Obtener ventajas en el reparto de escaños no es el móvil que explique la ilegalización, como tampoco lo fue en 2007 permitir la mitad de las listas de ANV y prohibir la otra mitad. Aquello fue un comportamiento incoherente, cierto, pero se explicaba por los coletazos finales de la negociación con ETA. El Gobierno quería enseñar los dientes, pero no cerrar la última puerta.
Los dirigentes nacionalistas, de manera especial los del PNV, están insistiendo una y otra vez en esta campaña en el peligro de que el PSE y el PP logren mayoría absoluta gracias a la ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale. Insisten también en que la exclusión de las listas de D3M o Askatasuna se ha tomado en función de los intereses electorales de los socialistas que se benefician de esa ausencia.
Los datos, sin embargo, dicen otra cosa. Quienes se benefician son los partidos mayoritarios, sean quienes sean. Si con los resultados de las autonómicas de 2005 se hace una distribución de escaños descartando a la izquierda abertzale, la coalición PNV-EA obtendría cinco escaños más de los que tuvo entonces, el PSE tres y el PP uno. Si el PNV es el partido mayoritario el día 1 de marzo, será el beneficiario principal de la ausencia de los sucesores de Batasuna. Y eso sin contar el posible traspaso de votos de la izquierda abertzale a las listas nacionalistas.
Obtener ventajas en el reparto de escaños no es, por tanto, el móvil que explique la ilegalización, como tampoco lo fue en 2007 permitir la mitad de las listas de ANV y prohibir la otra mitad. Aquello fue un comportamiento incoherente, cierto, pero que se explicaba por los coletazos finales de la negociación con ETA. El Gobierno quería enseñar los dientes, pero no cerrar la última puerta.
La puerta la cerró ETA y el Gobierno no ha dudado en aplicar la legalidad a fondo a unas listas que son, como todo el mundo sabe, incluso quienes defienden su presencia electoral, hijuelas de Batasuna, partido prohibido por sus connivencias con ETA. Batasuna es, pues, la raíz de los problemas de las candidaturas abertzales.
«¿Cuando se jodió el Perú, Zavalita?», se pregunta el personaje de ‘Conversaciones en la Catedral’, de Vargas Llosa. «¿Cuándo se jodió Batasuna?», podríamos preguntarnos parafraseando al escritor peruano. ¿Cuándo comenzó el camino que le ha puesto fuera de la ley? Txema Montero, en el libro ‘Memoria de Euskadi’, de María Antonia Iglesias, recuerda que hubo un tiempo en que ETA permitía a HB hacer política sin cortapisas. La muerte de Txomin Iturbe, en 1987, supuso un cambio en esa situación que condujo a la supeditación de HB a ETA. «Cuando Txomin muere, se acaba el recreo», apostilla Montero. Patxi Zabaleta, en cambio, retrocede más en el tiempo y precisa que «en 1981 es cuando se produce ese cambio por el cual HB se supedita a ETA».
La supeditación de HB al grupo terrorista se acentuó en los años noventa y terminó por hacer inevitable la intervención de la justicia -la misma que años antes había obligado al Gobierno a inscribir a HB en el Registro de Partidos-, decretando su ilegalización con todas las consecuencias, incluidas las que conciernen al reparto de escaños.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 16/2/2009