Entrevista a José Ignacio Wert / Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ABC 09/12/12
Ministro de Educación, Cultura y Deporte El impulsor de la reforma educativa se muestra dispuesto a estudiar alternativas a su texto, pero siempre que garanticen el derecho a recibir enseñanza en castellano.
En el ojo del huracán «No disfruto para nada provocando. Y si he tenido falta de tacto, no tengo inconveniente en reconocerlo»
Como cierto expresidente de Gobierno, a José Ignacio Wert le gusta mostrar en la distancia corta sus dotes para el catalán. De hecho, recibe a ABC dirigiendo algunas palabras en el idioma de Josep Pla a un colaborador. A su pesar, el catalán y el castellano centran estos días el debate sobre la ambiciosa reforma educativa en marcha.
—Pese a la amplitud de la reforma, la polémica sobre el catalán y el castellano es lo que ha acaparado la atención casi en exclusiva…
—Se está desviando la atención sobre el contenido medular de un proyecto que, basándose en la evidencia, se enfrenta a un sistema educativo incapaz de dar una salida decente a una cuarta parte de los estudiantes que ingresan en él; que registra una proporción de alumnos excelentes que supone menos de la mitad de la media de la OCDE, apenas un 3%; que tiene una tasa de repetición a los 15 años superior al 36%; con una de las proporciones de «ninis» más altas de Europa, y que, en definitiva, no está a la altura de lo que nuestra sociedad puede y debe exigirse. Y esto es lo verdaderamente importante, a lo que se dirige la ley, con la posibilidad de una elección más temprana de itinerarios formativos, una formación profesional más atractiva, una importancia mayor de las asignaturas instrumentales —el inglés, la lengua, las matemáticas…—, una mayor autonomía de los centros, un reconocimiento del esfuerzo y de la excelencia, y la orientación a los resultados que ha faltado en los últimos años.
—En cambio, la Generalitat lo ve como un ataque al catalán y ya ha anunciado que no va a aplicar la reforma ¿Qué piensa hacer?
—Hace una interpretación que no tiene nada que ver con lo que dice el anteproyecto, que, además, está en una fase prelegislativa, aún tiene que recibir una tercera lectura de la Conferencia Sectorial, ir al Consejo de Estado, pasar por el Consejo de Ministros y convertirse en proyecto de ley. Como mínimo, esta reacción es notablemente prematura.
—¿Qué podría hacer el Gobierno ante esa negativa a aplicar la ley?
—El Gobierno está obligado a hacer que las leyes y resoluciones judiciales se cumplan y el anteproyecto no tiene más objetivo que hacer cumplir la Constitución y las leyes, incluidas las de Cataluña, y que se cumplan del modo que el TC, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han dicho. No hay en él una modificación del sistema educativo de Cataluña, sino una clarificación legislativa. Se dice por la Generalitat que el anteproyecto acaba con la inmersión lingüística y esto es rotundamente falso, porque justamente reconoce la existencia de ese modelo. Cuando el TC se pronuncia en 2010 sobre el Estatut, dice que los artículos dedicados a la educación solo son constitucionales «si no impiden el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». Y llamo la atención sobre los dos adjetivos: libre, esto es, que depende de la decisión de quienes tienen el derecho a decidir sobre en qué idioma se recibe la enseñanza; y eficaz, es decir, que se cumpla.
Hay muchas sentencias que dicen a la Generalitat que es necesario dar una alternativa a aquellos casos, sean muchos o pocos, en que los padres piden que la escolarización se produzca con el castellano como lengua vehicular. Y la Generalitat responde con la atención individualizada, dando apoyo especial a esos niños, pero sin proporcionarles lo que las sentencias dicen. Y también hay sentencias de que la atención individualizada no supone cumplir el mandato que las sentencias anteriores imponen. El Supremo dice que es obligado regular expresamente que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza, como el catalán. Y la reacción de la Generalitat es decir «estamos donde estamos» y no regularlo. De hecho, han transcurrido seis meses y no ha habido ningún cambio.
—¿Y cómo se garantiza que se pueda ejercer ese derecho?
—Se establece un procedimiento en el anteproyecto que es obligar a la administración educativa a hacerse cargo de los gastos de escolarización en un centro privado si no hay oferta pública o concertada que satisfaga esa demanda. Estamos hablando de algo muy excepcional. Solo se aplicaría en los casos en que la Administración sea incapaz de proporcionar una plaza en los centros públicos o concertados a aquellos que solicitan escolarizados con el castellano como lengua vehicular. Por tanto, no es cierto que el anteproyecto sea un ataque a la inmersión lingüística, antes bien, la reconoce y le da carta de naturaleza.
—Pero ¿qué le hace pensar que incluyéndolo en la ley se van a cumplir? ¿Qué instrumentos tiene el Estado para obligar a la Generalitat? ¿Retirarle las competencias educativas?
—Con el sistema de autonomías que tenemos, el Estado no puede tener una administración educativa propia, salvo en Ceuta y Melilla. Supondría una invasión competencial y somos enormemente respetuosos con las competencias de las comunidades. Por tanto, este anteproyecto se propone obligar a la administración educativa a pagar un centro privado cuando no oferte en el municipio o zona limítrofe plazas públicas o concertadas usando el castellano como lengua vehicular. Pero no digo que sea la única alternativa, puede haber otras, y, por supuesto, estamos abiertos a considerarlas. Es más, si hay una alternativa que nos ofrece la misma seguridad en cuanto a la eficacia y que resulta satisfactoria para las comunidades autónomas, no hay el menor inconveniente en examinarlas. Lo que no puede ser es que por el mero expediente de no cumplir las resoluciones judiciales, el derecho a recibir educación con el castellano como lengua vehicular sea meramente nominal, que no se puede ejercer. Y esa sí es la novedad que incorpora este anteproyecto.
—En un terreno más práctico, ¿habrá una casilla para el castellano en las preinscripciones de los colegios?
—La falta de una casilla no enerva la existencia del derecho. Uno va al despacho y lo pide, o lo que sea. No nos podemos enredar en las cuestiones de detalle. Esa parte logística corresponde a la administración educativa, en este caso a la catalana. En lo que sí tenemos que meternos es en que no esté totalmente cegada la posibilidad de ejercer ese derecho.
—En la última reunión se introdujo algún cambio en el borrador…
—Bueno, fue antes de la reunión. Reconozco que una de las objeciones de Cataluña era perfectamete razonable. Tal como había quedado el anteproyecto no se desprendía con total claridad que la lengua cooficial tuviera el mismo estatuto en cuanto a su condición evaluable en las pruebas finales que dan lugar a la obtención de títulos de ESO y Bachillerato, y era preciso recogerlo. Pero no se introdujo por presión de nadie, sino porque yo entendí que no estaba suficientemente claro en el texto.
Y esto nos lleva a otra imputación fuera de lugar: en el anteproyecto se distinguen asignaturas troncales, específicas y de especialidad y se está diciendo que, por el hecho de que no sea troncal, se minusvalora al catalán. Quien lo afirma no se ha leído el texto. Las lenguas cooficiales, por su propia naturaleza, no pueden ser troncales, porque stas son las que se aplican en todo el territorio nacional. Pero en cuanto a importancia, tienen la misma que las troncales, porque es obligatoria, la carga horaria la impone libremente la comunidad y, en la evaluación, tiene la misma ponderación que Lengua y Literatura castellana. Decir que supone una minusvaloración es mentir radicalmente. Lo que se establece en la ley son máximos y mínimos. La única asignatura que forzosamente tienes que dar en castellano es Lengua y Literatura castellana. Puedes dar todo el resto en catalán.
—Si no cambia la inmersión lingüística, ¿a qué se debe esta reacción?
—Si pienso bien, pienso que es una materia de cierta complejidad técnica, que ha habido una lectura apresuradísima de los textos y que ha sido una lectura equivocada. Si pienso mal, considero que se ha intentado construir una visión distorsionada y falseada de lo que dice la norma para buscar un banderín de enganche político en unas circunstancias que todo el mundo sabe las que son. Como soy de natural bondadoso, hago prevalecer la interpretación más favorable…
—¿Admitiría alguna falta de tacto por su parte? ¿O ánimo de provocar, con aquello de «españolizar» a los catalanes o lo de identificarse con un toro?
—Yo, desde luego, no disfruto para nada provocando, ni en esto ni en nada. Y excitar una sensibilidad sobre un tema que puede ser muy emocional como el de la lengua, me parece de lo menos deseable. Si eso implica que ha habido una cierta falta de tacto, no tendría el menor inconveniente en reconocerla, explicar que no hay tal ataque y disculparme si lo hubiera parecido.e Dicho esto, no podemos hacer pasar la mentira por verdad y reconocer ingredientes en la normativa que no existen. Se trata de dar efectividad al derecho a escoger la lengua que se prefiera. Ojo, derecho que solo se aplica con la inmersión lingüística, porque con el bilingüismo o trilingüismo integrado, este problema deja de existir. En Galicia o la Comunidad Valenciana se evita elegir lengua vehicular, porque automáticamente se eligen las dos.
—¿Y en su propio partido lo han entendido, especialmente en Cataluña?
—Sustancialmente, lo han entendido. No obstante, vamos a tener una reunión para estar seguros de que entendemos las cosas en el mismo sentido y realmente poder trabajar en una solución armoniosa que deje satisfecha a cuanta más gente mejor.
—¿Qué cambios podrán introducirse hasta la próxima reunión?
—Habrá que esperar a la reunión. Al igual que en los últimos meses, en estos doce días que faltan nos vamos a reunir bilateralmente con todo el que quiera, lo que incluye al Gobierno en funciones de Cataluña. El ideal es que todas las comunidades con lengua cooficial se sientan cómodas, sin que eso signifique renunciar a los objetivos de respeto a la ley y a las decisiones judiciales que guían esa normativa.