Texto de la conferencia pronunciada por Rogelio Alonso el día 18 de octubre de 2006 en Bilbao, en un acto organizado por la Fundación para la Libertad. Aquí puedes ver un reportaje fotográfico del acto.
El consenso dominante durante la anterior legislatura que adoptó la forma del denominado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el Partido Socialista y el Partido Popular en 2000, ha sido gradualmente abandonado, sin que ambas formaciones se hayan reunido al amparo de dicha iniciativa desde la constitución del nuevo gobierno en 2004. La falta de consenso y la disputa en torno a esta decisiva faceta de la política antiterrorista ha sido prácticamente total a lo largo de los últimos años, evidenciándose con claridad en mayo de 2005, momento en el que el Congreso de los Diputados aprobó una resolución de Lucha contra el Terrorismo con el respaldo mayoritario de la cámara y la oposición del Partido Popular. Los contenidos de dicha resolución no diferían sustancialmente de lo acordado años atrás en el denominado Pacto de Ajuria Enea con el beneplácito de las principales formaciones políticas. En su punto 10 el Pacto firmado en Enero de 1988 señalaba lo siguiente:
“Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que los cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.”
A su vez, la resolución aprobada en el Congreso en mayo de 2005 señalaba lo siguiente en su punto 2:
“Expresamos nuestra convicción de que el Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y ésta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia.”
Se mantenía pues en 2005 el principio ya planteado en 1988 en función del cual el diálogo entre “los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia” sólo podría iniciarse “si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción”.
A pesar de ello la forma en la que la referida resolución fue planteada facilitó el rechazo a la misma por parte del Partido Popular, socio del Partido Socialista en el ya citado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que, sin embargo, no fue previamente informado de las intenciones gubernamentales. Cierto es que la política antiterrorista debe ser dirigida por el partido en el gobierno, tal y como reconocía el punto número 1 de este importante acuerdo, si bien el mismo Pacto por las Libertades reconocía que:
“El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista.”
La resolución de mayo de 2005 suponía sin duda un significativo cambio de estrategia antiterrorista al abrir la expectativa de negociación con la organización terrorista ETA, si bien en determinadas condiciones. El alcance de esa iniciativa y el compromiso de “búsqueda de posiciones conjuntas” recogido en el Pacto por las Libertades requería que el encargado de dirigir la política antiterrorista, esto es, el gobierno, facilitase información al otro integrante del pacto sobre las causas que le llevaban a abandonar la posición hasta entonces mantenida en la que se negaba cualquier posibilidad de diálogo con la banda o su entorno ilegalizado. Dicha información al principal partido de la oposición resultaba imprescindible habida cuenta de los contactos que representantes del Partido Socialista venían manteniendo con el entorno de la organización terrorista desde 2004, tal y como se confirmaría posteriormente.
Las consecuencias de plantear la resolución en ausencia de dicha información previa derivó en un comportamiento aparentemente incoherente. Por un lado se modificaba una parte importante de la política antiterrorista al ofrecer una negociación condicionada al tiempo que se reconocía que sólo podía progresar sin el acuerdo del Partido Popular, formación que, sin embargo, no recibió información sobre una cuestión tan fundamental. Se optaba pues por sacrificar el apoyo del Partido Popular por un respaldo cuantitativamente inferior como el que recibió el gobierno por parte del resto de formaciones. Por lo tanto, el método utilizado por el gobierno dificultaba alcanzar un consenso muy necesario en torno a tan significativa medida.
Esa forma en la que el gobierno decidió marginar el Pacto por las Libertades en aquella ocasión, y los acontecimientos posteriores que precedieron y sucedieron a la declaración de alto el fuego de marzo de 2006, hacen muy plausible el argumento de la eurodiputada socialista Rosa Díez al entender la modificación de alianzas por el que el gobierno optó como “un cambio de socio para complacer a ETA” con el que se quería visualizar que el gobierno “iba en serio” en su decisión de alternar la política antiterrorista seguida hasta entonces (“De victoria en victoria hasta la derrota final”, Abc, 6 de octubre de 2006)
La declaración del Congreso contenía un relevante potencial para reforzar las divergencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular en torno a la política antiterrorista. En ella el diálogo “entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia” quedaba condicionado a que ETA manifestase “una clara voluntad para poner fin a la violencia” mediante “actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción”. Se establecían por tanto unos límites que favorecieron un amplio respaldo a la citada proposición. Sin embargo, la fórmula elegida alentaba también la confusión al no precisar con absoluta claridad cuáles eran realmente las obligaciones objetivas que se le exigían a ETA. Es decir, en una hipotética situación de tregua la interpretación de cuáles debían ser las “actitudes inequívocas que puedan conducir a la convicción” de que ETA desearía concluir su campaña eran susceptible de crear una mayor división entre los principales partidos político. En realidad, el doble diálogo con ETA y Batasuna, diferenciado pero simultáneo, que el gobierno aceptaba en la resolución del congreso, favorecía los intereses del movimiento terrorista rebajando las normales exigencias democráticas. Suponía además reconocer a ETA como interlocutor legítimo asumiéndose como positiva y suficiente una mera declaración de alto el fuego aunque ésta no equivaliese a la total desaparición del grupo terrorista.
El tiempo demostraría que los temores suscitados por la ambigüedad de una resolución aparentemente clara estaban fundados. Así, tres meses después de que el 22 de marzo de 2006 ETA declararse un “alto el fuego permanente”, el gobierno anunció la apertura del diálogo con la organización terrorista a pesar de que las condiciones impuestas en la resolución del congreso no se hubiesen materializado. En mayo de 2006 el presidente del gobierno indicó que en junio de ese mismo año anunciaría la apertura de dicho diálogo en un contexto que contradecía claramente las condiciones marcadas por el texto del congreso. Así lo demostraba el hecho de que tan solo unos días antes el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurara que “el gobierno sigue sin la convicción de que ETA quiere poner fin a la violencia” (“El Gobierno admite que sigue sin la convicción de que ETA quiere poner fin a la violencia”, El Correo, 17 de mayo de 2006). Debe recordarse que las amenazas de dirigentes de Batasuna precedieron al cambio de actitud gubernamental suscitando por ello lógicos interrogantes sobre los motivos por los cuales el gobierno estimó necesario dar credibilidad a la coacción del entorno terrorista. Tal y como se reveló posteriormente, Zapatero declaró públicamente que un mes más tarde anunciaría la apertura del diálogo en un momento en el que Batasuna amenazó con bloquear el proceso si sus líderes iban a la cárcel tras comparecer en la Audiencia Nacional en el marco de sumarios abiertos como consecuencia de actividades que podían ir en contra de su ilegalización por la Ley de Partidos.
El presidente del gobierno realizó además tan relevante anuncio en un acto de partido, circunstancia ésta que fue criticada por otras formaciones políticas que entendieron inapropiado semejante foro para tratar una cuestión de estado de esas características. Unos días más tarde se produjo otro gesto que contribuiría a ahondar la ruptura de los principales partidos, pues el dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, anunció que se reuniría próximamente con Batasuna a pesar de ser ésta una organización ilegalizada. Si bien tanto el presidente del gobierno como Batasuna conocieron con antelación dicha iniciativa con la que se pretendía evitar el boicot de la formación ilegalizada al proceso de diálogo, el líder de la oposición tuvo conocimiento de la noticia a través de los medios de comunicación.
Revelador resultaba en ese sentido el comunicado emitido por un influyente movimiento cívico no partidista como ¡Basta Ya! en el que se advertía que “reconocer a Batasuna como un interlocutor necesario implica de modo inevitable cierta legitimación de la violencia como instrumento político válido, pues ese interlocutor no representa otra cosa que los intereses de una banda terrorista que se niega a desaparecer e impone condiciones para dejar de matar definitivamente”. En consecuencia, el movimiento social subrayaba que “la celebración de esa reunión ya constituye un pago político a ETA porque reconoce a su brazo político como un partido tan legítimo como los verdaderos partidos democráticos que ellos han perseguido cruelmente todos estos años.” Por ello ¡Basta Ya! concluía que “aceptar una negociación política con ETA puede llevar a perder una oportunidad histórica para derrotar a la banda definitivamente”.
El disenso entre gobierno y oposición se ha visto reforzado constantemente porque la creencia del primero en las posibilidades del final del terrorismo no han ido acompañadas de actos que la acrediten suficientemente, ignorándose que es ETA la que debe generar dicha confianza en una sociedad que con toda lógica desconfía de las intenciones de una organización terrorista responsable del asesinato de centenares de personas. Obviar el condicionante de la violencia tras décadas de terrorismo y las reticencias que en amplios sectores victimizados genera esa suerte de compulsivo acto de fe que se requiere de ellos, supone ignorar lo que realmente implica el terrorismo y las consecuencias del impacto psíquico que la amenaza genera. Por ello resultaba poco convincente valorar como positivos distintos comportamientos de Batasuna que hasta la fecha en absoluto evidenciaban el ineludible distanciamiento de la violencia y de ETA que deben requerirse para su normal participación en política. Así ha venido ocurriendo desde que en noviembre de 2004 Batasuna hiciera pública la denominada declaración de Anoeta, presentada por la formación ilegalizada como una propuesta por la construcción de “un proceso que conduzca a la solución y a la paz” (“Oferta política de Batasuna. Ahora el pueblo, ahora la paz”, Gara, 15 de noviembre de 2004). Sin embargo, Batasuna continuaba sin distanciarse “un ápice de las tesis tradicionales de la izquierda abertzale que considera que la paz no es el fin de la violencia, sino el triunfo de sus exigencias”, como escribió Florencio Domínguez en El Correo el 22 de noviembre de 2004.
Las reacciones a la declaración de Anoeta anticipaban un escenario de división que se evitó en aquel entonces para materializarse en los meses posteriores. Días antes de su anuncio tres socialistas guipuzcoanos, entre ellos Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, exigían al presidente Zapatero “valentía” y “asumir algún riesgo para ganar la libertad” ( “Prender la llama de la paz”, Gemma Zabaleta, Odón Elorza y Denis Itxaso, El Diario Vasco, 12 de noviembre de 2004). Lo hacían incluso antes de hacerse pública una propuesta que, con la falsa apariencia de un nuevo lenguaje pero sin desmarcarse realmente de ETA, pretendía reparar la deteriorada imagen de una marginada Batasuna mediante engañosas expectativas. Precisamente por ello estos socialistas favorecían en cierta medida los intereses del brazo político de la organización terrorista, como sugería la acertada valoración que de la propuesta abertzale hacía entonces el presidente del Senado, Javier Rojo: “Nos tratan de confundir, engañar y mentir y ante eso debemos seguir haciendo lo que hacemos, defender el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico en los términos en los que lo planteamos y la unidad de acción de los demócratas” (“Javier Rojo cree que la formación abertzale trata de ‘confundir, engañar y mentir’ con su declaración”, Europa Press, Deia, 16 de noviembre de 2004). La prolongada experiencia de la lucha antiterrorista en nuestro país demuestra que ésta ha alcanzado su mayor eficacia cuando se ha basado en el consenso de las principales fuerzas democráticas. De ahí el peligro de caer en la trampa que Batasuna y ETA planteaban como salida a su profundo aislamiento a unos meses de unas elecciones autonómicas en las que aventuraban un agravamiento de su situación. Por ello resultaban dañinas peticiones como las de los socialistas guipuzcoanos basadas en la fe en ETA más que en un riguroso análisis de sus dinámicas internas. No obstante, esa fe en la organización terrorista se incrementó gradualmente en ámbitos gubernamentales desembocando en la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la referida resolución de Lucha contra el Terrorismo en mayo de 2005.
Como ya se ha indicado, finalmente el presidente del gobierno anunció en junio de 2006 el inicio del diálogo a pesar de que ETA continuaba sin mostrar “una clara voluntad para poner fin” a la violencia y “actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción”, requisitos que la resolución aprobada por el congreso un año antes exigía para comenzar los contactos con la organización terrorista. Curiosamente el Partido Popular, que entonces rechazó dicha resolución, reclamaría un año después el cumplimiento de esas condiciones que sin embargo Zapatero ignoró, pues resultaba evidente que ETA seguía sin mostrar “actitudes inequívocas” de una “una clara voluntad para poner fin a la violencia”. Es éste un hecho objetivo que tienden a eludir quienes asumían que ETA había interiorizado ya la necesidad de desaparecer de la escena política, creencia que solía apoyarse en la declaración de alto el fuego, los tres años sin víctimas mortales y una supuesta separación de intereses entre Batasuna y ETA. Estos tres factores fueron utilizados para defender una “nueva realidad social” que hasta debería condicionar el comportamiento judicial. Se intentaba de ese modo conformar un realidad basada en percepciones o intereses políticos pero en absoluto en hechos objetivos que demostrasen unas intenciones pacíficas claras e irreversibles por parte de la organización terrorista. Por un lado, tres eran los años sin muertos pero no por voluntad de ETA, pues las detenciones de activistas y la incautación de documentación han confirmado sus intenciones de asesinar en ese mismo periodo que se vieron frustradas por los éxitos policiales.
Véase cómo la detención de dos etarras en febrero de 2005 en Valencia frustró acciones terroristas que perseguían la muerte de varias personas identificadas como objetivos por parte de la banda. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad interceptaron a comienzos de 2005 informaciones en las que dirigentes de la organización terrorista ordenaban a sus subordinados la comisión de asesinatos que finalmente no llegaron a producirse gracias a éxitos policiales. Garikoitz Aspiazu Rubina, considerado como uno de los líderes de la organización terrorista, exigía en enero de 2005 lo siguiente: “Tenemos que poner muertos encima de la mesa cuanto antes. Teniendo en cuenta la situación política, las hostias que nos han dado y que íbamos a hacer un año sin tirar (matar) a nadie, una ekintza (atentado) vendría mejor que bien. Tendréis que poner patas arriba a un enemigo uniformado. En esta situación quedará de la hostia y nos dará mucha fuerza” (“Muertos sobre la mesa”, Florencio Domínguez, La Vanguardia, 18 de febrero de 2005). La información que el 17 de febrero de 2005 publicaba el diario El País con el titular ETA ordena a sus ‘comandos’ “poner muertos encima de la mesa” resultaba reveladora de las intenciones de la banda al indicar que la dirección de ETA había ordenado recopilar información de numerosos objetivos con el fin último de cometer distintos asesinatos. La intención de cometer asesinatos era corroborada también por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien en julio de 2006 ordenó la busca y captura internacional para su posterior encarcelamiento del etarra Garikoitz Aspiazu, al que el juez consideraba inductor de dos delitos de asesinato frustrado. En septiembre de 2003 el terrorista ordenó asesinar a los miembros de una patrulla de la policía autónoma vasca, atentado en el que murió el etarra Arkaitz Otazua (“El juez Andreu ordena la captura internacional de ‘Txeroki’, jefe militar de ETA”, El Correo, 20 de julio de 2006).
Asimismo, ficticia continuaba siendo esa separación de intereses entre Batasuna y ETA, organizaciones que todavía permanecían inextricablemente unidas, siendo por ello peligroso asumir que la prematura legalización de la primera pudiese garantizar la desaparición de la segunda, ya que desincentivaría al brazo político para exigir la disolución de la banda. Al mismo tiempo los pronunciamientos de los terroristas desde su declaración de tregua corroboraban la ausencia de “actitudes inequívocas” de la hipotética voluntad de ETA para poner fin a la violencia, llegándose a reconocer explícitamente en alguna de estas ocasiones el carácter reversible de su “alto el fuego”. Incluso si se aceptara que dichas manifestaciones representaban gestos de consumo interno, innegable resultaba que ninguna confianza aportaban sobre las supuestas intenciones pacíficas de una banda que seguía extorsionando pese a su declaración de tregua, realidad ésta que no convenía minimizar con el fin de evitar la consolidación de una contraproducente impunidad de negativas consecuencias para la gobernabilidad. Recuérdese cómo a finales de junio de 2006 la policía desarticuló una red de extorsión de la organización terrorista ETA que había continuado recaudando dinero para la banda a pesar de la declaración de alto el fuego.
Por tanto, en el momento en el que el presidente del gobierno anunció el diálogo con ETA podría haberse afirmado lo mismo que dos días después de la declaración del alto el fuego se aseguraba en un editorial del diario El País de significativo título: Verificación con calma: “En sus dos comunicados, ETA mantiene la ambigüedad sobre si su renuncia a las armas es definitiva o condicionada a determinados resultados políticos”. Añadía el editorial: “De acuerdo con la resolución del Congreso, el periodo de verificación de la ‘clara voluntad de poner fin a la violencia’ que ahora se inicia debería comenzar por acreditar la renuncia definitiva a tales prácticas”, esto es la extorsión y la violencia callejera conocida como kale borroka. Se concluía además que: “Una segunda verificación tiene que ver con su carácter irreversible: sin esa garantía no es posible el diálogo con ETA” (“Verificación con calma”, El País, 24 de marzo de 2006).
Es por tanto indiscutible que el carácter irreversible de la tregua no ha sido confirmado, garantía que en aquel entonces sí se planteó como imprescindible para iniciar el diálogo con ETA. Por tanto se había creado un escenario en el cual el gobierno entendió necesario modificar sus exigencias previas. Es evidente que la política antiterrorista la dirige el gobierno de la nación, pero poco razonable resulta esperar que la oposición acepte importantes alteraciones de aquella si éstas no van precedidas de razonadas explicaciones que han estado ausentes en momentos clave. Así ocurrió al variar el gobierno las condiciones exigidas previamente para iniciar el diálogo con ETA o cuando se prefirió informar a Batasuna de las intenciones del PSE de dialogar con la formación ilegalizada mientras el líder de la oposición recibía la noticia por los medios de comunicación. Coherente resultaba cuestionar los motivos por los que el gobierno decidió modificar su postura en tan importante cuestión como respuesta a la coacción de Batasuna amenazando con el colapso del proceso de diálogo si se emprendían acciones judiciales contra sus dirigentes y si las autoridades no realizaban determinados movimientos.
La secuencia de acontecimientos anterior y posterior al alto el fuego de ETA demuestra cómo mediante un determinado discurso público se ha intentado conformar una realidad poco coincidente con la verdadera realidad hasta el momento, asumiéndose además como realistas los planteamientos de la organización terrorista. Así se apreciaba al aceptarse en diversos ámbitos la necesidad de legalizar a Batasuna aunque ETA continuase existiendo, lo que garantizaría una contraproducente legitimación del movimiento terrorista. De ese modo se ha intentado imponer gradualmente una interpretación positiva de señales equívocas en torno a las intenciones de ETA y Batasuna sobre las que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya alertaba en febrero de 2006 al afirmar que: “La historia de la lucha contra el terrorismo está llena de señales equívocas, interpretadas a veces de forma positiva por Gobiernos que se han equivocado” (Entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba en El País, 5 de febrero de 2006). La prudencia que de dichas palabras se desprende invitaba a mostrar una mayor comprensión hacia la desconfianza del Partido Popular en torno al diálogo con ETA, si bien el enfrentamiento entre los principales partidos políticos se mantuvo inalterable agudizándose la división entre ambos.
La división de las fuerzas democráticas fue el objetivo que también persiguió el IRA al verse presionado por eficaces medidas antiterroristas que le llevarían a interrumpir su campaña terrorista en Irlanda del Norte. Danny Morrison, prominente dirigente del IRA y del Sinn Fein, lo anunciaba en una carta a Gerry Adams, escrita desde la cárcel en 1992, en la que reconocía que la violencia mantenía unidos a sus enemigos, por lo que sugería detener el terrorismo y explotar el proceso posterior ante las dudas que surgirían sobre su gestión, provocando así la división de los partidos democráticos. Consecuente con ese objetivo debe considerarse la negativa del IRA a desarmarse por completo al tiempo que incumplía las promesas de disolución repetidas por los portavoces del Sinn Fein en los últimos años desde la declaración de alto el fuego del grupo terrorista en agosto de 1994.
Con unas intenciones muy similares encaminadas a profundizar las discrepancias entre las principales formaciones políticas, ETA y su entorno han ido creando expectativas sobre el final del terrorismo, utilizando un lenguaje que seduce a muchos a pesar de la ausencia de pruebas que evidencien una auténtica voluntad de la organización terrorista de disolverse. De ese modo la disminución de algunas de sus acciones terroristas, complementada con una retórica que promete paz y esperanza, sirven como eficaz instrumento de coacción al utilizarse la ansiedad colectiva por que el final de ETA llegue pronto como presión que obligaría a aceptar ciertos “sacrificios y riesgos por la paz”, términos profusamente utilizados en el actual marco político. Por tanto, tras la declaración de tregua muchos han sido quienes han defendido concesiones que inicialmente se rechazaban, pero que en esas circunstancias han presentado como necesarias para consolidar dicho alto el fuego con argumentos que se valen del lógico cansancio de una sociedad afectada por la amenaza terrorista durante décadas, entre ellos la insistencia en la necesidad de aprovechar una oportunidad histórica con el fin de evitar más víctimas.
Esta misma dinámica se ha reproducido en Irlanda del Norte, facilitando una contraproducente impunidad política, jurídica y moral que en absoluto ha acercado una verdadera paz. De esa manera el IRA ha logrado recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente, precedente que podría trasladarse al ámbito vasco si se cometiesen errores de los que creíamos haber aprendido. A este respecto, defender la negociación con ETA recordando que anteriores gobiernos también la acometieron constituye un buen argumento para descartar de nuevo su utilización, pues esas experiencias previas han demostrado lo ineficaz y hasta contraproducente de dichos diálogos.
Ese es el peligro de la negociación con ETA anunciada en junio de 2006. Aunque se insiste en que dicho diálogo sólo versará sobre la disolución de la banda, el precedente del cambio de criterio adoptado por el gobierno anunciando contactos sin respetar las condiciones previamente impuestas, alerta sobre futuras variaciones. Probablemente Batasuna continuará emitiendo señales equívocas que los partidarios del actual proceso desearán interpretar como muestras de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia. Sin embargo, si dichas señales siguen sin ser verdaderas “actitudes inequívocas” de la voluntad de disolución de ETA, serán incapaces de generar la confianza necesaria en las intenciones de la organización terrorista. Injusto y contraproducente sería entonces criticar a quienes desconfían de ETA y Batasuna, así como mantener el diálogo con la justificación de que la ambigüedad resulta necesaria para que el proceso avance. Este argumento ya se vislumbra, anunciándose ahora, en contra de lo asegurado anteriormente, la constitución de una mesa de partidos extraparlamentaria mientras ETA sigue sin desaparecer, peligrosa iniciativa sobre la que el prestigioso filósofo Fernando Savater ya advirtió: “La mesa de partidos, sobre la cual se hará política, pero fuera de las instituciones y bajo la cual estará agazapada ETA … representa el más alto precio político que la democracia puede pagar al terrorismo” (“Debajo de la mesa”, Fernando Savater, El País 27 de enero de 2006).
Ahora el cambio de actitud se justifica matizando que en dicha mesa sólo se tomarán acuerdos cuando ETA se disuelva, si bien los antecedentes referidos llevan a pensar en una nueva alteración de exigencias hoy aparentemente firmes. Como consecuencia de esta lógica se va liberando a la banda de la presión que debería recaer sobre ella, transfiriéndose la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a políticos y ciudadanos, así coaccionados para aceptar condiciones en absoluto democráticas. En modo alguno puede serlo tolerar que una organización terrorista continúe existiendo, manteniéndose estrechamente unida a una formación política a pesar de las declaraciones formales de sus dirigentes respaldando procesos democráticos contradictorios con sus comportamientos anti democráticos al beneficiarse de su asociación con dicha presencia. Esta dinámica puede contribuir a perpetuar la amenaza y la coacción de ETA, aun en situación formal de alto el fuego, al tiempo que se garantiza el fortalecimiento electoral de su brazo político y la legitimación de la violencia. Así se infería de las advertencias del integrante del movimiento cívico ¡Basta Ya! Fernando Savater al criticar la necesidad de “concesiones” como la de la mesa de partidos extraparlamentaria defendida desde ámbitos afines al gobierno: “Se trata de una concesión estrictamente política y no menor, a mi juicio. ¿Serán de igual calibre el resto de las «mínimas» concesiones? Después de su reunión con Batasuna, Patxi López dijo que habría que hacer próximamente sacrificios aún más dolorosos que ése. Dolorosos… ¿hasta qué punto y para quién? Lamento ser tenebroso, pero es que me hallo en tinieblas. Y la propaganda gubernamental no logra sacarme de ellas” (“Aclaración sobre la paz”, Fernando Savater, Cartas al Director, El País 14 de julio de 2006). Todo ello cuando, como reconocía el editorial del diario El País del 2 de agosto de 2006, “todavía no se sabe si la decisión de ETA es definitiva e irreversible”, esto es, cuando aún no se habían cumplido las condiciones que el propio gobierno impuso para iniciar el diálogo con la organización terrorista en la ya referida Resolución de Lucha contra el Terrorismo de mayo de 2005. Hoy, a punto de cumplirse siete meses de la declaración de alto el fuego, es más evidente aún que dichas condiciones no se cumplen, exponiendo por tanto los problemas de una política antiterrorista hacia ETA sostenida en la asunción de lo contrario.
En septiembre de 2005, el entonces Ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró que para que la esperanza a la que constantemente aludía el presidente del gobierno en relación con ETA se convirtiera en algo más, debía primero “vincularse con hechos precisos, no con hipótesis, ni con futuribles que, por esencia, debilitan la democracia y entorpecen la lucha contra el terrorismo”. Tras agregar que esos hechos todavía no se daban, enfatizó que ETA continuaba siendo una “organización terrorista que sigue viva, activa y operativa y que tiene capacidad de atentar”. Un año después, los hechos objetivos continúan demostrando la vigencia de semejante análisis. A pesar del incesante optimismo gubernamental, es sin embargo evidente que siete meses después de la declaración de alto el fuego de la banda las condiciones impuestas por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005 para dialogar con ETA siguen sin cumplirse. Es indudable que ETA continúa sin demostrar “una clara voluntad para poner fin” a la violencia o “actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción” que permitieran “apoyar procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia”.
Tampoco existe ningún hecho objetivo que demuestre que la publicitada declaración de Anoeta de 2004 merecía las positivas valoraciones recibidas desde algunos ámbitos al presentarla como la confirmación de la apuesta por las vías pacíficas de una Batasuna teóricamente más autónoma de ETA. Por el contrario, a lo largo de los últimos seis meses la organización terrorista ha confirmado explícitamente en varias ocasiones que su alto el fuego es reversible, tal y como enfatizó en el comunicado del pasado agosto en el que amenazaba con “responder” a la “represión”, y como ha vuelto a repetir hace unos días al subrayar su determinación de “seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria”. En todo este tiempo, el papel de Batasuna ha sido el de siempre, esto es, el de una formación subordinada a la dirección del movimiento terrorista y, por tanto, parte integrante del mismo que respalda de manera incuestionable los dictados de ETA. Estas constataciones no son irrelevantes, pues tal y como se deduce del análisis del ex Ministro del Interior reproducido más arriba, ponen de relieve que la actual política antiterrorista se ha apoyado en exceso sobre “hipótesis” y “futuribles que, por esencia debilitan la democracia y entorpecen la lucha contra el terrorismo”.
Cierto es que el anunciado contacto entre ETA y representantes gubernamentales ha quedado pospuesto, si bien sólo después de que dicho diálogo fuera anunciado por el presidente del gobierno como consecuencia de amenazas por parte de Batasuna, y a pesar del incumplimiento de los requisitos por él mismo impuestos, al no haber demostrado la banda su “clara voluntad de poner fin a la violencia”, como exigía la resolución del Congreso. Como ya se ha señalado, fueron esas amenazas de Batasuna las que llevaron a los dirigentes del PSE a mantener un contacto en el que el brazo político de ETA buscaba una victoria propagandística obtenida mediante una fotografía que le proporcionaba una legitimidad que políticos de un partido democrático le ofrecieron a pesar de la ausencia de pruebas que evidenciasen su más mínimo distanciamiento de la violencia. Es decir, las “hipótesis” y los “futuribles” continuaban debilitando la democracia y entorpeciendo la lucha contra el terrorismo, realidad también ineludible a pesar de la defensa del encuentro realizada por el gobierno y sobre cuyas negativas consecuencias alertó el respetado movimiento cívico ¡Basta Ya! al denunciar, como ya se ha señalado, que “la celebración de esa reunión ya constituye un pago político a ETA porque reconoce a su brazo político como un partido tan legítimo como los verdaderos partidos democráticos que ellos han perseguido cruelmente todos estos años.”
Del mismo modo, y también a pesar de la propaganda gubernamental en su defensa, es evidente que también debe calificarse como una preocupante y peligrosa concesión una mesa de partidos al margen de las instituciones como la que se pretende constituir. Por mucho que se intente disfrazar semejante iniciativa como un pragmático instrumento que en nada daña los principios democráticos contribuyendo en cambio a facilitar una supuesta transición de Batasuna hacia la democracia, la realidad indica todo lo contrario, pues dicha mesa sirve para reforzar la narrativa que del conflicto reproducen ETA y su entorno, facilitando además la coacción de una organización terrorista que todavía sigue activa. Al aceptarse esa mesa extraparlamentaria, de nuevo los “futuribles” y “las hipótesis” son reivindicados como justificación para decisiones políticas que aparentemente deberían generar positivos resultados –la supuesta integración de los radicales- pero que, sin embargo, siguen sin “vincularse con hechos precisos” –la existencia de una verdadera voluntad de aceptar las reglas de la democracia-. En cambio es innegable que consolidaría un déficit democrático al aceptar que negociaciones políticas se realizaran sin la desaparición de una organización terrorista cuya mera declaración de cese de actividades violentas no constituye una prueba inequívoca de su voluntad de poner fin a su existencia, tal y como constantemente nos recuerda la propia banda. En consecuencia, el éxito de la coacción al conseguir ETA la formación de esta mesa, deslegitimando principios democráticos básicos, incentivaría la perpetuación de la amenaza durante la negociación.
Algo similar está ocurriendo con la ilegalización de Batasuna al presentarse desde algunos ámbitos su vuelta a la legalidad como un mera cuestión de procedimiento que se solventaría con una simple redacción de nuevos Estatutos. De esa manera se facilitaría que un partido político inextricablemente unido a ETA buscase una fórmula verbal que le permita volver a la legalidad a pesar de mantener el vínculo con la organización terrorista, burlando de ese modo la política antiterrorista que llevó a su ilegalización. Tal y como demostró el pacto legislativo suscrito en 1999 entre el PNV, EA y Euskal Herritarrok en el que el brazo político de ETA reiteraba su “apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas”, los hechos y no las meras palabras, deben constituir la verdadera medida de su actitud respecto al terrorismo. En aquel entonces las palabras contradecían claramente los hechos, como ahora sigue ocurriendo.
Uno de los más dañinos episodios que se ha derivado de esa tendencia a sostener la política antiterrorista en “futuribles” e “hipótesis” sin una sólida “vinculación con hechos precisos” ha sido la revelación de que personas relacionadas con la lucha contra el terrorismo han podido colaborar con ETA advirtiendo a presuntos terroristas de una operación policial. Este hecho sin precedentes conduce al desprestigio de excelentes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tantos sacrificios personales realizan en el desempeño de sus funciones y que tantos y tan decisivos éxitos han cosechado en la lucha contra ETA. Anteponer al juicio de los verdaderos profesionales de la seguridad un criterio político como el de “no dañar el proceso de paz” con el que se ha justificado tan gravísimo suceso, supone ignorar el cumplimiento de la ley aceptándose que determinados fines supuestamente loables exigen medios definitivamente ilegales. Semejante lógica sólo puede desacreditar al Estado y a sus instituciones a la vez que fortalece a los terroristas.
El análisis hasta aquí expuesto demuestra que una política antiterrorista basada en “futuribles” e “hipótesis”, en la que los hechos objetivos son minusvalorados con el fin de moldear la verdadera realidad en torno a la organización terrorista, fomenta una estrategia repleta de trampas que, utilizando los términos del anterior Ministro del Interior, debilitan la democracia a la vez que entorpecen la lucha contra ETA. Por ello, frente a las constantes amenazas de la banda y de su entorno, razonable parecería una respuesta consistente en plantear a la organización terrorista el siguiente ultimátum: si ETA no demuestra de manera inequívoca esa clara voluntad de poner fin a la violencia que supuestamente existía y que habría llevado al presidente a dejar de consensuar la política antiterrorista con el principal partido de la oposición mediante un Pacto por las Libertades que no se ha reunido en dos años de legislatura, el gobierno convocará dicho Pacto renunciando a una hipótesis, la voluntad de los terroristas de abandonar la violencia, que los hechos no han logrado demostrar. Puesto que el denominado “proceso de paz” ha surgido al presentarse desde algunos sectores como una certeza que ETA deseaba poner fin a sus actividades, parece necesario demostrar de manera inequívoca si la premisa de partida es falsa o verdadera con objeto de frenar la división de los principales partidos democráticos en torno a la política antiterrorista.
En definitiva nos encontramos con un modelo de política antiterrorista que aboga por un pragmatismo que demandaría concesiones por parte del Estado frente al terrorismo a pesar de que en el discurso público éstas sean negadas. Así aunque la resolución del congreso destaca que “la violencia no tiene precio político” y que “la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia”, esta salvaguarda podría no ser tal, al plantear este modelo problemas como el de la perpetuación de la organización terrorista, que con una mera declaración de cese de actividades puede conseguir la vuelta a la legalidad de su brazo político y la excarcelación de sus presos. El referente norirlandés demuestra lo perjudicial que resulta recompensar dicho movimiento táctico de la organización terrorista sin ir más allá exigiendo a la banda tanto su desaparición como su desarme total y verificable. Así sucede al confundir la debilidad operativa de la banda y su cálculo estratégico de no mantener una campaña de asesinatos sistemáticos con una supuesta voluntad de desaparecer de la escena política si realmente no existe. De ese modo se toleraría la existencia de ETA, como ha ocurrido con el IRA, condicionando ésta el proceso político mediante un eficaz chantaje: partidos democráticos y sociedad se verían coaccionados para aceptar planteamientos de Batasuna y del nacionalismo institucional durante la reforma estatutaria bajo pretexto de que resultaría imprescindible asegurar que los “políticos” del movimiento terrorista controlasen a los más reacios a adoptar vías políticas en sustitución del terrorismo con el objeto de que ETA no reactivase su violencia. Esa misma lógica se había manifestado ya incluso sin una declaración de tregua, como confirman los gestos hacia Batasuna ante la creencia de un posible distanciamiento respecto de la banda, entre ellos la celebración de la reunión de Anoeta en 2004 y la tolerancia con la que se iba a permitir la asamblea de Batasuna en Baracaldo a comienzos de 2006 de no haber mediado la actuación de distintos agentes. Se generaría por tanto una dinámica difícil de controlar en la que Batasuna y ETA dejarían de recibir la presión política, policial, social y judicial, trasladándose la responsabilidad por la continuidad del “proceso de paz” a los partidos democráticos. Así se manifiesta ya al presentar a un partido democrático como el Partido Popular y a sectores sociales críticos con la actual política antiterrorista, entre ellos amplios colectivos de víctimas, como “enemigos de la paz”. Semejante lenguaje y la construcción de tan brutal estereotipo, contribuye a la legitimación de la organización terrorista y de su entorno, a quienes se suele presentar como actores que, a diferencia de los supuestos “enemigos de la paz”, sí buscarían la paz.
Insuficiente resultaría para el Estado la aparente interrupción de la campaña terrorista si ETA continuara existiendo, pues la banda y Batasuna se verían favorecidas para afianzar su poder y control de relevantes ámbitos sociales y políticos, planteando un desafío difícil de contrarrestar, como confirma la trayectoria del Sinn Fein y del IRA. A día de hoy, el IRA sigue siendo una organización activa que ha abandonado sus asesinatos sistemáticos pero no sus actividades de financiación y recopilación de inteligencia que ahora, como reconocen las fuerzas de seguridad, utiliza para su estrategia política dirigida por el Sinn Fein. La hábil dialéctica de Gerry Adams, beneficiándose de una peligrosa indulgencia, es enormemente contraproducente para el Estado, pues es cierto que el Sinn Fein ha optado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna. Es por ello por lo que la eficacia de la lucha antiterrorista debe evaluarse no sólo en función de la disminución de la violencia como consecuencia de razonamientos tácticos de la organización terrorista ante su debilidad y declive de su ciclo vital, sino teniendo en cuenta además la capacidad de coacción y control que su brazo político, y por tanto la propia banda, pueden llegar a ejercer sobre las instituciones políticas y la sociedad si reciben un respaldo y una legitimación tan innecesarios como perjudiciales para los intereses estatales.
Así lo pone de manifiesto la realidad social de un País Vasco en el que los mecanismos del terror son eficaces, como recuerdan los sucesos de Azkoitia. “El pueblo me apoya a mí, no a ella», explicaba acertadamente el asesino de Ramón Baglietto en referencia a la viuda de éste, definiendo con crueldad el bien y el mal en función de criterios numéricos. La hipocresía del alcalde nacionalista apoyando verbalmente a la víctima, pero respaldando con sus acciones al verdugo, revelaba los peligros que entraña intentar el final de ETA con un modelo antiterrorista que afiance en la sociedad vasca un estado de negación colectivo en el que los referentes morales y políticos queden totalmente revertidos, pues el poder conquistado mediante la violencia y la coacción suele ejercerse con los mismos medios. Precisamente porque ETA se diferencia de otros grupos como el GRAPO al poder disfrutar su brazo político de un significativo apoyo social en determinados contextos, como demostró la anterior tregua, el Estado no puede permitirse la más mínima legitimación de dicho entorno y de la narrativa del conflicto que intenta difundir. Como el modelo norirlandés expone, una sociedad no puede funcionar con el déficit democrático que se deriva de una impunidad política, jurídica y moral como la que se ha impuesto ante las reclamaciones del IRA a cambio del cese del terrorismo y que Batasuna y ETA también anhelan. Un rasgo diferencial agravaría para el caso vasco las consecuencias de esa impunidad, pues la violencia etarra no ha sido contrarestada con terrorismo de reacción, habiendo respondido la sociedad civil con un pacifismo que sería totalmente despreciado. De ese modo determinados individuos encontrarían en el incumplimiento de la ley un estímulo para la trasgresión y el recurso a la violencia, pudiendo favorecer también la represalia violenta de algunos ciudadanos ante la injusta inmunidad de quienes han infringido las normas del Estado de derecho.
A veces se reivindica el estudio de las causas de fenómenos terroristas exógenos mientras se ignora la etiología del terrorismo etarra, o sea, el absolutismo ideológico de individuos fanáticos que persiguen la imposición violenta de un ideario nacionalista. Al ignorarse dichas causas, aceptando un modelo para el final del terrorismo que incluya concesiones como las descritas, puede impedirse la erradicación del mismo. ETA y Batasuna no son entes ajenos, sino instrumentos de un movimiento que pretenden los mismos fines. Tanto ETA como Batasuna ambicionan un poder que paradójicamente el Estado podría facilitarles al entender que una renuncia táctica a la violencia equivale realmente a una auténtica metamorfosis del movimiento terrorista y a su desaparición. Por todo ello más eficaz resultaría la adopción de un modelo fundamentado en la necesidad de complementar el debilitamiento operativo de la organización terrorista con su absoluta y clara derrota política. Esto supondría que el proyecto nacionalista perseguido por ETA fuera inalcanzable pero que el brazo político de la organización tampoco viera satisfechas determinadas aspiraciones políticas como trueque por una simple declaración de alto el fuego. En consecuencia, la disolución total de ETA sigue siendo una exigencia realista y práctica que debería satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna, lo cual impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores. Este modelo incentivaría a Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición y facilitaría la restauración del consenso entre los principales partidos democráticos.
La integración de quienes deseen dejar la violencia reclama en primer lugar que exista esa voluntad de iniciar el tránsito hacia la democracia que hoy ETA y Batasuna siguen sin demostrar. En segundo lugar obliga a exigir los mismos requisitos que el resto de los partidos respetan, pues injusto resulta recompensar al terrorista eximiéndole de las obligaciones que cualquier ciudadano tiene por el hecho de haber hecho uso de la violencia. Ninguna igualdad de condiciones existe cuando se dispensa a un partido vinculado a una organización terrorista un trato privilegiado como consecuencia precisamente de dicha vinculación, como queda evidenciado al provocar cambios de actitud del Gobierno y del PSE como los descritos. La experiencia histórica nos demuestra que aquellos terroristas que han deseado dejar atrás la violencia lo han hecho ante la negativa de expectativas de éxito o de beneficios como los que algunos desean ahora para quienes todavía no han demostrado su voluntad de renunciar a la violencia. Acomodar el sistema democrático a los terroristas en lugar de obligarles a adaptarse a las condiciones de la democracia impide la consecución de la paz y la normalización política.
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, Bilbao, 18/10/2006