Si estuvieran convocadas para el 14 de febrero unas elecciones generales —o unas autonómicas que no fueran en Cataluña—, ya estarían canceladas sin objeciones de Campo, el ‘better call Saul’ de Sánchez.

Tiene razón el ministro de Justicia en que el derecho español no contempla la cancelación de unas elecciones ya convocadas. Pero ahí acaba su razón y comienza el cinismo. Esa previsión no existe porque ni este Gobierno ni ninguno anterior, ni ningún partido importante, han querido jamás llenar un vacío legal que se hizo visible por primera vez el 11 de marzo de 2004.

Hace un año, en circunstancias idénticas (apogeo pandémico y estado de alarma en vigor), se suspendieron dos elecciones autonómicas sin que el Gobierno o el PSOE mostraran escrúpulo alguno ni preocupación por la falta de base legal. Fue la fuerza del sentido común lo que aplazó aquellos comicios. Desde entonces, ha habido tiempo de sobra para resolver el problema.

Este es el ‘momentum’ de Salvador Illa, y los socialistas quieren aprovecharlo antes de que la gaseosa se evapore

Solo hay dos diferencias sustanciales entre marzo de 2020 y enero de 2021: que en Galicia y el País Vasco no se puso al ministro encargado de la pandemia al frente de la candidatura para beneficiarse de su notoriedad, y que la expectativa del PSOE en ambos territorios era modesta tirando a horrorosa. Resulta ocioso preguntarse cuál sería hoy la postura sanchista sobre la fecha electoral si no hubiera propulsado la candidatura de su ministro o si las encuestas pintaran bastos para el PSC.

Este es el ‘momentum’ de Illa, y los socialistas quieren aprovecharlo antes de que la gaseosa se evapore. Nadie sabe en qué situación estará su figura pública tras unos meses de pandemia desatada, vacunaciones trompicadas y economía en caída libre.

Sería apasionante un debate entre el ministro de Sanidad y el candidato del PSC sobre la conveniencia de realizar estas elecciones en plena crecida de los contagios. Ningún ministro de Sanidad con un gramo de sensatez puede contemplar sin inquietud que se llame a los colegios electorales a seis millones de personas en plena tercera ola, y es lógico que el candidato del PSC, con las encuestas en la mano, rece para que se vote cuanto antes. El que la misma persona ocupe ambas funciones arroja un inquietante fogonazo de oscuridad sobre las prioridades del Gobierno mientras el país tiembla de frío y de miedo.

El propio Sánchez ha creado las condiciones para que se sospeche con fundamento que está especulando con la pandemia para conseguir un beneficio electoral en Cataluña (por eso el lanzamiento de Illa precisamente ahora), y además, que supedita las decisiones sanitarias a la obtención de ese beneficio.

No hay un solo argumento sanitario que permita sostener esta fecha electoral

Es preciso admitir de una vez que, en la circunstancia actual, no existen en ningún territorio español las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones sin poner en peligro la salud pública y la propia integridad de la votación. Si se vota el 14 de febrero, además de un repunte de los contagios, cuenten con un aumento de la abstención superior a 20 puntos (también con eso especulan algunos en sus cuentas). Votar no puede ser un acto de heroísmo ni puede exigirse a nadie que pase miedo por ir a depositar una papeleta en una urna.

El avance del virus en enero y febrero será terrorífico. No hay un solo argumento sanitario que permita sostener esta fecha electoral, por eso el argumentario oficialista recurre a jeribeques jurídicos y encarga a Campo y Ábalos defender lo indefendible mientras Illa, en su doble encarnación, se protege para salir bien parado si sale cara o si sale cruz.

Tanto si se mantiene la convocatoria como si decae, la decisión se tomará atendiendo más a las cifras demoscópicas que a las sanitarias. Si recientemente parece haber aumentado la probabilidad de una suspensión, ello se debe sobre todo a que ERC nota cómo la progresión del partido de Puigdemont y del PSC podría comprometer o reducir drásticamente su victoria.

Así pues, será la percepción que ERC tenga del peligro electoral del 14-F (que no del sanitario) lo que determine la decisión final

Como el propio Puigdemont cree necesitar más tiempo para sofocar la rebelión en el espacio convergente y consumar el sorpaso, Iglesias contempla con aprensión cada nuevo episodio de su largo calvario electoral, Ciudadanos habita en el corredor de la muerte donde un día vivido es un día ganado y Vox sabe también que el tiempo y la crisis juegan a su favor, esa alineación astral de intereses partidarios dejaría al PSOE y al PP como únicos cancerberos de una fecha electoral disparatada desde cualquier visión racional de un partido de Estado.

Así pues, será la percepción que ERC tenga del peligro electoral del 14-F (que no del sanitario) lo que determine la decisión final. Para resistir el acoso de Puigdemont, el partido de Junqueras siente que necesita a su líder no solo en la campaña, sino en la papeleta. Eso depende del Gobierno, que no solo tendría que indultar a Junqueras antes de las elecciones aplazadas, sino, además, eliminar expresamente la pena accesoria de inhabilitación. Veremos si Sánchez e Iglesias estarían dispuestos a llevar tan lejos el favor a quien, además de su socio, es su adversario.

Cabe recordar que esta convocatoria electoral no deriva del final normal de una legislatura, sino de la incapacidad de los partidos independentistas para elegir un presidente de la Generalitat que sustituya al orate Torra. De hecho, ni siquiera lo intentaron. Cataluña lleva al menos cinco años descabezada y desgobernada, sin un Gobierno que merezca tal nombre y sin un Parlamento dispuesto a cumplir sus funciones. Ambos, Govern y Parlament, son meros instrumentos de agitación social, y sus ocupantes, marionetas de los inquilinos de Lledoners y Waterloo, que siguen siendo quienes dan allí las órdenes. Unos meses más de vacío de poder no cambiarían nada sustancial. Rectifico: quizá salvarían unas cuantas vidas de más que probables contagiados el 14-F. Eso sí es sustancial.

Una vez más, se extiende la sensación de que la política nacional y la gestión de la pandemia están secuestradas por el juego de Sánchez en Cataluña. La consigna parece clara: pase lo que pase, nada de confinamientos domiciliarios antes de que se clarifique la fecha electoral y ninguna medida que haga inviable el 14-F o comprometa la ‘operación Illa’.

La lección del último año es que la primacía de los votos sobre la salud solo se romperá cuando los dirigentes comprueben en la práctica que dañar la salud pública se paga en votos. Eso vale para Sánchez, para Illa, para Ayuso, para Junqueras y para todos los demás.