La resolución del Parlamento Europeo que condena las injerencias rusas en varios países europeos y que incluso menciona por su nombre a Carles Puigdemont coloca a Pedro Sánchez frente a un dilema casi existencial, en la medida en que su propia permanencia en la Moncloa depende de cómo decida afrontarlo.
La resolución de la Eurocámara expresa también su preocupación por los intentos de desestabilización de la UE a través del independentismo catalán y pide que los tribunales españoles investiguen las conexiones del nacionalismo con el Kremlin.
«La Eurocámara», dice la resolución, «expresa su profunda preocupación por las campañas de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista y del Gobierno regional de la comunidad autónoma de Cataluña«.
La resolución obliga al presidente del Gobierno a escoger entre Carles Puigdemont o la UE en vista de que la amnistía a los independentistas catalanes relacionados con el procés implicaría la decisión consciente de obviar las advertencias de la Eurocámara. Una Eurocámara que considera la complicidad con el Kremlin como una línea roja infranqueable para todos los países de la Unión.
Si once de los quince fiscales de la junta de lo penal del Tribunal Supremo confirmaron esta semana que existen indicios suficientes para procesar a Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo, demostrando que el caso no es una invención del juez Manuel García-Castellón, el voto de 433 eurodiputados de todos los signos políticos, y que ha incluido además el sí de los eurodiputados socialistas españoles, demuestra que el caso Volhov no es una fabricación del juez Joaquín Aguirre, sino una sospecha sólida basada en hechos incontrovertibles que preocupa en las más altas instancias europeas.
Frente a esa realidad, la de un Carles Puigdemont y un independentismo catalán manchados doblemente por las investigaciones por terrorismo y por su condición de cómplices de las injerencias rusas en la UE, Pedro Sánchez parece condenado a renunciar a la amnistía o a llevar el conflicto con la UE hasta sus últimas consecuencias.
Fracasada la vía de la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, dado el desinterés de Junts, y cegada al menos por el momento la vía de una reforma que incluya en la ley de amnistía los delitos de terrorismo (sin excepciones) y de traición, ¿qué otra opción le queda al presidente más que la asunción de lo evidente?
Es decir, la de que Junts y Carles Puigdemont son unos socios tóxicos que ningún gobierno democrático debería contemplar siquiera como posibilidad.
El conflicto es evidente. Tal y como está configurada la ley de amnistía hoy, los delitos por los que podrían ser acusados Carles Puigdemont y muchos otros líderes de Junts quedan fuera de la ley de amnistía.
Pero si esos delitos se incluyen en la ley, el conflicto con la UE será inevitable y acabará sin duda alguna en el TJUE, tras un periodo de inestabilidad y de incertidumbre no inferior a dos años.
La decisión de la Eurocámara deja también sin margen de maniobra a Carles Puigdemont, al que ahora no le cabe otra opción que forzar a Pedro Sánchez a caminar de su mano hacia una ley que provocaría un grave conflicto institucional en España y otro en la UE de consecuencias imprevisibles para nuestro país.
La mancha de Puigdemont amenaza así la legislatura de Sánchez e incluso a su obra de gobierno, dado que una amnistía en las condiciones que pide Junts convertiría al presidente en cómplice de todas aquellas revelaciones que pudieran surgir durante los próximos meses y años relacionadas con los actos de Tsunami o con las conexiones del independentismo con la mafia rusa del entorno del Kremlin.
El próximo 21 de febrero se cumple la fecha límite para la negociación de las enmiendas a la ley de amnistía. Si estas no satisfacen a Puigdemont, Junts podría dejar caer a Pedro Sánchez, deshaciendo de facto la mayoría «progresista». El presidente parece así cada día más cercano a su punto de no retorno político: retroceder le desalojaría de la Moncloa, pero avanzar le convertiría en cómplice del antieuropeísmo afín al Kremlin.