A propósito de la invasión de Ceuta, en el seno del sanchismo se oyen estos días voces de alarma por haber «perdido el relato». Se ve que no ha servido de mucho la condena al fiscal general del Estado, ejemplo diáfano de las consecuencias de ir demasiado lejos en eso que el asesor jefe del presidente llama la ‘ética del engaño’. Si ése es el análisis más autocrítico que pueden formular los responsables del caos, lo que ha perdido la sociedad española es la esperanza de una salida normalizada a la crisis que provocó la flagrante minusvaloración inicial de la importancia y de las dimensiones de la amenaza. Porque el empeño del Gobierno no está centrado en resolver el colapso de la ciudad, y mucho menos en el diagnóstico objetivo de sus causas, sino en crear un clima de opinión focalizado en la emergencia humanitaria de los ocupantes que vivaquean hacinados en las playas. O sea, en diluir la evidencia inicialmente aceptada de un ataque híbrido marroquí contra la integridad territorial de España. Unas palabras que cargan cualquier artefacto discursivo posterior con un grave hándicap de credibilidad desbaratada.

Un gobernante sensato se olvidaría del dichoso relato, que en efecto ya es insalvable, para esforzarse en minimizar los estragos y corregir lo más rápido posible sus fallos. Acelerar las devoluciones, afianzar la seguridad de los ceutíes, reformar las leyes de inmigración y blindar las fronteras en prevención de nuevos asaltos. Ésa es la única iniciativa que aún podría devolverle algo del pulso extraviado en este verano dramático. Lo demás, la fuga vacacional, la sumisión ante Marruecos, los avisos desoídos, no hay modo de envolverlo en una explicación razonable. El dictamen popular ha sentenciado el debate con una tajante condena por omisión de responsabilidades, y todavía queda el veredicto de los tribunales. Esta vez no valen las mentiras, ni las evasivas, ni los comodines retóricos ni la máscara cínica del personaje. Está tocado de verdad, donde le duele. Y se le nota. Y lo sabe.