pero ayer, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, rasgó el velo de la cautela. Y lo hizo nada menos que ante un grupo de 58 diplomáticos de todos los puntos del planeta, un nutrido grupo de periodistas y miembros destacados de la política y del empresariado nacional.
Margallo verbalizó lo que para muchos es una evidencia y para otros tantos es anatema: el Gobierno está obligado a cumplir y hacer cumplir la legalidad con «todos los medios a su alcance». Y añadió: «Sólo con la ley, pero con toda la ley». Eso incluye, tal y como se le apuntó desde el auditorio, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el ministro no se arredró. «Incluido lo que haya que incluir», remachó, disipando cualquier ambigüedad.
En definitiva, en su opinión, el Gobierno de Mariano Rajoy, que asegura tener «todo» pensado y dispuesto para responder a la deriva catalana, también contempla en su caso la posibilidad de tomar el control del Gobierno catalán. Cierto es que se tiene en cuenta como hipótesis de último recurso, pero no lo es menos que está a disposición del Ejecutivo y podría activarse.
De hecho, García-Margallo se ratificó en su posición apenas un par de horas después de haber pronunciado estas palabras en un desayuno informativo del Foro Europa Press. Lo hizo en sede parlamentaria, a su entrada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
«Todo lo que cabe en la ley es posible», recalcó a sabiendas ya de que sus afirmaciones habían provocado un auténtico revuelo no sólo en la mayoría de las fuerzas políticas, catalanas y no catalanas, sino también en la propia Moncloa.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no dudó en responderle desde la tribuna del Parlament, donde ayer culminaba el Debate de Política General catalana. Para el president lo dicho por Margallo no era si no una amenaza.
Muy similar fue la interpretación del portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, quien tachó a Margallo de «incendiario» y le reprochó su actitud rayana con la «intransigencia y el fanatismo».
Para el portavoz adjunto de CiU en la Cámara, Pere Macías, las declaraciones del ministro son una de sus «ocurrencias» y para el diputado de ICV, Joan Coscubiela, trasladan un tono «amenazador» y «bravucón». En un guión similar se movieron otras fuerzas no catalanas, como por ejemplo el PNV, para el que, según el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, es un error «de cabo a rabo» pensar que se frenará a Cataluña invocando un uso duro de la ley. Su compañero en el Congreso, Aitor Esteban, se preguntó incluso si Margallo prevé el «envío de los tanques». También el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tachó de error las palabras del ministro.
En Moncloa optaron por guardar oficialmente silencio. No obstante, altas fuentes de Presidencia reconocieron que las afirmaciones de Margallo habían acusado malestar.
Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, las dos voces plenamente autorizadas para fijar la posición gubernamental, han eludido durante meses la posibilidad de referirse al artículo 155 de la Constitución como arma final frente al independentismo. Está ahí, pero han preferido situarla en el rincón de los tabúes. Ayer, Margallo la destapó sin complejos. Nadie se atrevió a desautorizarle abiertamente, pero hubieran preferido que se atuviera al argumentario y al imperativo de prudencia extrema.