EL MUNDO – 13/08/14
· Ortega cuestiona el 9-N y Tardà replica: «Este Govern ha decidido suicidarse»
Ya no hay duda de que el Govern de CiU está en la fase de concienciar a la población de que el 9 de noviembre no va a haber consulta si el Tribunal Constitucional (TC) la anula; como, según todos los indicios, sucederá. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, abrió ayer la puerta incluso a aplazar el referéndum, lo que sublevó tanto a sus aliados en el proceso soberanista de ERC y la CUP como a las entidades de la sociedad civil responsables de las grandes manifestaciones independentistas.
Ortega, dirigente de Unió, es, de momento, la elegida por Artur Mas para matizar ante la opinión pública los mensajes en torno al 9 de Noviembre. Después de que políticos como Marta Pascal (líder de las Juventudes de Convergència), Joan Rigol (presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir) y Santi Vila (conseller de Territorio) rechazaran en los últimos días sacar las urnas a la calle si el TC veta la consulta, como pide ERC, la vicepresidenta del Govern fue ayer más lejos.
«Yo trabajo por este 9 de noviembre, pero si no, será en otro 9 de noviembre. Un recurso no mata el ansia de los catalanes de votar, lo aplaza. Se aplaza el proceso, pero el anhelo sigue vivo», afirmó Ortega.
Estas palabras encendieron todas las alarmas en Esquerra, cuyos dirigentes están perplejos ante la actitud dubitativa de CiU en los últimos días. Los republicanos sospechan que el Govern está preparando el terreno para no llevar hasta el final el desafío: para los socios de Mas, lo ideal sería que la Generalitat sacara las urnas a la calle pese al TC, y que el Gobierno español tuviera que retirarlas.
Por ello, dirigentes de ERC como Joan Tardà o como Alfred Bosch salieron inmediatamente al paso de las declaraciones de la vicepresidenta de la Generalitat. «Escucho a Ortega y pienso que este Govern ha decidido suicidarse», dijo el primero de ellos en una red social a cuenta de las especulaciones sobre el aplazamiento de la consulta. Y añadió: «Algún día habrá que tener en cuenta su irresponsabilidad».
Bosch insistió en la misma idea: «Ya tenemos uno, no hace falta otro 9-N. Tengo muy claro que la mayoría del pueblo de Cataluña pesa mucho más que un papel del Tribunal Constitucional».
Las presiones le llegaron a CiU también desde los otros partidos políticos que, hasta ahora, han acompañado al Govern en el proceso soberanista. Pese a que aún no han decidido qué voto recomendarían en caso de celebrarse la consulta –señal inequívoca de que no creen que se celebre–, diputados de ICV-EUiA como Joan Mena alertaron de que poner en duda el 9-N es «dar la propiedad del derecho a decidir al Gobierno español».
En cuanto a la CUP, su líder, David Fernández, expresó su «preocupación» por los últimos mensajes que ha lanzado CiU y alertó de que un aplazamiento no serviría de nada porque el Gobierno español «no cambiará» de actitud. «Se ha acabado el tiempo de las imposiciones. El referéndum es irrenunciable», insistió.
También la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que organizan la manifestación independentista de la próxima Diada del 11 de septiembre, emitieron un comunicado conjunto para tratar de tranquilizar al voluble mundo independentista. Tras las palabras de Ortega, dijeron que la consulta del 9 de noviembre es «irrenunciable e innegociable».
En la línea que también defendía –al menos hasta hace muy poco– CiU, ambas entidades subrayaron que la legalidad de la consulta está en la «legitimación» que le dan los partidos que la apoyan en el Parlament, que en las últimas elecciones obtuvieron una mayoría de los escaños.
«Los partidos responsables de decisiones políticas ajenas a la voluntad expresada por el pueblo de Cataluña quedarán fuera del marco legal acordado por una gran parte de la sociedad civil catalana», advirtieron también. CiU y ERC llevan, de hecho, muchos meses divulgando esta tesis: que en realidad el centro político de la sociedad catalana, en el ámbito nacional, se ha desplazado de manera irreversible.
Òmnium y la ANC concluyen desvelando que desconocían que Vila, Rigol y Ortega iban a iniciar una ofensiva para defender que la consulta soberanista sólo se celebre dentro de una estricta legalidad: «Las declaraciones se han hecho sin consultarnos y no deseamos seguir representados por personas que puedan dar opiniones absolutamente contrarias a las de nuestras entidades».
En el PSC, en cambio, la actitud de CiU se acogió con alivio. La portavoz de los socialistas catalanes, Esther Niubó, interpretó de las palabras de Ortega que el Govern se acerca a sus postulados, porque admite que la consulta «sólo» se podrá celebrar si es legal y fruto de un acuerdo entre los gobiernos español y catalán.
Mas, que en sus últimas intervenciones públicas también ha suavizado sus declaraciones con respecto al 9-N, reaparece hoy en Talamanca (Barcelona), escenario donde, hace 300 años, las tropas austracistas lograron su última victoria contra las borbónicas. Se espera que se pronuncie sobre la polémica en tan evocador escenario.
EL MUNDO – 13/08/14