Juan Manuel de Prada, ABC 08/12/12
Si castellano y catalán son lenguas vivas y reconocidas como oficiales deben recibir ambas el mismo tratamiento.
Sospecho que si hubiesen encargado a Salomón un juicio sobre la enseñanza en Cataluña no se habría distinguido demasiado del que propone el borrador de la ley educativa presentado por el ministro Wert: «Las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos». Creo que es un juicio guiado por el sentido común que, allá donde coexisten dos lenguas, la ley exija que ambas sean estudiadas en igualdad de condiciones; pero es que, además, el borrador presentado por Wert admite que se dé «un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano». Sólo en caso de que tal «proporción razonable» no se respete, se impone a la comunidad autónoma la obligación de pagar la educación privada del menor en la lengua que los padres elijan.
Quizás en esta salvedad última se halle el único error de la reforma propuesta por el ministro Wert. En primer lugar, porque a una comunidad autónoma que no garantice una «proporción razonable» o «equilibrada» en la enseñanza de lenguas cooficiales debe obligársele a hacerlo por imperativo legal, y no permitírsele que no lo haga, a cambio de que apoquine. En segundo lugar, porque tampoco es justo que los padres puedan elegir que a sus hijos se les eduque en una sola lengua, sea ésta castellano o catalán, allá donde coexisten dos lenguas; pues se presupone que los padres deben desear lo mejor para sus hijos, y lo mejor para sus hijos es que conozcan bien ambas lenguas. Ni siquiera juzgo propio de una sociedad sana que, allá donde dos lenguas coexisten, existan colegios privados que enseñen únicamente en una de las dos lenguas; pues tal educación será siempre demediada e insuficiente.
En el fondo de toda esta discusión subyace el contradiós generado por las «materias troncales», las «lenguas vehiculares» y demás paparruchas generadas por una pedagogía funesta que ha sido aprovechada en ciertas comunidades autónomas para relegar el estudio del castellano a un arrabal de incuria. Si castellano y catalán son lenguas vivas y reconocidas como oficiales deben recibir ambas el mismo tratamiento: su gramática y sintaxis enseñadas como ambas merecen, al igual que sus respectivas tradiciones literarias; y utilizadas en «proporción razonable» en las demás asignaturas.
El «trato diferenciado» que el borrador del ministro Wert admite para la lengua cooficial respecto del castellano no deja de ser una concesión medrosa o políticamente correcta (que, además, abre la puerta a la reclamación de quienes prefieran un «trato diferenciado» para el castellano); pero revela que Wert no pretende, en modo alguno, «menospreciar» el catalán, como sus detractores pretenden, o quererlo convertir en una asignatura «prácticamente optativa». Tampoco vemos que el borrador de Wert permita que un joven «pueda obtener el título de bachillerato sin examinarse nunca de catalán»: se supone que habrá de examinarse obligatoriamente en catalán de lengua y literatura catalanas, como habrá de examinarse obligatoriamente en castellano de lengua y literatura españolas; y que del resto de asignaturas podrá examinarse en la lengua que prefiera. Esto es lo que aconseja el sentido común y lo que el borrador de Wert, a grandes rasgos, propone. Pero en un mundo que ha perdido la cordura el sentido común puede llegar a parecer locura.
Juan Manuel de Prada, ABC 08/12/12