FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO – 07/10/14
· Con el otoño vuelven a activarse los grupos de mediadores con ETA. El Grupo Internacional de Contacto, de Brian Currin, y la Comisión Internacional de Verificación, de Ram Manikkalingam, se mueven estos días para recuperar protagonismo y hacerse presentes en el País Vasco antes de que acabe el año. La fecha mágica la pusieron en julio Jonathan Powell y Martin McGuinness, que consideraron que había plazo hasta acabar el año para hacer alguna nueva operación pacificadora. Después vendría un tiempo electoral poco propicio para ningún movimiento de calado.
Ahora se trabaja en la cuestión de los arsenales de ETA. Ya se sabe que la banda está dispuesta a escenificar nuevos sellados, pero el desarme real lo sigue condicionando a una negociación de armas por presos. Al Estado, sin embargo, las armas de ETA no le interesan tanto como para cambiarlas por presos. La banda puede hacer con las armas lo que quiera: venderlas, destruirlas o dejarlas donde están hasta el fin de los tiempos. En 1989, en Argel, tenían valor en la mesa de la negociación. En 2014, las armas, al igual que los presos, son un problema de ETA, no del Estado. Ahora que ya no hay ninguna oferta del Estado encima de la mesa, ETA acepta lo de paz por presos.
A ETA se le puede aplicar aquello que la ex secretaria de Estado norteamericana en el Gobierno de Bill Clinton, Madeleine Albrigth, decía del líder palestino Yaser Arafat: que no perdía la oportunidad de perder una oportunidad. Durante décadas, los gobiernos españoles le ofrecieron a ETA paz por presos, pero la banda exigía paz por autodeterminación y territorialidad y consideraba una ofensa que le plantearan abandonar el terrorismo a cambio de la libertad de los militantes que tenía en la cárcel.
La historia no pasa en balde y en este momento parece más realista hablar de paz por RGI, paz por ayudas sociales. Hay etarras que después de haber estado huidos durante décadas han regresado de América para poder tener acceso a la Sanidad pública. El comunicado oficial que hizo el colectivo de huidos en Biarritz el 15 de junio de 2013 reclamaba abiertamente ayudas sociales para sus miembros. Pedían a los poderes públicos que adoptaran medidas «para garantizar nuestros derechos básicos y una vida digna», medidas «para garantizar la dignidad de los exiliados en situación de exclusión» y atención a los enfermos y los mayores de sesenta años.
El Gobierno vasco, en su plan Hitzeman de apoyo a la reinserción de los presos, ofrece a los reclusos, como incentivo para que se sumen al programa, asesoramiento legal, apoyo para la inserción laboral y el acceso a la vivienda. Es decir, ayuda social.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, EL CORREO – 07/10/14