DIARIO VASCO, 29/8/11
Joaquín Giménez. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El magistrado cree que un «final justo» de ETA exige reconocer de manera pública todo el daño causado
Joaquín Giménez es uno de esos raros jueces que nunca ha rehuido a la prensa y que tampoco evita, si los límites de la ley y del oficio se lo permiten, explicar las cosas como las ve. Conocedor de los ‘años de plomo’ antes y durante su presidencia de la Audiencia de Gipuzkoa y amenazado de muerte por ETA cuando encabezó la de Bizkaia, hoy asiste desde la Sala Segunda del Supremo a las expectativas en torno al final del terrorismo. Lo hace al otro lado del teléfono con cautelosa esperanza y una socarronería mezcla de su origen mediterráneo y de la querencia por Euskadi.
-La izquierda abertzale y otros sectores nacionalistas están exigiendo la legalización de Sortu para el 20-N. ¿Habrá sentencia antes de las elecciones?
-Lo único que la izquierda abertzale debe exigir es la disolución definitiva de ETA, sin ambigüedades. El tema de Sortu corresponde al Constitucional, que se tomará su tiempo. Si no se resuelve antes del 20-N, pues no se resuelve. Y si ETA piensa condicionar su final a la legalización de Sortu, peor no lo puede estar haciendo. Exigencias, ninguna.
-¿Sería negativo, en todo caso, que la resolución se pospusiera?
-No lo sé. Hay asuntos que hay que analizar con distancia, serenidad, valorando las pruebas; en fin, tomando el tiempo que hay que tomarse. Con respecto a la autorización de Bildu, no tengo inconveniente en decir que comparto la decisión del Constitucional. Sobre Sortu, el Constitucional, un tribunal fundamental que sufre un grave desprestigio por diversas razones, tendrá que resolver sin presiones. El discurso de la Justicia es suyo, no se escribe con el papel pautado de los políticos.
-¿Atisba presiones en sentido contrario, para que el fallo se dilate?
-Pues evidentemente. No todas las decisiones judiciales tienen la misma relevancia, y algunas suponen tensiones a favor y en contra. En ese tironeo, el Poder Judicial tiene que resolver con serenidad, haciendo abstracción de las críticas o de los aplausos que vaya a recibir. Con el mismo fervor que unos van a aplaudir la independencia judicial porque se ha resuelto según ellos querían, otros van a llevarnos a la hoguera. Me pongo muy a resguardo de determinados cantos a la independencia judicial, que lo son siempre que los jueces hacen lo que esos cánticos dicen que tienen que hacer. Hay que dejar al Constitucional que decida. Y decida lo que decida, no se hunde el mundo. El propio adelanto electoral supone un inconveniente para que haya una sentencia antes del 20-N. Ese adelanto responde a criterios políticos, que se rigen por la oportunidad. Pero la oportunidad no es el argumento de lo jurídico. Es lo legal.
-A la luz de la actual composición del TC y, sobre todo, de la sentencia que permitió a Bildu concurrir a las municipales, ¿solo cabe esperar la legalización de Sortu?
-No voy a elucubrar. Está el precedente de la legalización de Bildu con una mayoría ajustada, algo que tampoco debe escandalizar. La sociedad es plural, los jueces también somos plurales. A veces, el mínimo común denominador no alcanza para unanimidades, se queda en mayoría. Pero aunque la decisión sea por un voto, es la de la mayoría, y no pasa nada. No me atrevo a hacer un pronóstico, y no debo hacerlo. ¡Claro que las decisiones se pueden criticar! De hecho, cuando hay un recurso y una revocación, eso es una crítica. No nos tiene que escandalizar, forma parte del quehacer judicial. Otra cosa es la deslegitimación generalizada del sistema porque no ha hecho lo que se quería que hiciera.
-¿Está Sortu en cuarentena a la espera de cómo se comporte Bildu? Los desaires a las víctimas que se le reprochan a Martin Garitano, la renuencia a exigir el final de ETA o la negativa a condenarla, ¿entorpecen la definitiva normalización judicial de la izquierda abertzale?
-Son casos distintos. Las declaraciones del diputado general suponen una inmoralidad denunciable. Las víctimas del terrorismo son todas víctimas del terrorismo, no se las puede discriminar. Del baúl de los recuerdos habrá que rescatar aquella frase feliz de que algunos políticos solo aciertan cuando rectifican. Pero dicho esto, yo creo que estamos ante dos cosas distintas jurídicamente hablando. Sortu aparece como un partido político con una opción muy concreta diferente de la de Bildu, que es una agrupación electoral formada por independientes y por dos partidos cuyo contenido democrático es inatacable. Una cosa son los argumentos o valoraciones políticas, de que ‘bueno, esto está en cuarentena en función de cómo vaya desarrollándose Bildu’, pero se trata de elementos metajurídicos. Hay que resolver sobre la argumentación de Sortu, las razones por las que no se le ha reconocido… No creo que, jurídicamente, Sortu esté bajo la sombra o el protectorado de lo que haga o deje de hacer Bildu. Pienso que no, que son cosas distintas.
-¿Y hay motivos, como sostienen algunos dirigentes políticos, para la ilegalización sobrevenida de Bildu?
-Vamos a ver, el sistema judicial necesita su tiempo. Y voy a decir una obviedad: si Bildu gobierna la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián es porque los demás partidos no se han puesto de acuerdo para que no lo haga, porque carece de mayoría absoluta. Hay instancias que quieren establecer ritmos que no son los del sistema judicial. Esto no es un tren de alta velocidad. La ilegalización sobrevenida es una medida muy grave que requiere del acopio de una multiplicidad de datos concretos, verificables y suficientemente consistentes para dar marcha atrás sobre lo que se sentenció anteriormente. Esa sería la última respuesta.
Penas y cumplimiento
-Toda esta controversia, ¿ha abierto una grieta irreparable entre el Supremo y el Constitucional?
-No, no, no. Siempre ha habido una tensión entre ambos, pero se ha patentizado más en otros asuntos, a raíz de la extensión del recurso de amparo. El Supremo es el último intérprete de la legalidad penal ordinaria. El Constitucional solo obedece a la Constitución, de ahí que su único control es el autocontrol.
-¿Y tiene argumentos el Constitucional para revisar la ‘doctrina Parot’ del Supremo?
-(Sonríe) Bueno, yo redacté un voto particular contrario a la mayoría en la Sala Segunda del Supremo que avaló esa doctrina. No sé lo que hará el Constitucional. Yo defendí que si se produce una acumulación de condenas y hay una nueva, sobre ésta hay que aplicar los beneficios penitenciarios. No se pueden acumular todas las condenas para establecer una pena máxima de 30 ó 40 años y luego, a la hora de aplicar los beneficios, ‘desacumular’ lo que previamente se ha acumulado. Periodística y socialmente, puede que tenga mucho gancho criticar aquello de que los etarras cumplían 20 años por 15 asesinatos. Yo lo comprendo. Pero hoy por hoy, el sistema penal español es el que tiene las condenas más largas de Europa. ¿Y qué ocurre si en casos de terrorismo, con una comunión ideológica claramente patógena, el condenado sale peor de lo que entra tras estar años en prisión? De alguna manera es un fracaso del sistema penitenciario. ¿O éste es solo un aparcamiento de personas?
-¿Es aceptable una ‘paz por presos’?
-No, no. Las decisiones judiciales no pueden ser moneda de cambio de nada. Más tarde o más temprano, ETA deberá anunciar su disolución definitiva, cuya credibilidad tendrá que ganarse a pulso. ¿Eso significa que, a partir de entonces, las causas judiciales pendientes van a ser un jubileo? Pues no, mire usted, no. Los tribunales tendrían que seguir juzgando, ver si hay pruebas, aplicar los mecanismos legales y dictar sentencias. No ejemplares, sino justas.
-No cabrían, por tanto, medidas de punto final.
-De ninguna manera, no podría haber un disparate mayor. Hay que tomarse en serio que el Poder Judicial es independiente, aunque estamos sometidos a la ley; la ideología del juez está sometida a la ley. Pero todos los sistemas penales del mundo democrático prevén que, una vez dictada la condena, pueda haber razones de utilidad pública, de justicia o de equidad -la ley de indulto en España- que supongan un acortamiento en todo o en parte de la sentencia ya aplicada. La última palabra sobre esa posibilidad la tiene el Ejecutivo. Lo que prohíbe la ley son los indultos generales, como ocurría con Franco. Pero indultos individualizados, evidentemente que existen. Y ahí sí que hay que valorar, porque es fundamental, la respuesta de la persona condenada, y valorarla incluso por encima de la conducta penitenciaria. Un violador en serie puede ser un preso ejemplar. ¿Eso es decisivo para concederle el indulto? Para mí, no. Es más relevante si ha desarrollado conductas críticas hacia aquello por lo que ha sido condenado.
-Aplicado a los presos de ETA, ¿eso significa que cualquier medida individualizada que pudiera favorecerlos debería partir de un arrepentimiento acreditado?
-Significa exactamente eso. Habría que hacer un estudio de cada uno de ellos, de su comportamiento, de la credibilidad de lo que dicen y ver si ha habido una petición de perdón a las víctimas. Y no hablo de una petición de perdón en la plaza mayor, azotándose en plan flagelante como en la Edad Media. Eso será muy mediático, pero no es serio; puede ser una pantomima. El perdón se puede pedir de muchas maneras, y cuanta más discreción, más autenticidad. Las víctimas requieren respeto, dignidad, ser reparadas. Sin determinar la política criminal del Estado.
-¿Cuántas veces se ha imaginado el final del terrorismo y cómo lo ha imaginado?
-Lo he deseado y sigo deseándolo. Pero siempre he tenido una idea clara: ETA surge en unas circunstancias muy concretas y si hay solución, que creo que la hay, tiene que surgir de Euskadi. Lo más grave del terrorismo de ETA no es que haya etarras dispuestos a matar, es que ha habido -pienso que se puede hablar en pasado aunque todavía con un presente inquietante- un colectivo social seducido, admirado, que contextualizaba la violencia. Cuando hablo de que la solución debe partir de Euskadi, me refiero al rechazo social de ese colectivo que ha dado la savia a ETA. Que vayan propiciándose esos procesos de reflexión, poco a poco, pero sin retorno.
-Las víctimas reclaman un futuro en paz basado en la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué sería para usted, como miembro de la Magistratura, un final justo?
-Que se termine el terrorismo de manera verificable y el reconocimiento del daño causado, que es irreparable. Ese reconocimiento tiene que hacerse por parte no de este etarra o de este otro, que eso sería un proceso más individual, sino por los colectivos que de alguna manera han estado apoyando la violencia. Las víctimas tienen derecho a no ser olvidadas, y también requieren su reinserción. Que se les reconozca, tanto por la sociedad como por parte de los causantes de su dolor, el daño hecho. Debe ser un reconocimiento público del daño causado. ¿Y qué es eso de que ahora no es el momento? Decir esto es intolerable.
DIARIO VASCO, 29/8/11