Destacados miembros de los dos principales partidos políticos españoles, el PSOE y el PP, argumentan que se debería dejar a Sortu a su aire hasta que consiga algo que puede no estar en su poder: la disolución final de ETA. Esta estrategia crea una peligrosa, pero un poco irracional, convicción en amplios sectores de la sociedad vasca de que siguen los intereses de Madrid para excluir definitivamente a la Izquierda Abertzale de las instituciones españolas.
La decisión del Tribunal Supremo español de no legalizar el nuevo partido vasco Sortu plantea interrogantes inquietantes. Por un estrecho margen – nueve contra siete – los jueces aceptaron los argumentos de los equipos jurídicos del gobierno de que Sortu es una “continuación” de la ilegalizada Batasuna y, por lo tanto, un frente político de la banda.
Aunque draconiana por naturaleza, la Ley de Partidos Políticos (2002), en virtud de la cual se prohibió Batasuna, fue confirmada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y la mayoría de los españoles y muchos de los vascos consideran que Batasuna no podía tener derecho a la participación política mientras ETA estuviera negando a otros el derecho a la vida.
Pero ahora las circunstancias son muy diferentes a las de 2002. ETA lleva en un incondicional alto el fuego desde hace seis meses. Más importante, los estatutos de Sortu son radicalmente diferentes de los de Batasuna, aunque muchas de las personas que lideran el partido son las mismas figuras que rechazaron condenar la violencia incluso cuando cometía terribles atrocidades. Esos estatutos no dejan lugar a dudas en su rechazo a la política violenta. Cualquier miembro de Sortu que no rechace futuros actos violentos de ETA debe ser expulsado. Es un hecho sin precedentes para el movimiento radicale independentista conocido como izquierda abertzale o “izquierda patriótica”.
Es muy comprensible que muchos demócratas españoles desconfíen de este nuevo punto de partida y ciertamente deberían ser sometidos a una vigilancia judicial. Pero los juristas que se oponen a la legalización no pudieron mostrar pruebas documentales que ligaran Sortu con ETA y se basaron totalmente en las opiniones de altos cargos de las fuerzas de seguridad. Con todo el respeto a estas opiniones, otras fuentes de la inteligencia indican que en la línea dura que queda en una muy debilitada ETA están indignados por la nueva política de Sortu y que el debate interno en la Izquierda Abertzale durante los últimos cinco años ha sido traumático, pero decisivo.
Destacados miembros de los dos principales partidos políticos españoles, el PSOE y el PP, argumentan que se debería dejar a Sortu a su aire hasta que consiga algo que puede no estar en su poder: la disolución final de ETA. Esta estrategia crea una peligrosa, pero un poco irracional, convicción en amplios sectores de la sociedad vasca de que siguen los intereses de Madrid para excluir definitivamente a la Izquierda Abertzale de las instituciones españolas. Probablemente sería más prudente permitir que Sortu participara en las próximas elecciones de mayo. En caso de que ETA vuelva a las andadas y Sortu no actúe de acuerdo con sus propios estatutos, la ley estipula que pueda realizarse una nueva y rápida prohibición.
The Irish Times (Irlanda del Norte), 25/3/2011