Ni en 1993 ni en 1996 se hizo lo que pretende Rodríguez Zapatero para 2004, a saber, tocar el hueso del gran pacto civil de 1978. Ése es un ejercicio de altísimo riesgo cuando hay fuerzas políticas en el poder en más de una Autonomía cuyo objetivo explícito y confesado es la secesión.
En 1993 y 1996 partidos nacionales sin mayoría absoluta en el Congreso formalizaron pactos con partidos nacionalistas que se tradujeron en reformas del sistema de financiación autonómica y en transferencias de competencias. Por tanto, alega ahora el PSOE, existen precedentes de cambios en el Estado de las Autonomías fruto de acuerdos políticos dentro del marco constitucional y la actual actitud «inmovilista» del PP obedece a puros intereses electorales. Sin embargo, lo que el equipo de Rodríguez Zapatero no dice es que bastantes de sus iniciativas presentes nada tienen que ver con lo realizado en épocas anteriores. Una cosa es incrementar el porcentaje de ciertos impuestos generales atribuido directamente a las Comunidades Autónomas y otra trocear la administración tributaria estatal y, obviamente, no existe parangón entre confiar a los gobiernos autonómicos la gestión de la parte no judicial de la administración de justicia y desposeer al Tribunal Supremo de su condición de última instancia de apelación para el conjunto de España. Además, si, según los expertos socialistas que en estos días multiplican sus esfuerzos intelectuales para cuadrar el círculo de su extraña situación en Cataluña, el modelo de financiación autonómica vigente ha de evolucionar hacia otro en el que los recursos per cápita coincidan en todos los casos con los que hoy disfrutan las Comunidades forales, cabe preguntarse de dónde saldrá el dinero. Porque si al final lo que se produce es un trasvase presupuestario del Estado central a las arcas regionales para poner a todas al nivel vasco y navarro, o bien el Estado central renuncia a algunas de sus funciones esenciales o no se ve muy bien cómo se va a lograr ese milagro de los panes y los peces.
En cuanto a la cacareada «territorialización» del Senado, ¿se trata de convertirlo en una asamblea de gobiernos autonómicos como en Alemania o de qué estamos hablando? Y respecto a la muy solicitada Conferencia de Presidentes Autonómicos con el Presidente del Gobierno central, ¿creen de verdad los dirigentes socialistas que Ibarretxe se va a sentar amigablemente a discutir en pie de igualdad con sus «colegas» de Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares? ¿Representa una visión muy plausible la de consejeros del PNV incorporados a nuestra delegación en el Consejo Europeo defendiendo lealmente los intereses nacionales de España ante la Unión?
Muchas de las medidas presentadas por el PSOE lo único que conseguirían es multiplicar los focos de tensión institucional.
Ni en 1993 ni en 1996 se hizo lo que pretende Rodríguez Zapatero para 2004, a saber, tocar el hueso del gran pacto civil de 1978. Ése es un ejercicio de altísimo riesgo cuando hay fuerzas políticas en el poder en más de una Autonomía cuyo objetivo explícito y confesado es la secesión. En resumen, que la irresponsabilidad y la frivolidad no sirven como alternativa.
Aleix Vidal-Quadras, LA RAZON, 7/1/2004