Plan de choque del Ministerio del Interior contra la yihad

EL MUNDO – 12/01/15

· Poner a la sociedad civil a trabajar, echar mano de sus profesores, de los trabajadores sociales y hasta de los médicos para detectar los síntomas de radicalismo entre los musulmanes –entre 1,2 y 1,5 millones, según las estimaciones– que residen en España. Después habrá que intentar desactivarlos y cerrar las fuentes de las que se nutren los jóvenes que aspiran a ser yihadistas.

Los atentados de París han incitado al Ministerio del Interior español a desempolvar el Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, en el fondo islamista, que empezó a elaborar hace dos años y cuya próxima aprobación anunció hace ya siete meses, en Bruselas, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ahora sí, será adoptado en breve por el Consejo de Ministros, según vaticinó el ministro Jorge Fernández Díaz. «Es la hora de la acción», declaró ayer en París.

«La ausencia de implementación de un complejo, pero imprescindible, plan multifacético cuando ya se han cumplido tres años de legislatura evidencia el tiempo perdido», escribió el sábado en su blog Rogelio Alonso, director del máster sobre terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.

«En España hay dimensiones de la lucha contra el terrorismo bien rodadas, como el ámbito policial, y otras no tanto, como la prevención y radicalización», dice Fernando Reinares, investigador principal del Instituto Elcano. Achaca esa deficiencia a «las dificultades de coordinación entre administraciones públicas a distintos niveles», un problema que surge con frecuencia en España.

El plan es la tercera salva jurídico-administrativa que dispara el Gobierno contra un fenómeno en auge, el yihadismo, pero que en España ha tenido relativamente poco impacto –exportó 15 veces menos yihadistas a Oriente Próximo que Francia–, excepto en Ceuta y Melilla. Por eso quizá las pocas prisas por aplicar unos procedimientos que entraron en vigor en 2011 en los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Reino Unido.

Elaborado bajo la batuta del desaparecido Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, con la colaboración de 12 ministerios, de la Federación Española de Municipios y de la Fundación Pluralismo y Convivencia, el plan ha sido en cierta medida inspirado por el británico aunque todos se asemejan.

La primera salva fue disparada en 2012 con la aprobación de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional, diseñada sobre todo para mejorar la eficacia de las fuerzas de seguridad. La segunda tuvo lugar la semana pasada con la introducción en el Congreso de los Diputados, por el Grupo Popular, de 12 medidas para poder castigar con más severidad los llamados lobos solitarios, que se radicalizan por su cuenta, y la difusión en internet de contenidos terroristas.

Con este plan se trata de empezar a actuar «no sólo a través de la reacción, sino en fases previas, es decir antes de que se produzcan esos fenómenos», asegura el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. No da muchos más detalles porque es y seguirá siendo secreto, aunque Interior redactó, el 7 de enero, un resumen que explica su filosofía, pero que aún no ha distribuido.

El objetivo del plan es «establecer estructuras operativas y administrativas específicas» para «crear cauces fluidos de intercambio de información» entre las distintas administraciones y también con la sociedad civil para poder «intervenir (…) desde todos los ámbitos» cuando se detecten «manifestaciones de radicalidad o violencia extremista», reza el resumen. De la coordinación de todos estos actores se encargará Interior a través de una «estructura interministerial». Barrios o distritos con fuerte concentración de población musulmana son los «escenarios principales» en los que se luchará contra la radicalización. De ahí la necesidad de «diseñar un intercambio específico de información» entre los ayuntamientos e Interior.

En cada distrito habrá un delegado, al que se le impartirá una formación ad hoc, según fuentes conocedoras del plan. Éste será el receptor y primer evaluador de las sospechas que le trasladen profesores de instituto que observen, por ejemplo, el cambio de atuendo de un alumno; las trabajadoras sociales a las que un joven ya no quiera dar la mano; los médicos cuya paciente rehúse de pronto desvestirse, etcétera.

¿Quiénes son los que se radicalizan en España?

«Aquellos musulmanes que, aunque en algún momento tuvieron el deseo de integrarse, no se consideran ahora parte del país y buscan una identidad alternativa», responde Juan Manuel López, que hasta 2012 dirigió la Fundación Pluralismo y Convivencia. «No es un problema social ni ideológico, sino de identidad». «La mejor manera de evitar que surja es que se sientan musulmanes españoles y no musulmanes en España», añade. «Para lograrlo hay que normalizar las mezquitas, las tiendas hallal, etcétera». Hay que «normalizar» también «la jerarquía de las comunidades islámicas, que en España está obsoleta y alejada de la democracia», recalca Juan Ferreiro, catedrático de la Universidad de A Coruña y que años atrás trabajó sobre estos temas en el Ministerio de Justicia. «El Gobierno no haría mal si ayudara a impulsar un proceso realmente democrático» que hiciera que el clero musulmán tuviera más predicamento sobre sus fieles. En «el ámbito del ciberespacio» la estructura que coordinará Interior deberá vigilar la Red y, si lo considera necesario, «proponer acciones ejecutivas de cierre de contenidos o de detención de sus autores».

Están sobre la mesa. Algunas de las medidas, incluso, se discuten hace meses en el Congreso. Lo cierto es que tanto por la vía del Código Penal como por la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Gobierno busca herramientas para hacer frente al terrorismo de Al Qaeda y del autodenominado Estado Islámico.

Así, entre otras iniciativas, vía enmienda, el Ejecutivo trata de aprobar en el nuevo texto del Código Penal iniciativas para cortar las actuaciones individualizadas de los terroristas. Hasta ahora, las consecuencias de los actos de un solo terrorista no eran tan duras penalmente como las de los cometidos de forma colectiva, los de las células. Ahora, se trata de poder considerar a un lobo solitario como integrante de trama terrorista y añadir así un delito más.

Según explicaron fuentes del Ejecutivo, las propuestas nuevas contemplan la penalización del adiestramiento «pasivo» y la autorradicalización, una de las reclamaciones procedentes del mundo judicial y policial. Estas conductas son propias de combatientes retornados y de lobossolitarios. También se quiere castigar, en el nuevo texto, el propio desplazamiento de los llamados combatientes extranjeros a zonas de conflicto para integrarse en organizaciones terroristas. Se agravará, asimismo, la pena al adiestramiento activo de menores y discapacitados.

Otro de los capítulos preferentes es la lucha contra la captación por redes sociales: se penalizará la difusión por internet de contenidos terroristas o que inciten a la comisión de actos terroristas. Asimismo, se inhabilitará para ser docente a los condenados por terrorismo.

Otra de las preocupaciones es dotar de más eficacia a la intervención de las comunicaciones. En las modificaciones al nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se buscará dar mayor inmediatez a estas interceptaciones, clave para los especialistas policiales. Se tratará de adecuar los procedimientos para las interceptaciones telefónicas y telemáticas a la agilidad que requiere la lucha contra este tipo de terrorismo. Este tratamiento se buscará también para la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos (micros).

También se arropará el acceso a los datos de archivos automatizados de los operadores de servicios y otros prestadores de servicios de la sociedad de la información. Asimismo, se tratará de hacer ágil el acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad. Estos cambios se proponen después de los pronunciamientos del Constitucional en los que sólo da arropo legal a las intervenciones telefónicas.

Se quiere también poner en marcha registros remotos sobre ordenadores, dispositivos electrónicos y sistemas informáticos. Además, se quiere mejorar el procedimiento para la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica en las investigaciones de terrorismo.

EL MUNDO – 12/01/15