DIARIO VASCO, 23/1/12
Alerta de la «frustración» que pueden generar expectativas en materia penitenciaria sin cabida en el actual marco legal
El presidente de la máxima instancia judicial vasca se muestra tan sosegado sobre el final del terrorismo como vigilante ante las complejidades de la Euskadi en paz. De ello y de otras cuestiones vinculadas a la Justicia habla en su primera entrevista en prensa tras el cese de ETA del 20 de octubre.
LAS FRASES
MEDIDAS PENITENCIARIAS
«Sin disolución, la primera pregunta que hay que hacerse es si los presos siguen en ETA o no»
PERDÓN Y ADMISIÓN DEL DAÑO
«No son imprescindibles, pero sí deben ponderarse en un pronóstico de reinserción»
RELACIONES INSTITUCIONALES
«He tratado de tener un contacto verbal con Garitano, pero aún no lo he conseguido»
-¿Qué supuso para un magistrado como usted ese anuncio?
-Desde la perspectiva que dan estos tres meses, significó un claro alivio en la vida cotidiana. También lo sentimos como que puede llegar a abrirse un nuevo ciclo en la convivencia política del País Vasco. Subrayo lo de ‘puede’ porque todavía se mantienen incertidumbres. La mayor es la que se deriva de que ETA no se haya disuelto. El segundo factor de incertidumbre se refiere al discurso político de quienes provienen del mundo de Batasuna y están ejerciendo responsabilidades de representación. Ese discurso no responde aún a las características del discurso democrático. No vivimos en una democracia militante y, por lo tanto, no es exigible que el discurso sea democrático. Pero sí tiene que ser respetuoso con las claves del Estado de Derecho. No está siendo un discurso que podría calificar de democrático, aunque sí se mueve en las claves de sujeción a las premisas del Estado de Derecho.
-¿Es un avance aún insuficiente?
-Eso supone que se ha iniciado un proceso todavía inconcluso de reconocimiento del Estado de Derecho, de que la convivencia política debe desarrollarse en claves que para el Estado de Derecho se establecieron hace ya 200 años. Y, a la vez, significa que el horizonte que actúa como fuente del discurso político, adónde se quiere llegar, no está claramente entroncado en el Estado social de Derecho y en las decisiones constitucionales. Es un recorrido en el que se cumplen los niveles mínimos, pero falta el discurso político en el que la clave sea la noción de ciudadanía en libertad, en igualdad, con valores como el pluralismo, la tolerancia y también la Justicia. Porque el valor de la Justicia tendrá que ser el que, en algún momento, defina el discurso de esa fuerza política; el que nos dé el contenido de su discurso sobre la verdad del pasado, sobre ETA como fenómeno delincuencial, sobre la actitud respecto a las víctimas.
-¿Se sienten concernidos cuando la izquierda abertzale reclama la flexibilización de una política penitenciaria que cree vengativa?
-Sí, la Judicatura no puede dejar de sentirse concernida, porque por mandato constitucional le corresponde no solo dictar sentencias, sino ejecutar lo juzgado. Y hacerlo en el ámbito penal es el cumplimiento de las penas: dar satisfacción a lo establecido en el fallo y que eso se lleve a cabo sin afectar a los derechos fundamentales de la persona penada. Pero además de concernidos, los jueces nos sentimos alertados y en cierta manera preocupados por algunas declaraciones que revelan la existencia de una serie de expectativas respecto del desarrollo de las penas por delitos de terrorismo que, hay que decirlo claramente, no se corresponden con el ordenamiento jurídico vigente. Quien esté haciendo creer a una parte de la sociedad que va a haber medidas de amnistía o de indulto general está generando las bases para una frustración. Y los resultados de esa frustración se proyectarán sobre la Judicatura.
-¿La antigua Batasuna no está haciendo pedagogía interna para evitar esa frustración?
-Creo que cuando se habla de medidas jurídicas, lo que hay que dar es el dato normativo. Uno no debe moverse en el campo de los deseos, sino en el terreno de la realidad del Estado de Derecho. Y entre algunos discursos que se escuchan y lo que dice el Código Penal, es que no hay correspondencia. El Código Penal prevé un tratamiento individualizado en el cumplimiento de las penas y una ejecución de las mismas regida por el pronóstico de reinserción social. Y ese pronóstico, a su vez y en delitos de terrorismo, se hace depender de una serie de factores, entre los que se subraya el cese en la actividad delincuencial. Si la actividad delincuencial es la pertenencia a una organización terrorista que no se ha disuelto, ese cese se tendría que acreditar como un cese individualizado. Acreditar que esa persona, pese a haber sido condenada por pertenencia a una organización terrorista, ya no forma parte de ella.
-¿La no disolución de ETA perjudica, por tanto, a los presos?
-Eso es. Que no se haya disuelto entra en absoluta contradicción con la pretensión de beneficios penitenciarios. La subsistencia de ETA define una presunción desfavorable para la aplicación de la política penitenciaria en clave de reinserción si la condena es por pertenencia a banda armada. Este es el primer requisito sin el cual es difícil pasar a los demás. Sería el cese natural de lo que ha dado lugar al delito. Ese cese sería un hecho notorio si la organización se llegara a disolver. Y no es un hecho notorio, sino que requiere de prueba, que ya no se pertenezca a ETA en el supuesto de que la organización subsista. Pero es que, además, lo que se valora es la colaboración de la persona condenada y el restablecimiento de la situación pública alterada respecto de la víctima; eso que se llama pedir perdón.
-¿La vía, entonces, es la de los presos disidentes de Nanclares?
-Salvo ese grupo, que está fuera de la organización terrorista, la primera pregunta que hay que hacerse es si los presos siguen formando parte de ETA o no. Lo que se nos comunica desde ese colectivo es que van a actuar al unísono y, además, que quieren un tratamiento conjunto. Pero si pretenden un tratamiento conjunto, ¿es como miembros de una organización o como qué? Si lo hacen como miembros de una organización que no se ha disuelto, el camino de la reinserción lo tendrán vedado en términos jurídicos.
-¿El perdón al que aludía antes, el reconocimiento del daño causado, es imprescindible?
-No son imprescindibles, pero sí son elementos ponderativos; es decir, elementos cuya existencia hay que ponderar en orden a un pronóstico de reinserción. No digo que sea la única vía posible, pero está en la línea de las previsiones del Código Penal para la aplicación de beneficios penitenciarios. El legislador puede hacer lo que estime conveniente, aunque no creo que vaya a haber grandes cambios legislativos, sino que donde puede haberlos es en el Reglamento penitenciario.
«Segunda victimización»
-¿Teme que sin un gran pacto político, sin un suelo ético compartido, los jueces acaben siendo los paganos del camino hacia la paz?
-Vamos a ver. Cualquier pacto de Estado que se establezca no va a afectar a la Judicatura si no supone una alteración de lo que en el ordenamiento jurídico se concibe como el valor de la Justicia. Ese valor quedaría afectado, desde luego, si se decidiera cerrar las investigaciones del delito, que hubiera impunidad. Corresponde al Gobierno determinar la política penitenciaria. Si eso no supone una revisión de lo dispuesto en el fallo de la sentencia, para nada afecta al valor de la Justicia. Generar expectativas de impunidad sobre hechos del pasado sí lo hace. Pero hay un marco en el que el Gobierno puede desenvolverse con libertad y ahí los jueces no tenemos absolutamente nada que decir.
-¿Sienten que la Justicia ha fallado a las víctimas al existir 314 asesinatos sin resolver?
-Bueno, eso es una constatación. Las víctimas y sus familiares siguen reclamando Justicia y, además, es una Justicia debida. Como creo que no se van a paralizar las investigaciones, ahí, de momento, no hay ningún tipo de frustración. Donde sí puede haberla es en lo que entre los juristas se llama la ‘segunda victimización’, que se produce cuando el reproche jurídico no va al unísono de un reproche social e institucional. Y aquí es donde algunos discursos pretenderían suspender ese reproche, el social, por los hechos que han causado la victimización. De hecho, la escenificación de la conferencia de Aiete a mí me pareció un ejemplo de ‘segunda victimización’. Puedo entender que tuviera otras virtudes, pero desde la perspectiva de las víctimas fue un gravamen.
-El Tribunal Superior rechaza que haya llegado el momento de desmantelar los servicios de escolta. ¿No está gestionando esto del todo bien el Gobierno Vasco?
-(Sonríe) No se me ocurriría valorar el trabajo del Departamento de Interior, al que estamos agradecidos además porque nos mantiene el programa de protección personal. Durante diez años, tras el asesinato del juez Lidón, hemos tenido reuniones periódicas con la secretaría de Estado de Interior y con la consejería. Creemos que es hora de que se vuelva a celebrar una reunión. La situación de seguridad de los jueces puede verse afectada este año por un riesgo específico que queremos que se evalúe: las reacciones a que puede dar lugar la frustración respecto a expectativas en política penitenciaria que no tienen cobertura legal. Queremos que se examine ese riesgo. Y, sobre todo, creemos que el programa de protección no se puede parar por decisiones individuales de los jueces, sino a partir de una evaluación formal con los responsables de Interior.
-¿Qué tal se lleva con el diputado general de Gipuzkoa?
-Por ahora mi relación con Martin Garitano ha sido epistolar. La Diputación tiene que nombrar un vocal en la comisión arbitral que presido y eso ha dado lugar a una correspondencia. He tratado de que tengamos una relación verbal, pero no lo he conseguido. Aunque le he llamado varias veces, no he tenido el placer de que contestara. Será, seguro, porque está muy ocupado.
DIARIO VASCO, 23/1/12