IGNACIO CAMACHO-ABC
En Cataluña sí continúa en vigor la ley española; es un poder decidido a aplicarla lo que ha faltado hasta ahora
YERRA Mariano Rajoy cuando, para justificar la invocación del artículo 155 –como si a estas alturas lo necesitara–, dice que no puede haber una parte de España donde la ley no exista. Yerra porque en Cataluña sí existe y rige la ley española, como se encargan de demostrar los jueces; lo que no ha existido hasta ahora es un poder decidido a aplicarla con pulso firme y resuelto. El orden jurídico vigente establece que cuando una autoridad autonómica incumple la legalidad o se sale de ella, corresponde restablecerla al Estado, y en su nombre al Gobierno. Eso es lo que ha faltado: un ejercicio de autoridad en serio. Y cuando al fin el Gabinete lo ha comprendido, forzado por la realidad de los hechos, se ha puesto en marcha con tanta desgana que deja traslucir una especie de remordimiento.
El 155 ha arrancado como un motor de gasoil, en modo lento. Aún han de pasar ocho o diez días para que el mecanismo político se aproxime a la velocidad de crucero. Es sabido que el presidente tiene querencia por un manejo pausado de los tiempos. En general la paciencia le ha salido bien y ha solucionado graves problemas dejando fluir los acontecimientos. Pero esta vez se le ha enquistado el conflicto y durante la espera se han acumulado reveses y tropiezos; el compás dilatorio no ha funcionado ante un adversario demasiado terco. Llegada la irreversible hora de actuar, se ha hecho patente la pérdida de un mes y medio.
Aun así, la estrategia marianista continúa midiendo con cautela los plazos. Además, la dirección de las operaciones sigue en manos de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su brigada de juristas y abogados; los mismos que ante el referéndum del 1 de octubre cosecharon, como casi todos los ministros y todo el Partido Popular admiten en voz baja, un importante descalabro. Ese día quedó en cuestión la fuerza coactiva del Estado, que a partir de noviembre será esencial para controlar la obediencia de miles de policías y funcionarios. El riesgo principal de la operación 155 consiste en la posibilidad de enfrentarse de nuevo a una rebeldía colectiva, a un monumental desacato. El cumplimiento de la ley se basa en la presión de la fuerza como sin ella, el ejercicio de la autoridad está condenado al fracaso.
Sucede también que, para reunir el consenso del PSOE, el Gobierno se ha atado a sí mismo las manos. Ha pactado una actuación de alcance limitado sin saber hasta dónde ni hasta cuándo será preciso prolongar el mandato. En este punto el Estado se encuentra en inferioridad de condiciones: está obligado a precisar lo que va a hacer y por tanto a enseñar sus cartas a los soberanistas por adelantado.
Va a ser difícil, pero las alternativas se han agotado. Ayer, en Oviedo, ante la tríada dirigente europea, el Rey volvió a señalar el camino en un nuevo ejercicio de liderazgo. La suerte está echada y no hay margen de fallo.