Es evidente que la figura del Comisionado se superpone a la de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, duplicándose las competencias -eso sí, en aquel caso, sin apenas dotación presupuestaria- e introduciendo un elemento de confusionismo en la gestión de las ayudas que las leyes establecen para las víctimas.
LA creación de la figura del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha suscitado una cruda polémica en la que aparecen entreverados aspectos de naturaleza institucional, personal y política que, en mi opinión, conviene diseccionar si se quiere atravesar la inescrutable trama de los acontecimientos que han dado lugar a ella, para tratar de comprender su significado.
El Comisionado surgió, como es sabido, de una sorpresiva iniciativa política del presidente del Gobierno, a raíz de la intervención de los representantes de las víctimas del terrorismo en la Comisión del 11-M. Con ella se pretendió dar énfasis al interés del nuevo inquilino de la Moncloa por esas víctimas, a la vez que se ponía en duda la eficacia y la suficiencia en medios de la política desempeñada hasta entonces, que cabe atribuir al anterior Gobierno. La lectura del preámbulo del Real Decreto regulador de la institución es nítida a este respecto, pues en ella se señala que, aun cuando «la labor que llevan a cabo las… fundaciones y asociaciones… está resultando fundamental», para «mejorar la eficacia y los medios, … y lograr una asistencia integral a las víctimas de los actos terroristas», se requiere la figura del Comisionado. De manera significativa, el decreto omite cualquier alusión a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo con la que cuenta el Ministerio del Interior, lo cual no deja de resultar extraño si se tiene en cuenta que al Comisionado se le atribuyen las competencias que actualmente desarrollan esas unidades administrativas. Pues, en efecto, han sido hasta ahora ellas las que se han ocupado de las «actuaciones… de asistencia y ayuda a las víctimas», la «colaboración con… las instituciones… (de) atención a las víctimas», la «cooperación» con los gobiernos regionales, la «evaluación… de la situación económica y social de las víctimas» y la adopción de «iniciativas legislativas». Y lo han hecho con una extraordinaria eficacia, como muestra el hecho de que, en el último año, sólo con relación a los atentados del 11-M, han resuelto 1.133 expedientes referentes a indemnizaciones, han atendido casi 3.500 entrevistas personales y cerca de 11.000 consultas telefónicas con los afectados, y han realizado, sobre todo, una imponente labor de acompañamiento y asistencia social.
Por tanto, es evidente que la figura del Comisionado se superpone a la de la mencionada Oficina, duplicándose las competencias -eso sí, en aquel caso, sin apenas dotación presupuestaria- e introduciendo un elemento de confusionismo en la gestión de las ayudas que las leyes establecen para las víctimas del terrorismo. La sugerencia de que tales ayudas son insuficientes para atender las necesidades materiales de las víctimas ha sido otro de los argumentos empleados para justificar la nueva institución. En este caso, el presidente del Gobierno se ha basado en la falsa idea de que al sentimiento de desamparo que, por lo general, albergamos las víctimas corresponde una efectiva desatención económica y material.
Conviene explicar esto con detenimiento, pues en ese error incurren, seguramente con buena fe, muchos de nuestros conciudadanos. El desamparo es un sentimiento que se enraíza en el profundo malestar que nos invade a las víctimas de terrorismo al enfrentarnos a las dramáticas consecuencias personales de unos atentados que han sido causados por otros seres humanos. El profesor Enrique Echeburúa lo ha descrito con precisión al señalar que ser víctima de un hecho violento como el terrorismo «afecta profundamente a la confianza de la persona en sí misma y en los demás; … (ésta experimenta) una vivencia súbita de indefensión y de pérdida de control, de temor por la propia vida y de humillación por haber sido violentada su intimidad; … ese trauma amenaza a los tres supuestos básicos de la vida: a) el mundo es bueno, b) el mundo tiene significado y… c) el yo tiene un valor; y la ruptura del sentimiento de seguridad y control supone un desmoronamiento de los postulados básicos de confianza necesarios para una vida cotidiana normal».
Todos los que hemos sido víctimas del terrorismo hemos sentido ese desamparo con intensidad, a veces durante mucho tiempo, y casi siempre con intermitencia una vez superados los síntomas más extremos del trauma. Pero ese sentimiento no puede confundirse con la existencia de una efectiva desatención de las víctimas en materia económica y social. Es cierto, a este respecto, que muchas de las víctimas que lo fueron hace años encontraron un apoyo muy escaso, pues la legislación que las ampara no se inició hasta 1979 y hubo que esperar hasta la segunda mitad de los años ochenta para que adquiriera un nivel aceptable en materia económica. El resarcimiento de daños materiales se estableció en 1991 y se fue ampliando en los años siguientes. Y no fue hasta 1999 cuando, con la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, se completó el marco protector al subrogarse el Estado las indemnizaciones por responsabilidad civil. De manera que, en el momento actual, las víctimas cuentan con un generoso sistema de pensiones, un resarcimiento de los daños corporales y materiales sufridos, una indemnización por responsabilidad civil que, como mínimo, supera los 138.000 euros en caso de fallecimiento y los 390.000 en el de gran invalidez, y un amplio conjunto de ayudas para los tratamientos psicológicos, los estudios o las situaciones de necesidad.
Por tanto, no es ni la carencia de instituciones de atención a las víctimas ni el desamparo material de éstas lo que ha hecho necesario crear la figura del Comisionado. Sólo queda, entonces, una explicación política; y ésta no puede ser otra que la que se deriva del contexto en el que nace la institución, y de las actuaciones emprendidas por quien la ocupa. En síntesis, se puede señalar que el cambio de Gobierno que se derivó de las elecciones del 14 de marzo de 2004 introdujo, con respecto a las víctimas, una gran impostura. Ésta no es otra que la idea de que los atentados del 11-M se encontraban justificados por la política del Gobierno Aznar en relación con la guerra de Irak; una idea de la que se deriva, como corolario, la consideración de que existen unas víctimas que son fruto de los errores políticos de la derecha -las del terrorismo islámico- y otras que no tienen nada que ver con eso -las de ETA-. Y, como consecuencia de ello, se forjó la posibilidad de que los comunistas y los nacionalistas, que hasta entonces apenas habían mostrado sensibilidad con respecto a las víctimas, aglutinándose con el Gobierno Zapatero se erigieran en abanderados de la condena del terrorismo.
Se ha producido así una politización de la cuestión de las víctimas del terrorismo, pero no porque éstas hayan modificado sus opciones políticas -que, seguramente, cada una mantiene de la misma manera que cuando, con el Gobierno anterior, nadie se preguntaba por su ideología-, sino porque el Gobierno actual la ha introducido para asentar el discurso justificativo de su acceso al poder. Y, para esta tarea, no cabe duda de que, lamentablemente, ha contado con el concurso de una de las asociaciones surgidas de los atentados del 11-M. Al observar esta cruel verdad, tiene uno la tentación de esperar a que quienes han hecho girar la gran rueda de la mentira se vean aplastados un día por ella. Sin embargo, los problemas a los que nos enfrentamos son de tal importancia que se hace necesario reclamar con urgencia una rectificación de esta deriva. Y quien debe hacerlo es, sin duda, el presidente del Gobierno, modificando su discurso y suprimiendo la figura del Comisionado. Entonces, probablemente, las víctimas y nuestras organizaciones podremos volver a reconciliarnos con unas instituciones de las que los que ostentan el poder nunca deberían habernos alejado.
Mikel Buesa es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Mikel Buesa, ABC, 7/3/2005