Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 10/6/12
Cuando en el año 2007 estalló en Estados Unidos la burbuja de las hipotecas subprime que iba a provocar la que habría de ser la crisis económica mundial más grave desde el crac de 1929, muchos Estados se aprestaron a hacer frente al cataclismo y procedieron a insuflar ingentes cantidades de dinero en sus sistemas financieros para evitar que, andando el tiempo, pudiesen llegar a entrar en quiebra.
Aunque ahora sabemos que ya desde principios del 2006 los inspectores del Banco de España habían comunicado a sus dos gobernadores sucesivos a lo largo de ese año (Caruana y Fernández Ordóñez) y, ante su total inacción, al propio Pedro Solbes, los graves riesgos que corrían nuestras entidades de crédito como consecuencia del crecimiento sin control de los préstamos privados, la respuesta del Gobierno (¡genio y figura!) fue proclamar que España disfrutaba de uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo y una autoridad reguladora que, ¡cómo no!, era también de las más serias del planeta.
En coherencia con ese análisis tan errado de los hechos, el Gobierno se dedicó, primero, a no hacer nada, durante el período suicida en que la teoría oficial fue que la crisis no nos tocaría o lo haría nada más de refilón. Luego, y ante la evidencia de que nos iba a hacer puré, el propio Gobierno se empeñó en que nuestros desafíos consistían en reducir el gasto público y reformar el mercado laboral. Del mercado financiero solo se ocupó el Gobierno para impulsar tarde, mal y a rastras una política errática en materia de cajas, cuyos desastrosos resultados están hoy bien a la vista.
Derrotado Zapatero, Rajoy, contra la opinión de expertos de todos los colores, que insistían en que el problema de España era mucho más la deuda privada que la pública, siguió al principio en lo mismo que su antecesor -control del gasto y reformas laborales-, de modo que, cuando quiso enfrentarse en serio a la reforma financiera, llegó la crisis de Bankia, que hizo ya inútiles todos sus esfuerzos por evitar el rescate bancario que ayer solicitó.
Un rescate, valorado por el Eurogrupo en 100.000 millones de euros (diecisiete billones de pesetas), que, sin duda, impondrá a uno de los principales responsables de este monumental desaguisado -los bancos y antiguas cajas- muy duras condiciones. Pero un rescate que va a sufrir todo el país y del cual ya no dará cuenta su otro responsable principal: quien gobernó España durante los años en que podía y debería haberse evitado este desastre. Rubalcaba pidió ayer que «no paguen justos por pecadores». Sería sano desde el punto de vista democrático saber en cuál de esos dos grupos se incluye quien fue miembro del Gobierno hasta hace cinco meses y durante los años en que se fraguaban las condiciones para el rescate que se nos ha venido encima.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 10/6/12