ABC 11/09/15
· La asociación define como «adoctrinamiento político» la política educativa en la región
«Un informe que ojalá no hubiéramos tenido que escribir». Con esta frase presentó ayer Sociedad Civil Catalana su estudio «Déficits de calidad democrática en Cataluña», que recoge las preocupaciones de esta agrupación de catalanes contraria al secesionismo y que denuncia la «limitación de sus derechos».
Próximo a las elecciones autonómicas que se celebrarán el 27 de septiembre y después de los datos aportados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), este estudio trata de demostrar cómo desde la Generalitat se está vulnerando la ley para actuar en beneficio del nacionalismo. En el informe abundan las «evidencias de carencias democráticas» que se han acrecentado desde hace dos años. El abogado de la Administración de la Seguridad Social y secretario de la sociedad, José Domingo, quiso destacar que si se hubieran recogido acontecimientos de los últimos treinta años el análisis habría sido incluso «más sangrante».
La principal crítica que realizan desde Sociedad Civil catalana aborda el papel que están llevando a cabo tanto la Generalitat como el resto de administraciones que «toman partido: no son neutrales». De hecho, en el escrito definen a estas instituciones como la «protoadministración de un estado catalán», ya que acciones como la creación del Consejo Asesor para la Transición –un órgano dependiente de la Generalitat que tiene como función «asesorar sobre la forma en que puede crearse un nuevo Estado sobre el territorio de Cataluña»– y la desobediencia a los dictámenes del Tribunal Constitucional son los principales responsables de esta «bajada de la calidad» de la democracia en Cataluña.
Aunque reconocen que este informe no es exhaustivo, Sociedad Civil Catalana, representada por Josep Ramón Bosch, incide en la problemática del «adoctrinamiento político» que se lleva a cabo en las aulas, usando como principal instrumento la lengua catalana. El abogado José Domingo, que se encargó de comentar este apartado, explicó que en la mayoría de los centros, de las 25 horas lectivas, 19 se dan en catalán, tres en castellano y otras tres en lengua extranjera, obviando así las resoluciones judiciales que luchan por implantar un sistema bilingüe.
También quisieron hacer especial hincapié en la falta de neutralidad de los medios de comunicación catalanes públicos y en las subvenciones a aquellos medios privados que muestran una ideología afín. De la misma forma, condenaron el «uso propagandístico» que la Generalitat hace de la publicidad institucional, haciendo referencia a la similitud que tiene la última campaña de la administración con la lanzada por ANC.