EL MUNDO 03/10/14
· Presenta un plan de reinserción para los presos y ex presos que se comprometan con avanzar hacia la «autocrítica»
El Gobierno de Iñigo Urkullu no tiene competencias para ello, pero abrirá una ventanilla para que los presos y ex reclusos de ETA puedan apuntarse mediante un formulario de inscripción a un «plan de resocialización» que les ayude a avanzar en «el reconocimiento autocrítico del daño causado a las víctimas». El objetivo es «facilitar o agilizar» los informes positivos de las juntas de tratamiento y del juez de Vigilancia Penitenciaria, de modo que los condenados puedan salir a la calle «de un modo constructivo». Para ello, el Ejecutivo ofrecerá a los inscritos respaldo «personal», legal y psicológico con «entidades especializadas», y les ayudará a encontrar trabajo –de la mano del Servicio Vasco de Empleo, patronales y sindicatos– y un piso –a través de su área de Vivienda–.
Esa «cobertura institucional» podrá durar dos años, según figura en el documento que el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, contrastará en los próximos cinco meses con partidos, instituciones, víctimas, familiares de presos y con los propios reclusos.
Los condenados por delitos terroristas podrán entrar en el Programa Hitzeman (dar la palabra) firmando un «formulario de trámite que simplemente exprese la voluntad de hacer un recorrido», según explicó. ¿Qué pondrá en ese formulario? «Que el preso tiene la voluntad de desarrollar un compromiso por la paz y la convivencia en nuestro país, y que se adhiere al programa con la voluntad de desarrollar el itinerario que propone». Ése es el punto de partida; el de llegada, lograr que al final el recluso tenga un «razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos en el pasado, el presente o el futuro; y una expresión de autocrítica y de reconocimiento del daño causado a las víctimas». En principio, se evita la palabra arrepentimiento y no se contemplan algunas exigencias de la ley como la ruptura con ETA o la colaboración con las autoridades.
Jonan Fernández no ocultó ayer las dudas que se ciernen sobre la efectividad de un plan para el cual el Gobierno vasco no tiene la llave, ya que Instituciones Penitenciarias depende del Ministerio del Interior y no del Ejecutivo autonómico, que ayer volvió a reclamar esta competencia recogida en el Estatuto de Gernika. El gabinete de Urkullu reconoce que no puede ofrecer «garantía» alguna a los presos porque «no está en su mano». El lehendakari ha entregado el plan –subtitulado La vía legal– al presidente Mariano Rajoy, quien, según Fernández, prometió estudiarlo.
Esa falta de garantías tampoco parece que pueda resultar muy convincente para los presos de ETA: supondría apuntarse individualmente a una especie de autocrítica, sin destino claro. La izquierda abertzale organizada en Sortu, que aún no ha querido condenar el terrorismo que apoyó durante medio siglo y se ha quedado en rechazar la violencia futura, calificó ayer el programa de un «brindis al sol» y la misma sensación cunde en el PSE-EE y el PP vasco.
Este plan de reinserción que el ex concejal de HB considera «legal, viable, realista y progresivo» se solaparía con el itinerario ofrecido por el Ministerio del Interior, que de momento –que se sepa– sólo ha culminado un preso, Asier Arronategi, en libertad condicional tras firmar una declaración ante notario. El programa vasco es otra vuelta de tuerca a la vía Nanclares impulsada por el PSOE de Rodríguez Zapatero y Patxi López fuera de los focos. En su caso, el Ejecutivo nacionalista quiere que un grupo de «personalidades» –como algún «experto internacional en derechos humanos»– se encargue de recomendar a cada preso «un itinerario personal» que pueda ser evaluable: el recluso podrá desarrollar un «compromiso académico», en colaboración con universidades; un «compromiso asociativo», con organizaciones de la sociedad civil; un «compromiso institucional», de la mano de ayuntamientos y otras instituciones; o un «compromiso solidario, en colaboración con proyectos concretos de solidaridad».
Al final, la comisión gestora emitirá un dictamen favorable o desfavorable a la evolución del terrorista que el Gobierno vasco certificará y enviará a las instituciones competentes. El plan podría ampliarse en el futuro a los huidos de ETA.