El Congreso dio luz verde ayer a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Adriana  Lastra había explicado el miércoles que tal se hacía con el fin de “proteger y garantizar plenamente el derecho de huelga y la libertad sindical, eliminando la posibilidad de que se envíe a trabajadores a la cárcel por el simple hecho de ejercer un derecho fundamental como es el derecho de huelga, participando en este caso en piquetes informativos».

Yolanda Díaz creyendo que ha inventado la igualdad salarial sin discriminación por sexo. Calvo Ortega Estatuto de los trabajadores 1980.

Esta menguada no sabe que el derecho de huelga es legal en España desde que Suárez hizo aprobar el Real Decreto-Ley sobre Relaciones de Trabajo 17/1977, tres meses antes de nuestras primeras elecciones.

El artículo 315.3 del C.P. dice: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

No es el derecho de huelga, sino la coacción. Aína Díaz, de Podemos  recurrió a las violencias comparadas: “Digámoslo claro: en una huelga, el piquete más efectivo y violento es el de la patronal”.

Alejandro Fernández: Escucho estupefacto las entrevistas de Arrimadas. Ha perfeccionado y llevado a otra dimensión el “doblepensar orwelliano” es decir, sostener dos opiniones radicalmente contradictorias sin pestañear. Asombroso”.

Joaquim Bosch es un juez que ha sido portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia que oficia de analista en el programa de Ferreras en La Sexta. Mi grado de acuerdo con sus análisis no es total, qué quieres que te diga. Pero ayer tuvo su momento cumbre  con una intervención en Twitter que era irreprochable al vapulear las tonterías que la víspera habían formulado el zangolotino Errejón y el menos listo de los hermanos Gabilondo que defendían la validez de las mociones de censura que ambos habían presentado hora y pico después de que la presidenta Díaz Ayuso acordara disolver la Asamblea y convocar elecciones adelantadas. Ellos sostenían que la disolución y el adelanto no tendrían vigor hasta que se publicaran en el Boletín Oficial de la Comunidad ayer. Bosch Exponía harto de razón que “Si fuera la publicación lo que impide la censura, ningún gobierno podría disolver jamás un parlamento sin el consentimiento de la oposición. Esta siempre podría paralizarla una vez conoce la disolución y antes de que se publique.

La vicealcaldesa Begoña ‘Villacís sufrió ayer el micrófono abierto, en el que se le oyó decir a Pablo Casado: “Como gobiernen el PSOE y Podemos la Comunidad, nos habéis jodido”. Es un análisis razonable, pero debería hacérselo a Inés Arrimadas. O incluir a Casado en la reflexión (y a todo Madrid) conjugando de manera adecuada: “nos han”.

El gran Parmenio escribía ayer en este mismo blog: Si Arrimadas se da prisa todavía podrá entrar en el gobierno Sánchez a tiempo de firmar los indultos de los golpistas.

La tonnnta de la semana, corona almenada: Inés Arrimadas, por los efectos devastadores de lo suyo: la famosa tonta con iniciativa.

Editorial de El País de ayer: El populismo que practica Ayuso en oposición directa al Gobierno, la laxitud frente a las restricciones y un cierto aroma supremacista madrileño son parte de un perfil de corte trumpista que poco tiene que ver con la estrategia de Casado