El Correo, 2/12/12
La «reflexión interior» del etarra ‘Txapote’
Los reclusos exploran vías para poder acogerse a beneficios penitenciarios y para pronunciarse en público sobre el daño causado y las víctimas
Desde la página 1 Cómo dar nuevos pasos? Es la pregunta que el colectivo de presos de ETA (EPPK) trata de responder en las últimas semanas. Los reclusos han abierto un debate en las cárceles que gira sobre dos aspectos: cómo articular alguna vía que les permita acogerse a beneficios penitenciarios, sin resquebrajar por completo la norma de la banda terrorista que les impide tomar decisiones de manera individual, y cómo afrontar la exigencia social de reconocer el daño causado y realizar un gesto hacia las víctimas. Fuentes conocedoras de esos movimientos confían en que la discusión pueda alumbrar «algo nuevo» durante el próximo año, aunque reconocen que los reclusos «tienen sus propios tiempos».
La izquierda abertzale ha convertido la defensa de los derechos de los presos en una de sus señas de identidad tras la Declaración de Aiete.
Los etarras encarcelados se han convertido en la materia más sensible del proceso abierto tras el «cese definitivo de la actividad armada» de ETA, declarado el 20 de octubre de 2011. Tanto para la izquierda abertzale, que ha constatado cómo el discurso en las cárceles está a años luz del que mantienen los dirigentes de la antigua Batasima, como para el Gobierno de Mariano Rajoy, que es consciente de que las víctimas del terrorismo, algunos sectores del PP y partidos como UPyD miran con lupa cualquier medida que pueda ser interpretada como beneficiosa para los reclusos de la banda.
En el llamado ‘frente de makos’ ha cundido cierto nerviosismo. Los reclusos y, sobre todo, sus familias daban por sentado que el final de ETA favorecería su progresiva excarcelación. Estaban convencidos de que, al menos, el Ejecutivo central pondría fin a la dispersión y concentraría al colectivo en centros penitenciarios cercanos al País Vasco y a sus domicilios. Según su particular visión de las cosas, en cualquier conflicto tras la guerra y la firma de la paz llega el momento de ‘soltar a los prisioneros’; algo complicado, por no decir imposible, en una democracia con un sistema encargado de impartir justicia.
La izquierda abertzale no esconde, de hecho, que esperaba que el gabinete del PP hubiera dado ya alguna «mínima muestra» de «mejorar» el régimen de reclusión de los etarras, al menos de aquellos con delitos de menor envergadura. A su juicio, Rajoy está «desaprovechando» la ocasión. «Nunca lo han tenido más fácil». A la antigua Batasu-
na le bastaba, para empezar, con el acercamiento de algunos reclusos o con la derogación de la ‘doctrina Parot’, algo que en ningún caso se ha producido. Este último tema está, de hecho, pendiente de decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Abrir un «agujerito»
«Que se trajera a Euskadi a un grupo, por pequeño que fuera, sería un paso increíble. Porque una vez hecho un pequeño agujerito, este se irá haciendo más y más grande con el tiempo», confesaba hace semanas un buen conocedor del movimiento independentista. Las mismas fuentes añaden que «cualquier gesto» del Gobierno sería bien recibido por el EPPK y abriría la puerta a que el colectivo de presos «avanzara» en cuestiones pendientes como las víctimas y el daño causado por décadas de terrorismo.
En ese contexto de «bloqueo», según ha criticado la izquierda abertzale en repetidas ocasiones, el colectivo de internos ha decidido intensificar un debate que se acelera y se frena de manera periódica. Sobre la mesa, dos cuestiones ‘sensibles’ para los reclusos. La primera tiene que ver con la posibilidad de comenzar a asumir de manera individualizada ciertos beneficios penitenciarios que favorecerían una paulatina excarcelación. El procedimiento, sencillo en la práctica para cualquier recluso, afecta a uno de los principios que históricamente ha defendido la organización terrorista: toda decisión relacionada con los presos debe ser tomada y ejecutada como colectivo, nunca de forma individual. Un planteamiento totalmente opuesto al que abanderan los ministerios de Justicia y del Interior. Los departamentos que dirigen Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz solo contemplan otorgar beneficios a quienes asuman en primera persona el daño causado con su actividad delictiva.
El EPPK busca una vía intermedia. Quiere que todo el colectivo consensúe un mecanismo que le permita asumir de algún modo la legislación actual sin dar la sensación de que se han rendido. Y revestir cualquier paso que se vaya a dar bajo el axioma de que la decisión es conjunta, aunque asumida de forma individual. Algo que los internos ya intentaron el año pasado, cuando comenzaron a enviar al Gobierno central solicitudes, con un modelo idéntico, para la excarcelación de los reclusos enfermos y de los que han cumplido dos terceras partes de sus condenas.
Las fuentes consultadas aseguran que el frente de presos ha dejado «atrás», en su foro interno, la exigencia de una amnistía, tal y como el EPPK expresó el 2 de junio pasado en un acto celebrado en Gernika. Aquella declaración sorprendió, incluso, a la izquierda abertzale, que esperaba un pronunciamiento favorable a excarcelaciones paulatinas. Así consta en los documentos que EL CORREO publicó días más tarde y que recogen cómo hasta poco antes de la presentación del texto en la villa foral los reclusos abogaban por una amnistía «escalonada», término que finalmente desaparecería de la declaración leída.
Asumir responsabilidades
La segunda cuestión ‘espinosa’ tiene que ver con las víctimas del terrorismo y la revisión crítica del pasado. En la antigua Batasuna ha enraizado la convicción de que, igual que los dirigentes independentistas han comenzado a asumir –con muchos matices– «parte» de su cul«Un 90% de los presos está de acuerdo con los pasos dados y solo un 10% se muestra en contra». Es la radiografía que en el entorno de la izquierda abertzale se realiza sobre el apoyo que la actual estrategia de la antigua Batasuna suscita entre los etarras en prisión. De hecho, como ya ha publicado EL CORREO, más que en los terroristas encarcelados, la principal oposición al camino emprendido desde la asunción de la ponencia ‘Zutik Euskal Herria’ proviene de sus familiares, que trasladarían a los reos sus críticas a los movimientos realizados por el colectivo que encabeza Rufi Etxeberria.
Las mismas fuentes aseguran que no hay una oposición organizada entre los internos y desmienten las informaciones que situaban a Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, al frente de los considerados ‘irreductibles’, los presos más fieles a la histórica ortodoxia de la banda. Según ha podido saber este periódico, ‘Txapote’, condenado por, entre otros, los asesinatos de dirigentes políticos como Gregorio Ordóñez (PP) y Fernando Múgica (PSE) y del concejal popular en Ermua Miguel Ángel Blanco, estaría llevando a cabo su propia «reflexión interna» sobre el camino emprendido con el cese de la violencia, pero sin evidenciar una frontal y absoluta discrepancia. pa en tres décadas de terrorismo –el último ejemplo ha sido la participación de Pernando Barrena en unas jornadas en recuerdo del exministro asesinado Ernest Lluch–, los reclusos también deben asumir su responsabilidad. Entienden que lo exige la sociedad vasca.
El asunto ataca también uno de los pilares ideológicos de la banda y de sus militantes, que consideran que no tienen por qué pedir perdón y que ciñen todas sus actuaciones al contexto político de cada momento. Asumir el daño causado es un paso, para ellos, difícil de dar. Sobre todo, porque tampoco quieren trasladar una imagen cercana al colectivo de disidentes conocidos como ‘vía Nanclares’ y que han roto en público con su pasado. El Gobierno de Rajoy, tal y como adelantó este periódico, quiere premiar a este grupo favoreciendo los permisos y la posibilidad de acudir a jornadas especiales sobre víctimas. El Ejecutivo trataría así de mostrar cuál es «el camino» a seguir a los reos que siguen los dictados de ETA.
Trabajo en el Parlamento
Para tratar de empujar al EPPK a que efectúe alguna clase de gesto hacia los damnificados por el terrorismo, la izquierda abertzale quiere echar mano de la llegada de EH Bildu al Parlamento vasco. El grupo encabezado por Laura Mintegi participará de la ponencia sobre paz y convivencia que se activó en la pasada legislatura –falta saber si mantendrá el nombre o se cambiará, como ha solicitado la coalición independentista–. Es allí donde los dirigentes de la antigua Batasuna quieren que se trabaje una declaración a la que se adhiera «el mayor número» de partidos y que realice un triple llamamiento a la propia ETA, a los gobiernos de España y Francia y a los presos para que, cada uno por su parte y de forma independiente, den determinados pasos que ayuden a «desbloquear» la actual situación.
El mecanismo pretendería así convencer a los internos de que ellos también son «parte de la solución». Algo que ha quedado en evidencia en el gesto de los responsables de Sortu, la nueva marca abertzale, al enviar a las cárceles una de sus dos ponencias fundacionales.
La izquierda abertzale no quiere que los presos vayan más allá de los pronunciamientos que ellos mismos vienen realizando en los últimos meses, donde han expresado su «profundo pesar» si, «por la crudeza del conflicto», su actuación política causó dolor a las víctimas. Los dirigentes independentistas entienden que el EPPK debe recorrer el camino que la antigua Batasuna ha llevado a cabo para ser legal, asumiendo incluso la ley de partidos. Así lo han expresado en público dirigentes como Joseba Permach y Pernando Barrena, que aseguraron que «aquí todo el mundo debe ser consciente de la nueva situación».