40 años de democracia

Mañana, 1 de octubre de 2018, comienza oficialmente, por decirlo así, la serie de eventos que las instituciones del Estado, especialmente el Congreso de los Diputados y el Senado, en su vertiente política, y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en su vertiente científica, ha venido preparando cuidadosamente desde hace dos años para celebrar los 40 años de nuestra Constitución.

Desconozco cuál es la razón de celebrarse esta efeméride en la cuarta década de vigencia de la Constitución, en lugar de haberlo hecho dentro de 10 años –medio siglo–, que parece que hubiese sido más lógico.

Pero se me ocurren dos razones para celebrarlo este año, una positiva y otra negativa. La primera sería contraponer los 39 años (en número redondo 40) que España vivió en una Dictadura, consecuencia de una pavorosa Guerra Civil, a la democracia de los últimos 40, en que nuestra nación ha conocido una prosperidad que la ha convertido en uno de los 15 primeros países del mundo.

La segunda razón, negativa o pesimista, consiste en que muchos políticos y ciudadanos piensan que es mejor celebrarlo ahora, porque tal y como corren los aires del Mediterráneo y del Cantábrico, nadie puede asegurar que dentro de 10 años sigamos, en el mejor de los casos, con el mismo texto constitucional.

Por supuesto, hay razones suficientes para que sea así, siempre, naturalmente, que sepamos encontrar la reforma adecuada para contentar aunque no sea a todos, al menos a la mayoría de los españoles.

En todo caso, como decía filosóficamente aquel curioso boxeador vasco, José Manuel Urtain, «el futuro no se ve». Cierto, no se ve, pero lo que se puede vislumbrar ya, es que, en estos momentos, cuando vamos a celebrar el aniversario de la mejor Constitución de nuestra Historia, el problema mayor al que nos enfrentamos es a los intentos separatistas de los partidos nacionalistas y extremistas, que se han aprovechado tanto de la indeterminación de nuestro desafortunado modelo de descentralización territorial como de la poca visión de Estado que han mostrado nuestros dirigentes políticos ante un conflicto que desde hace muchos años y, sobre todo, desde 2005 se veía venir. Porque la peor política, en esto, como en todo, es dejar hacer y mirar hacia otro lado.

Sea como sea, una de las pruebas de la consolidación de nuestra Constitución, con la grave excepción señalada, es España constitucional (1978-2018), trayectoria y perspectiva, una obra gigantesca del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cuyo director hasta hace unos días, Benigno Pendás, insiste en su estudio introductorio en que «Constitución es democracia», porque «fuera de ahí solo existe la guerra de todos contra todos en el sentido de Hobbes y su estado de la naturaleza». O, también, como acaba de escribir gráficamente el político y escritor vasco Joseba Arregi, «sin la Constitución, la sociedad española sería una masa amorfa sin columna vertebral».

Por eso, tras un prólogo del Rey Felipe VI, aclara Pendás, «el propósito de este libro colectivo, a cargo de más de 300 autores, es fiel reflejo (por edades, profesiones, ideologías o disciplinas académicas) del pluralismo consustancial a una sociedad abierta y dinámica. Porque los españoles tenemos que evitar esa tentación muy nuestra hacia la ‘tristeza cívica’ que invadía al personaje de Dostoievski».

De seguido, el profesor Pendás reconoce la dificultad de sistematizar más de 300 artículos en 5.000 páginas, incluidas en cinco volúmenes, que contente a todos. La distribución que se ha adoptado es discutible, como lo sería cualquier otra, pero él expone los diferentes apartados adoptados que, sin duda, tienen una cierta lógica.

Para ello ha contado con dos jóvenes profesores de Derecho Constitucional, Esther González y Rafael Rubio, de quienes conozco su valía. Como es evidente, no puedo comentar ni siquiera por encima una obra tan descomunal, pero si me detendré algo en la primera parte denominada Protagonistas y circunstancia de la Transición.

El director de la obra ha tenido el acierto de incluir una magnífica semblanza de Juan Carlos I realizada por Paul Preston en la que éste afirma que habiendo sido elegido el entonces Príncipe de España por Franco para perpetuar su régimen, supo actuar para conseguir todo lo contrario, obteniendo así una legitimidad democrática.

Después, incluye artículos de los siete miembros de la Ponencia Constitucional, pero como sobreviven únicamente tres, recurre a textos antiguos o a comentarios de personas que los conocían bien.

En cualquier caso, merece la pena leer la contribución de Miquel Roca, quien afirma al comienzo que «ni un solo día a lo largo de este periodo histórico, la Constitución de 1978 ha dejado de estar vigente». ¿Lo dice en serio? Es que ya no vive en Barcelona o quiere demostrar además, con los comentarios que siguen, que ha adquirido un exquisito sentido del humor, como aquel otro que cinco minutos antes de caer las Torres Gemelas de Nueva York admiraba su bella silueta en el cielo.

Por lo demás, creo que la calidad de los artículos que se incluyen en los cinco tomos demuestra el elevado nivel de la mayoría de las contribuciones, que dan fe de lo que ha significado la Constitución para nuestro orden jurídico-científico. Sobre todo, cuando comparamos esta riqueza doctrinal con la más absoluta carencia de comentarios científicos que suscitaron en general las anteriores Constituciones en la época en que se aprobaron, las cuales más que normas vinculantes eran programas de los partidos que se imponían en cada momento.

De ahí que, en contraste con ellas, creo que conviene resaltar las dos grandes virtudes de nuestra vigente Constitución y, en contraposición, los dos mayores defectos que la deslucen. Unos y otros son el objeto de muchos de los artículos que contiene este monumento constitucional y a ellos me remito.

Por cuanto a la primera cualidad, única vez en nuestra historia, se trata de una Constitución por consenso entre todos los partidos y también por primera vez es de aplicación inmediata por su carácter normativo. Y, en cambio, sus defectos son recurrentes en nuestro constitucionalismo: por lado, no se ha incluido un procedimiento de reformas que facilitase las meramente técnicas frente a las ideológicas, que exigen siempre un procedimiento más rígido. Y, por otro, como ya he dicho, el Título VIII y el ambiguo Senado han contribuido a crear una peligrosa situación que podría acabar con los 40 años de nuestra Constitución.

Porque no lo olvidemos: la Constitución, antes que nada, es un marco necesario para la convivencia, y si deja de regirnos, se acabó la convivencia.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.