José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 25/6/11
Mientras se estaba produciendo el debate, primero, y la decisión, después, de las bases de Izquierda Unida en Extremadura sobre el sentido del voto de sus tres parlamentarios en el legislativo autonómico, se distribuía a cuenta gotas un libro que, en buena medida, explica la razón por la que la izquierda del PSOE -es decir, IU- se niega a secundar a Fernández Vara en Mérida, dándole el Gobierno de la comunidad al popular José Antonio Monago y cuáles son los motivos por los que la coalición encabezada por Cayo Lara ha propiciado hasta sesenta alcaldes conservadores en detrimento de los candidatos socialistas. El libro al que me refiero lo firman Francisco Sosa Wagner, eurodiputado de UPyD y catedrático de Derecho Público, y Mercedes Fuertes. Se titula “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica.”
Los autores han llegado a la conclusión de que en España “han aparecido unos poderes neofeudales que anidan en las instancias territoriales cuyo ejercicio se agrava por el hecho de que la misma fragmentación que afecta al Estado se advierte claramente ya en los partidos que han gobernado y gobiernan España.” Esa fragmentación a la que se refieren Sosa Wagner y Fuertes constata el hecho de que el Estado ha sido depredado por un sistema de reparto de competencias confuso y en permanente disponibilidad por parte de las comunidades, agravado desde 2004 por la segunda ronda de Estatutos de Autonomía.
De ahí que su tesis sea ésta: “El Estado, como consecuencia de la existencia de unos poderes locales cada vez más fuertes, se está quedando sin territorio en el que poder ejercer sus funciones. Es decir, se está quedando sin una de las claves que lo han definido tradicionalmente”. Por eso, “caminamos hacia la recuperación –inesperada y extemporánea— de un sistema parecido al feudal como consecuencia de la evolución que vive nuestro Estado autonómico desde 2004. Un sistema feudal con perfiles nuevos, pero en el que se advierten ciertos rasgos del orden antiguo, caracterizado por el hecho de que, en él, el interés predominante del noble –señor territorial y hacendado— se dirigía al disfrute –sin tapujo alguno y en disputa con el rey— de su posición económica, social y política.”
Este neofeudalismo, abusivo y chulesco, se ha manifestado de manera especial -aunque no sólo- en las comunidades autónomas en las que el PSOE se ha perpetuado hasta conformar una suerte de régimen: Andalucía y Extremadura son los ejemplos más descriptivos. En ambas autonomías los socialistas se han comportado como señoritos de cortijo recebando un sistema clientelar de fidelidad claramente feudal que ha echado mano de la solidaridad ideológica de IU cuando su posición hegemónica ha sido puesta en riesgo.
Nada hay de extraño, sino todo lo contrario, que en Extremadura, habiendo sido la lista del PP la más votada, los tres parlamentarios situados más a la izquierda se hayan resistido a comportarse como muletas de un averiado PSOE. Los parlamentarios de IU parecen haber seguido -respaldados por las bases de la coalición- los criterios de Julio Anguita según los cuales “el todos contra la derecha, es un eslogan fraudulento” y que “mientras IU no tenga la valentía de romper ese dogal, será un dócil instrumento del PSOE”, añadiendo que “desde 1982, el PSOE ha hecho toda la faena sucia que la derecha no era capaz de hacer”, declaraciones aparecidas todas ellas en el diario El Mundo del 18 de junio pasado. Pero es que el día siguiente, en Público, Cayo Lara, que con más empeño que acierto ha querido torcer la voluntad de la federación extremeña de IU, manifestaba que “no tengo ya ninguna esperanza en que este PSOE vaya a regenerarse”. Esto indica hasta qué punto, líderes anteriores y actuales de la coalición recelan de los socialistas.
Mayorías absolutas que se han convertido en regímenes
El fracaso de Cayo Lara es evidente porque no ha sabido sintonizar con su propia coalición ni en Extremadura ni en los muchos municipios en los que sus electos han franqueado alcaldías al PP. Los populares en todos esos casos han sido el mal menor para los concejales y parlamentarios autonómicos de IU porque el mayor era la perpetuación del neofeudalismo del PSOE en comunidades que no sólo no se han acompasado en el ritmo de su desarrollo a otras más dinámicas teniendo todas las posibilidades para ello, sino, en las que, además, se ha practicado un manejo del poder de modo exorbitante e inclemente, tanto para los adversarios -el PP- como para los próximos -Izquierda Unida-. Ahora, que la coalición, con el impulso de su militancia, trate de hacer saltar ese sistema de poder clientelar y prepotente, allí donde ha podido y sentido la necesidad de hacerlo no deja de constituir un cierto servicio a toda la sociedad española.
Es cierto, podrá decirse, que en Madrid y Valencia, por ejemplo, también se produce una perpetuación del Partido Popular. Pero, al margen de los méritos de ambos gobiernos populares, ello es posible por la extrema debilidad de la oposición socialista, incapaz de erosionar la posición de los Ejecutivos conservadores. El PP, sin embargo, ha sido hábil y capaz de adelantar a los socialistas en Extremadura y colorear de azul Andalucía entera, Sevilla incluida, lo que adelanta un derrumbe del PSOE cuando en aquella comunidad se celebren comicios autonómicos.
El neofeudalismo no puede -al menos en la tesis de Sosa Wagner y Fuertes- circunscribirse a comunidades gobernadas por el PSOE, aunque sí explicar la rebelión de las bases izquierdistas en ambos territorios del sur español. El problema, ciertamente, es más grave y más amplio y concierne a un Estado que se ido quedando sin territorio en el que desempeñar sus funciones rebañadas sistemáticamente por los Gobiernos autónomos aunque hayan sido de signo ideológico distinto. Pero no cabe la menor duda de que la combinación de una mala distribución territorial del poder y el ejercicio del mismo sin controles centrales, ha generado castas feudales que han abusado hasta el hartazgo y se han convertido en regímenes cuya duración ha sobrepasado el cuarto de siglo.
El Estado se concibió modernamente como instrumento para cohesionar territorios y asentar la ciudadanía -todos libres e iguales- suprimiendo el poder arbitrario de los señores feudales con derecho de pernada. Nos acercamos según nuestros autores, sin embargo, a la vuelta de “la Edad Media” y a la “autocracia principesca”. Recuperar la alternancia, por una parte, y devolver al Estado -al Gobierno y Administración central- competencias evitaría astracanadas como las que se exponen en los cuatro relatos de la España autonómica que Sosa Wagner y Fuertes no cuentan en su libro: el Estado no puede decidir de facto la localización de una instalación de residuos nucleares; tampoco instalar redes de alta tensión; no está en condiciones de hacerse cargo de las competencias sobre zonas protegidas que pertenecen territorialmente a varias comunidades y, en fin, cada autonomía reivindica la propiedad del agua de los ríos cuyos cauces atraviesan su superficie.
La fragmentación irracional es, pues, el grave problema, que genera dos subsiguientes: de una parte, la postración del Estado, y, de otra, el feudalismo de las clases dirigentes autonómicas. Si la actitud de los parlamentarios de IU en Extremadura se observa desde esta perspectiva, quedaría perfectamente claro que la suya es una rebelión enfáticamente democrática, más allá de adscripciones partidistas. O sea, Pedro Escobar y los suyos son unos indignados coherentes y efectivos.
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 25/6/11