¿Y senados autonómicos?

Podríamos estar peor. Podríamos haber tenido en estos momentos diecisiete «senados autonómicos»

UNO, que es un hombre de recursos —modestia aparte—, ha ideado un magnífico método para sosegarse y recuperar el optimismo cada vez que le angustian las malas noticias sobre la crisis. El método consiste en pensar que podríamos estar mucho peor de lo que estamos, y en dejar volar un poco la imaginación en dirección a los infiernos. Por ejemplo, ayer se me ocurrió que, dentro de eso que se llama «el peso de la administración del Estado», perfectamente podríamos haber tenido en estos momentos diecisiete «senados autonómicos», además de los consabidos parlamentos que lucen ese apellido mágico. La verdad es que no me costó un gran esfuerzo imaginarlo. Era totalmente verosímil que ésa fuera una de las concesiones que hizo Suárez para mantener en orden el manicomio nacional. Diecisiete senados, que contaran con trescientos miembros electos cada uno y con su respectivo derecho a veto transferido por el Senado central de tal modo que cada ley debería hacer un paseíllo por todas esas plazas, lo cual le daría unas nulas posibilidades de salir viva. Diecisiete senaditos que constituyeran la plasmación institucional y democrática de una profunda e innegable realidad urbana y suburbana, municipal, provincial, regional y comarcal. Uno se imaginaba al Gobierno intentando meter tímidamente la tijera en esas ilustres cámaras de chupópteros así como a Griñán, a Mas y a Patxi en pie de guerra, llamando a la rebelión ciudadana contra el fascismo; llevando la medida al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo donde les dieran infaliblemente la razón.

No faltaría quien dijera, haciéndose el objetivo, que eso era el chocolate del loro o que semejante hachazo sólo iba a servir para engrosar las filas del paro. No faltaría quien hiciera un emotivo canto a semejantes pesebres alegando que los senados autonómicos eran una institución ancestral y depositaria de la esencia de la democracia, la tradición y el alma de la vida autonómica. Tampoco faltarían, por el lado opuesto, quienes aseguraran que su pervivencia era la prueba de que el Gobierno sigue negociando con ETA y de que la solución es votar a Rosa Díez, que nos va a salvar a todos, o que un desaguisado semejante sólo lo podría arreglar María San Gil. No es nada difícil imaginar manifestaciones, marchas, pancartas: «El senado autonómico somos todos».

Pues bien. No me digan que, después de imaginar todo eso, no experimentan un cierto alivio, una notable sensación de bienestar, al recordar que los senados autonómicos no existen y que, pese a nuestra admirable inclinación al suicidio colectivo, no se nos llegó a ocurrir nunca semejante estupidez ni tamaño bodrio parasitario. ¡A que usted, querido lector, se siente mejor pensando que podría estar mucho peor! ¿No tiene usted ahora la impresión de que las aéreas alturas de la prima de riesgo y la providencial demanda del Parlamento catalán de una Hacienda propia no son más que minucias?