Santiago González, EL MUNDO, 9/10/12
La arquitectura institucional de España es la herencia de tiempos más boyantes, razón por la que sus hechuras de catedral gótica están dejando de ser lo que ahora se llama sostenibles. El conflicto no está ya entre el Estado y sus autonomías, sino en el interior de las mismas. El diputado general de Alava, el popular Javier de Andrés, ha pedido una revisión de la Ley de Aportaciones, que fija la contribución de cada Diputación a los Presupuestosde la Comunidad. Se queja de que cada alavés paga una media de 4.638 euros anuales, mientras la aportación media de cada guipuzcoano es de 4.000 euros y la de cada vizcaíno, 3.805. Basta multiplicar estas cantidades por el número de habitantes para comprobar que Álava paga la mitad que Gipuzkoa y algo más de la tercera parte que Bizkaia, pese a lo cual, las tres tienen la misma representación institucional: 25 diputados en el Parlamento Vasco y 65 junteros en las JJGG de cada territorio. Pagan menos y sin embargo tienen el mismo número de cargos públicos, podrían argumentar los vizcaínos. La solidaridad es un gran invento asimétrico, si me permiten usar el hallazgo calificativo que Maragall. Toda comunidad de ciudadanos muestra una exquisita disposición para constituirse en objeto de solidaridad de sus vecinos, pero se mostrará renuentea la solidaridad personal con terceros: Ejercemos con mucho más garbo como titulares de derechos que como sujetos de obligaciones. Un suponer, el lehendakari recuerda muy razonablemente al PNV que una Euskadi independiente no podría pagar las pensiones a sus jubilados, porque «tiene un déficit anual de 800 millones de euros en pensiones, que se cobran gracias a la solidaridad de los trabajadores de toda España». Recuerdo una vieja polémica de finales de los 80 durante el Gobierno de coalición PNV-PSE. La perversa teoría de las balanzas fiscales se aplicaba a la Seguridad Social: pagamos más de lo que recibimos, de donde se desprendía la necesidad de romper la cajade la S.S. Los socialistas se resistían con dos argumentos consistentes: la caja única es la condición de la solidaridad interterritorial y por eso no se rompe. En segundo lugar, no hacía falta ser un virtuoso del cálculo actuarial para predecir que allí donde había superávit en los tiempos de las espigas granadas y las vacas gordas habría déficit por el envejecimiento de la población y por tener la tasa de natalidad especialmente baja, incluso dentro de España. Los nacionalistas podrían argumentar que los pensionistas quedan fuera de la definición ortodoxa de vascos: los que viven y trabajan en Euskadi. Los pensionistas no cumplen la segunda y muchos de ellos tampoco la primera porque se fueron a disfrutar el retiro a los pueblos de donde vinieron o a Benidorm. Justo pues, que se la pague España. El lehendakari hace bien en llamar a la solidaridad ajena con las pensiones porque nuestros ingresos se quedan cortos. Claro que el mismo lehendakari tiene como una de sus máximas favoritas el No a los recortes y el No al copago farmacéutico. Este es un factor de desigualdad que favorece a los vascos y pagan los de otras autonomías, que también son solidarios por ese lado. Todo gracias al privilegio originario, que mediante el sistema de Concierto y Cupo permite que la financiación pública por habitante sea en Euskadi un 65% superior a la media española. Pero, ¿quién podría ponerle reparos a la solidaridad?
Santiago González, EL MUNDO, 9/10/12